Reivindiquemos el Micalet

Valencia-Europa Laica se suma a la convocatoria que el próximo 22 de junio tendrá lugar en muchas ciudades de España con el objetivo de recuperar el patrimonio público que durante décadas la Iglesia Católica ha ido registrando a su nombre.

Como es bien sabido, desde 1946 las leyes franquistas concedieron a los obispos la facultad de ser fedatarios públicos. En 1998, en plena democracia, el gobierno de Aznar aumenta ese privilegio al hacer una reforma de la Ley Hipotecaria que suprime algunas restricciones que incluso el franquismo mantuvo. La reforma hipotecaria de Aznar estuvo vigente hasta 2015. La sociedad civil, y muy especialmente la Plataforma Recuperando, ha venido denunciando que la Iglesia Católica, a lo largo de ese periodo, había inmatriculado bienes de dominio público. Por esa razón la Plataforma reivindicó que se hicieran públicos los bienes inmatriculados y la reversión de esas anotaciones en el Registro.

Por fin, en febrero de 2021, el gobierno de Sánchez hace público un listado de 34.961 bienes inmatriculados solamente entre 1998 y 2015 a nombre de la Iglesia Católica. Pero no establece ningún mecanismo jurídico que permita revertir dichas propiedades. El gobierno de coalición dice que las instituciones o particulares que discrepen de alguna de esas anotaciones puede litigar con la Iglesia para revertirlas. Los litigios que se emprendan podrán durar décadas. Decepcionante la resolución gubernamental que no concuerda con la declaración de Pedro Sánchez en su declaración de investidura en 2020.

En el caso de la Comunidad Valenciana el listado incluye casi 1000 bienes. Entre ellos se encuentra la torre del Micalet dado que se incluye la catedral de Valencia y dependencias: Capilla del Santo Cáliz y Torre del Micalet, el día 2 de Julio de 2014. El único documento que tiene la Iglesia es una simple certificación diocesana, ningún título de propiedad. De este modo la famosa torre octogonal se convierte en símbolo de todos los inmuebles y espacios culturales que desde su origen, su financiación, su dominio y utilidad han sido públicos y públicos deberían volver a ser.

La reivindicación es bien clara y concreta. Pero no podemos concluir sin, al menos, plantear un par de reflexiones:

1.- Antes de estas 34.961 inmatriculaciones la Iglesia Católica ya era la entidad privada que más bienes inmobiliarios poseía. ¿Por qué muestra este afán de acumular propiedades? No parece que sea por seguir las enseñanzas evangélicas. Tampoco por fidelidad al concepto de ciudadanía de las sociedades democráticas modernas, pues es bien sabido que dicho concepto implica que todas las personas y asociaciones son iguales en derechos y obligaciones. Ninguna de ellas puede disfrutar de privilegios jurídicos, ni fiscales, ni financieros, ni políticos, ni educativos, ni ante el registro de la propiedad. Sin embargo la Iglesia Católica viene disfrutando, durante siglos, privilegios en España en todos esos ámbitos y ello es incompatible con el principio de igualdad. Mantenerlos es un abuso, un expolio injustificable incluso aunque fuera la religión más verdadera del mundo.

2.- Es urgente revisar la actuación de los gobiernos en su función de gestión de lo público. Nunca debieron producirse las inmatriculaciones. Si un gobierno concede privilegios a una corporación privada, está faltando a sus obligaciones y puede que prevaricando. Una vez que se produjeron, el gobierno ha de crear los instrumentos jurídicos y administrativos para revertir la situación.