Instituciones Penitenciarias expedienta a los funcionarios de la cárcel de Villena que propinaron 55 porrazos a un recluso

Los tres funcionarios de la prisión de Villena (Alicante) que propinaron una brutal paliza a un recluso con enfermedad mental serán expedientados por Instituciones Penitenciarias, según ha anunciado el secretario general, Ángel Luis Ortiz, durante la concentración de apoyo a la subdirectora del centro agredida la víspera de su declaración por estos hechos en el marco de una investigación interna. El ataque, de tintes mafiosos e inédito desde los tiempos de las campañas de ETA contra los funcionarios de prisiones, ha causado tal revuelo en el mundo penitenciario que este jueves se han celebrado concentraciones de apoyo a la funcionaria en la entrada de casi todas las cárceles españolas.

Acompañado por Araceli Poblador, subdelegada del Gobierno en Alicante, Ortiz ha expresado su apoyo a la subdirectora de seguridad de la prisión de Villena y al director del centro, Feliciano Crelgo. El secretario general de Instituciones Penitenciarias ha afirmado que va a poner todo su empeño en esclarecer lo ocurrido, tanto en el caso de la agresión a la subdirectora como en de la paliza a un interno del centro cuyas imágenes podrían haber motivado las amenazas recibidas por la responsable de Seguridad.

El responsable de prisiones ha confirmado que los tres funcionarios permanecen de baja y que el preso formaba parte del Programa de Atención Integral a Enfermos Mentales (PAIEM). El recluso ha sido trasladado a un centro penitenciario de la Comunidad de Madrid y se le ha ofrecido que declare en la investigación interna de los hechos.

Actualmente, en paralelo al expediente de Instituciones Penitenciarios, hay dos diligencias abiertas en los juzgados de Villena, una por el incidente dentro de la prisión y otra por la agresión a la responsable de Seguridad del centro, a la que Ortiz ha definido como una “profesional íntegra” que “tiene muy claro cuál debe ser la actuación de un funcionario público”. La mujer, pese a las amenazas y a la agresión sufrida a la puerta de su domicilio, acudió puntual a prestar declaración.

“Confiamos en una sentencia justa y al mismo tiempo contundente”, ha dicho el secretario general de Instituciones Penitenciarias. La subdelegada del Gobierno ha señalado que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado “están desde el minuto uno intentando esclarecer los hechos” y la identidad de “las personas implicadas”.

Ortiz también ha anunciado la próxima apertura de un expediente disciplinario por la paliza de los tres funcionarios al recluso con una enfermedad mental (hasta 55 porrazos en poco más de dos minutos, además de golpes y patadas). La asociación de funcionarios de prisiones 'Tu abandono me puede matar' denunció los hechos, acaecidos el pasado 16 de agosto en el centro penitenciario Alicante II de Villena, lanzando una versión que se ha revelado completamente falsa. Así, el colectivo (que comparte en Alicante despacho de abogados con el sindicato de la Policía Nacional Jupol), aseguró que el preso, del que destacaban su origen magrebí, mandó a los tres funcionarios al hospital.

La investigación de los hechos, tanto interna como en los juzgados, ha demostrado que fueron los funcionarios quienes dieron una brutal paliza al recluso, tal como muestra el video de las cámaras de videovigilancia. Las imágenes estaban custodiadas, siguiendo el protocolo oficial, por la subdirectora de Seguridad, quien sufrió la agresión la víspera de su declaración en el marco de la investigación interna de Instituciones Penitenciarias. La mujer ya había recibido mensajes amenazantes en su teléfono móvil, que además le fue sustraído en la prisión.

Preguntado sobre el supuesto papel de 'Tu abandono me puede matar' en este episodio, Ortiz ha asegurado que “en este momento es aventurado sacar conclusiones” a falta de la “información detallada” sobre la identidad de los agresores de la funcionaria.

El secretario general de Instituciones Penitenciarias ha puesto en valor la “entrega y profesionalidad de la inmensa mayoría de los trabajadores y trabajadoras penitenciarias” y ha afirmado que “no deben pagar justos por pecadores”. “Por esa misma razón, cualquier comportamiento irregular tendrá una respuesta tan justa como contundente”, ha apostillado.

El Defensor del Pueblo detectó partes de lesiones incompletos

La prisión, tal como reconoció el Gobierno central, sólo tenía cubiertas cinco de las siete plazas de facultativos. El Defensor del Pueblo, en una visita sorpresa de los técnicos del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura anterior a la agresión de este verano, detectó que “prácticamente ningún funcionario” de la prisión iba correctamente identificado.

En la cárcel de Alicante II, con 845 celdas, “con frecuencia no se incluye en la historia clínica la copia de los partes de lesiones u otros documentos médico-legales emitidos” ni la asistencia prestada, según las conclusiones de la visita. Los partes describen de “forma poco detallada” las lesiones y, “con frecuencia”, no se cumplimentan los apartados correspondientes a hora y lugar, ni las manifestaciones del interno sobre el origen del daño sufrido.

El secretario general de Instituciones Penitenciarias ha asegurado que el recluso víctima de la agresión fue examinado por los servicios médicos, aunque no ha aclarado si fue en el centro penitenciario de Alicante II o en Madrid. La prisión de Villena, tal como informó elDiario.es, no cuenta con ningún psiquiatra ni un plan para pacientes agudos. Un informe elaborado por el Observatorio de Derechos Humanos, Salud Mental y Prisión, coordinado por el director de la asociación Àmbit, Javier Vilalta, resalta la lamentable atención a los reclusos con patologías psiquiátricas en los centros penitenciarios, a pesar de que el 40% de las personas presas presentan este tipo de problemas.

A pesar de las mala atención psiquiátrica, un drama generalizado en las prisiones españolas, en la de Villena “es más estable ya que los internos son fijos”, reconoce el informe, que también cifra en 36 los reclusos del centro penitenciario adscritos al Programa de Atención Integral a Enfermos Mentales.