Los ganaderos recibirán 289.000 euros de las diputaciones de Valencia y Castellón tras sacrificar a 3.000 toros y piden más ayudas

Las diputaciones de Valencia y Castellón, ambas gobernadas por el PSPV-PSOE y Compromís, otorgarán líneas de ayudas a los empresarios taurinos para mantener el ganado y evitar su sacrificio. Las corporaciones socialistas tramitan una partida que ronda los 300.000 euros entre ambas administraciones para cubrir parte del gasto de las 90 ganaderías de res autóctona, empleada para los festejos taurinos que han sido paralizados por la pandemia. La Diputación de Alicante, presidida por el PP, aún no ha decidido si invertirá dinero público en el mantenimiento de los toros bravos.

Los empresarios taurinos y representantes de los ganaderos se han reunido con los tres presidentes de las corporaciones provinciales para trasladar la situación del sector. En las protestas, los ganaderos amenazan con tener que ejecutar a 6.000 de las 10.000 cabezas de ganados por no poder asumir los gastos de su manutención. Según las federaciones taurinas, ya se han ejecutado a 3.000 ejemplares. Los representantes de los ganaderos explican que de los festejos taurinos obtienen los ingresos para mantenerse todo el año, una situación que la pandemia ha imposibilitado. Solo el mes de agosto concentra más de 4.000 exhibiciones de bous al carrer en la Comunitat Valenciana de las 8.000 anuales y, hasta el momento, sólo 3 municipios han pedido autorización a la Generalitat para realizarlas.

La Diputación de Valencia, presidida por Toni Gaspar, destinará un máximo de 170.000 euros a las ganaderías de toro bravo, con un máximo de 20.000 euros por explotación. Serán subvencionables los gastos de alimentación y veterinarios, según la orden publicada este miércoles en el Boletín Oficial de la Provincia. Las ayudas se destinan a personas físicas o jurídicas, incluidas Sociedades Cooperativas y Sociedades Agrarias de Transformación titulares de explotaciones ganaderas de reses bravas con una clasificación zootécnica de 'Vacuno de Lidia', ubicadas en la provincia de Valencia que acrediten la titularidad a fecha 1 de enero de 2020 y la mantengan en la fecha de emisión del certificado justificativo emitido por la Oficina Comarcal Agraria.

En Castellón, provincia que aglutina el grueso de festejos taurinos, las ayudas previstas serán de 119.000 euros. La Corporación que dirige el socialista José Martí recalca el esfuerzo de la entidad, que se encuentra en un plan de contención de gasto, y ha reunido la cuantía en base a renuncias de otros festejos taurinos que no han sido celebrados. Se estima que en la provincia se crían cerca de 4.000 ejemplares de res autóctona. La convocatoria de ayudas se encuentra en elaboración, según explican desde la Corporación Provincial, y se prevé su aprobación para el pleno de septiembre.

Martí se reunió a finales de julio con representantes de la Unión Ganadera del Levante, que consideran insuficientes las ayudas, para explicar las limitaciones del plan económico financiero de la diputación. La línea se nutre de 61.000 euros resultantes de las renuncias de las peñas taurinas a las subvenciones que concede el área de Cultura y de los 57.450 procedentes de los actos taurinos de la Escuela Taurina que no se llegaron a celebrar por la suspensión de la Magdalena de Castelló, según informó la corporación.

La Diputación de Alicante, gobernada por el popular Carlos Mazón, aún no ha decidido si habilitará una línea para los ganaderos. Pese a que el PP ha sido el partido más beligerante en la defensa de la tauromaquia y la corporación ha recibido a los representantes taurinos, no confirma si habrá un plan de ayudas. Las reuniones, expresan fuentes de presidencia, han sido para conocer la situación del sector -con escasa presencia en la provincia, apenas cinco ganaderías de res brava- y el gabinete de Mazón está a la espera de recibir la propuesta concreta de los empresarios.

Pese a las subvenciones provinciales, las federaciones taurinas insisten a la Secretaría Autonómica de Emergencias para que desde el Gobierno autonómico se elabore un plan de recuperación del sector. De lo contrario, advierten, no podrán mantener a los animales vivos.