Polémica por la celebración de un bou embolat en Vila-real en plena pandemia sin distancias de seguridad
Desde el pasado 26 de septiembre y hasta el próximo 25 de octubre la localidad de Vila-real acoge una plaza de toros portátil en la que se celebran festejos de correbous, una iniciativa impulsada por una empresa privada y que cuenta con el apoyo del gobierno local (del PSPV) enmarcado como una iniciativa de apoyo al sector en plena pandemia. La polémica ha surgido especialmente este fin de semana después de que durante la noche del sábado tuviera lugar un 'bou embolat' del cual han trascendido imágenes en las que se muestra que no se cumplían las obligatorias medidas de distancia social.
Las imágenes divulgadas han levantado críticas por la situación de incremento de casos positivos de coronavirus. En el vídeo mostrado se pueden ver hombres jóvenes sujetando al toro de forma apelotonada, aunque sí que llevan sus mascarillas colocadas.
Estas celebraciones cuentan con las correspondientes autorizaciones de la Consellería de Justicia y la Consellería de Sanidad. El consistorio ha manifestado desde el primer momento su voluntad de que la ciudad pueda continuar celebrando actos taurinos, cumpliendo con las medidas de prevención por la COVID-19, “en apoyo al sector de las ganaderías de reses bravas y en defensa de la tradición del bou en la calle”.
Según la normativa aprobada por la Generalitat Valenciana que regula la celebración de festejos taurinos en la actual situación de crisis sanitaria -y en la elaboración de la cual participó el alcalde de Vila-real, José Benlloch- estos actos solo pueden llevarse a cabo a las plazas de toros o recintos cerrados y los ayuntamientos tienen que manifestar expresamente su voluntad de acogerlos aunque la autorización corresponde en el gobierno autonómico. En este caso, después de la solicitud por parte de la empresa Montauro, la Generalitat ha autorizado la instalación de este recinto, con capacidad para 800 personas, a pesar de que la cifra de entradas está condicionada al que establecen las autoridades sanitarias, con todas las medidas de prevención por la COVID-19, incluida la normativa autonómica.
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