El derecho a la vivienda: ni está ni se le espera

La proliferación de alquileres turísticos, algo que conocemos muy bien en ciudades como Valencia o Alicante, está expulsando a muchas vecinas y vecinos de sus barrios. Las ciudades son para vivir, y después para visitarlas, o así debería ser. La mayoría de gente que nos visita son personas trabajadoras que tienen todo el derecho a irse de vacaciones, pero el problema está en un modelo turístico desorbitado que repercute directamente en el precio de la vivienda y en las condiciones laborales del sector.

En su momento, desde CCOO hemos defendido la creación de una tasa turística. Una tasa que debía implantarse, como en otras ciudades de España y de Europa, con recaudación autonómica y dedicada a proyectos de conservación del patrimonio, de accesibilidad para personas con discapacidad o de limpieza de residuos. Una tasa que, a pesar de que está demostrado que no ahuyenta a turistas, tuvo una cerrada oposición. Todavía me pregunto cuál es la alternativa que plantean a la masificación turística, al deterioro del patrimonio cultural o a la gentrificación de los barrios. De momento, la desconocemos.

El acceso a la vivienda en nuestro país tiene dificultades estructurales que ninguno de los gobiernos anteriores ha querido afrontar. Las políticas públicas han favorecido la especulación inmobiliaria. De hecho, hoy en día la vivienda parece más un bien de mercado, muy rentable, en vez de un derecho. Se está invirtiendo mucho dinero en el sector inmobiliario para obtener una rentabilidad rápida fruto de la especulación, y se está dejando de invertir en sectores de mayor valor añadido o en una industria más sostenible. No estamos generando empleo, estamos generando rentistas.

La media de edad para emanciparse está ya por encima de los 30 años. Es imposible irse de casa si tienes que invertir el 93,9 % de tu salario en el alquiler, además de cubrir el resto de los gastos, como la comida o el transporte. Existe una total desconexión entre el mercado del alquiler y los salarios de las personas inquilinas. Además, es nula la capacidad de negociación con los propietarios, las inmobiliarias siguen cobrándoles honorarios y los requisitos de acceso son excesivos.

Podemos seguir acordando medidas como la subida del salario mínimo interprofesional o incrementos salariales por la vía de los convenios colectivos, que todo se lo come la vivienda. Quienes tienen hipoteca han visto cómo se ha disparado con las subidas de los tipos de interés. Quienes tienen alquiler han sufrido un encarecimiento de casi un 40 % desde 2008. Quienes tienen menos recursos se ven abocados a compartir piso y una habitación en Valencia te puede costar 500 € al mes. Frente a esta complejidad, las políticas públicas de vivienda ni están ni se las espera, confiando en la sacrosanta autorregulación. Y mientras obviamos las disfunciones del libre mercado, la situación se vuelve insostenible, haciendo cada vez más difícil acceder a una vivienda digna.

Las ayudas al alquiler y el bono joven pueden enfocar las luces de cruce, pero no tienen sentido si no se acompañan de las demás. Las antiniebla deben visibilizar las ventajas de la eliminación de los alquileres turísticos, la limitación de precios o declaración de zonas tensionadas. Es necesario recordar que la ley estatal posibilita la regulación de precios en las zonas tensionadas. Pero su aplicación se deja en manos de las comunidades autónomas y, en la nuestra, ya se ha anunciado que no se iba a aplicar.

Las luces largas deben señalar la rehabilitación de viviendas antiguas y la ampliación, o creación, de un parque público en régimen de alquiler social o de compra, porque construir más no implica que bajen los precios. Las luces de marcha atrás deben recorrer el camino del gobierno valenciano anterior, que tenía proyectado poner a disposición de quienes más lo necesitan la vivienda de la SAREB.

¿Cómo sociedad, qué le estamos ofreciendo a la ciudadanía y, muy especialmente, a la juventud? Podemos aseverar que con la vivienda, como con otras cuestiones, el ascensor social se ha estropeado. Ahora mismo es un factor de desigualdad de primer orden. De dónde vivimos depende nuestra salud, que podamos acceder a uno u otro empleo, a una u otra formación, a uno u otro servicio público.  

En definitiva, apostar por el estado de bienestar es apostar por acabar con esa desigualdad estructural en el acceso a la vivienda, instalada en nuestro país por donde miremos, incluso más allá de las grandes ciudades. La justicia social pasa por hacer cumplir este derecho establecido en la Constitución, garantizado por cualquier gobierno, sea del color que sea.