El Gobierno valenciano supervisa la posible caducidad de planes urbanísticos en la costa de Cullera, Torreblanca y Borriana

La sección quinta de la sala de lo contencioso administrativo del Tribunal Supremo legalizó en mayo del pasado año con dos sentencias casi idénticas el Plan de Acción Territorial de la Infraestructura Verde del Litoral (Pativel) de la Comunitat Valenciana, anulado previamente por el el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV).

El Pativel identifica y aplica un régimen de conservación activa a casi 7.500 hectáreas dentro de la franja de 1.000 metros del litoral, medidos desde la ribera del mar, regulando los usos y actividades que se pueden implantar en los mismos, y tiene como objetivo más importante contribuir a cualificar el litoral no edificado, el espacio ya construido y la oferta turística y recreativa del territorio.

De los sectores desclasificados y protegidos por el Pativel había varios programas de actuación integrada (PAI) aprobados previamente: Torreblanca Golf, Sant Gregori Golf (Borriana), playa del Puig, Bega de Cullera, El Brosquil, Mareny de Tavernes, Rafelcaid en Gandia y Cala mosca en Orihuela. Tos estos desarrollos suman 5,4 millones de metros cuadrados de superficie e implicarían la construcción de 18.000 viviendas.

Estos sectores se denominan transitorios, ya que tienen cinco años para empezar las obras de urbanización desde la fecha de aprobación del Pativel (mayo de 2018), por lo que no se podrán ejecutar si los trabajos no han arrancado en el presente mes.

Ante esta situación, desde la Dirección General de Política Territorial y Paisaje se está recabando información a los diferentes ayuntamientos para comprobar si los PAI estarían dentro del plazo transitorio marcado por el Pativel, lo que permitiría, su desarrollo, o si por el contrario, deben darse por caducados. Para ello, se ha requerido documentación específica a los ayuntamientos de Cullera, Torreblanca y Borriana.

Como informó elDiario.es, en el caso de El Puig, se ha instado a impugnar la aprobación exprés de la reparcelación y del acta de replanteo para iniciar las obras al considerar que ha habido irregularidades en el proceso, al adjudicar el Ayuntamiento a una mercantil la condición de agente urbanizador sin concurso público. La decisión de la impugnación aún no está tomada, a la espera de un informe de la Abogacía de la Generalitat.

La ejecución de este PAI implicaría la construcción de entre 400 y 450 viviendas, de las cuales 200 irían en torres, 200 en adosados y unas 25 unifamiliares. La superficie ocupada sería de 105.000 metros cuadrados.