La fiscal superior valenciana denuncia un aumento del 176% de las violaciones a menores de 16 años en Alicante

La fiscal superior de la Comunitat Valenciana, Teresa Gisbert, ha desglosado datos estadísticos demoledores sobre los delitos sexuales cometidos sobre menores. En la provincia de Alicante “han aumentado considerablemente los supuestos de prostitución de persona menor de edad o incapaz, la utilización de menores con fines pornográficos y una dato especialmente importante es que han aumentado un 175% las violaciones a menores de 16 años”, ha explicado Gisbert durante la apertura del año judicial 2022-2023, presidido por la presidenta del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJ-CV), Pilar de la Oliva, y al que han asistido, entre otras personalidades, la delegada del Gobierno en la Comunitat, Pilar Bernabé; la consellera de Justicia y Administraciones Públicas, Gabriela Bravo; y la vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) Carmen Llombart.

Gisbert ha desglosado los datos estadísticos de la actividad de los 273 fiscales de la Comunitat Valenciana en 2021. Las estadísticas, desglosadas por provincias, muestran que las denuncias por agresiones sexuales han aumentado un 31,21%; los abusos sexuales y, especialmente, aquellos con acceso carnal, un 400% y el acoso sexual, sin 57,89%.

En Castellón, por el contrario, los delitos de agresión sexual han disminuido un 35%. Los delitos de abuso y acoso sexual han aumentado un 27%. La fiscal superior ha destacado el aumento de estas conductas delictivas en que las víctimas son menores de edad, “la mayoría por abuso sexual y por acoso por telecomunicaciones”.

En Valencia, los delitos de agresión sexual se han disparado un 37,2%. Mientras que se mantiene el mismo número de violaciones que el año anterior, los delitos de abuso sexual aumentan un 59,2%, disminuye la prostitución de menores y personas con discapacidad y se mantiene el número de agresiones sexuales a menores de 16 años. 

La fiscal superior ha destacado el aumento de agresiones y abusos sexuales cometidos por menores en el territorio valenciano: “Es evidente que algo no estamos haciendo bien”. Gisbert ha incidido en la necesidad de una educación “de los menores y jóvenes con valores de igualdad y de solidaridad”.

En materia de violencia de género, siete mujeres han sido asesinadas en 2021 (una más que el año anterior). “Ninguna sociedad democrática puede ni debe tolerar la violencia sobre las mujeres, debemos combatirla con firmeza y sin consentir ningún paso atrás, pero especialmente prevenirla para no sólo salvar la vida de las mujeres si no también evitar las gravísimas consecuencias perjudiciales de todo tipo, que se derivan en los ámbitos físico, psicológico y económico que afectan tanto a ellas como a sus hijas e hijos”, ha dicho Teresa Gisbert.

La fiscal superior ha reivindicado la necesidad de crear los juzgados penales especializados en violencia de género. “Es imprescindible abundar en la formación en perspectiva de género y llevar ésta, de manera transversal, a todos los ámbitos y jurisdicciones”, ha afirmado. Gisbert también ha reseñado el aumento de la utilización de nuevas tecnologías en delitos como los de amenazas, coacciones, acoso o descubrimiento y revelación de secretos, “siendo mayor la incidencia en relación con los más jóvenes”. 

Los fiscales valencianos especializados en delitos de odio han doblado las diligencias de investigación penal (de 36 en 2020 a 71 en 2021, la gran mayoría en la provincia de Valencia). Gisbert ha denunciado que la “creación de un clima de hostilidad hacia determinados colectivos favorece la ejecución de acciones violentas” y ha recordado que la “infradenuncia” de los delitos de odio se estima en un 90%, el “gran problema a combatir”, ha dicho. Además también destacado el aumento de la comisión de estos delitos a través de las redes sociales, especialmente Tik-Tok, WhatsApp y Youtube.

Sobre las personas mayores y con discapacidad, Teresa Gisbert ha recordado que durante la pandemia de la COVID-19, “se ha evidenciado la necesidad de control judicial de los ingresos no voluntarios en las residencias”. En 2021, ha agregado, los fiscales han detectado “extracciones de importantes cantidades de dinero de forma injustificada” por parte de los tutores. 

Además, Gisbert ha recordado a las “víctimas silenciosas” fallecidas en accidentes laborales y de tráfico. Las víctimas de siniestralidad laboral se han disparado en 2021 a 25 fallecidos (10 el año anterior). Por su parte, las víctimas en materia de seguridad vial han pasado de 123 en 2020 a 137 al año siguiente. “Es necesario que, también estas víctimas, reciban el apoyo psicológico, social y económico adecuado a sus circunstancias”, ha concluido la fiscal superior.