La Comisión Europea tumba la denuncia del PP contra Mónica Oltra sobre los abusos a menores tutelados

La Comisión Europea tumba la denuncia del PP contra la vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, por abusos en centros de menores tutelados por la Generalitat Valenciana. El organismo europeo responde a la denuncia que el partido presentó el pasado octubre que no es de su competencia analizar cuestiones individuales, sino las que afectan al derecho de la Unión Europea.

El presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, ha desvelado la respuesta del organismo comunitario este jueves en la sesión de control de las Corts Valencianes, en respuesta a una intervención de la portavoz del PP, María José Catalá. Las conclusiones, asegura el presidente de la Generalitat, apuntan al archivo de la causa por parte de Bruselas.

El dirigente autónomico acusa al PP de estar en un “intento permanente de dañar la imagen del gobierno y de la vicepresidenta”, Mónica Oltra, titular de la conselleria de Igualdad y Políticas inclusivas, competente en materia de menores. “Confío en la justicia y en la vicepresidenta”, ha subrayado el dirigente autónomico.

La diputada popular, Elena Bastidas, solicitó el pasado noviembre a la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo, que dirige la exministra del PP Dolors Montserrat, abrir una investigación al departamento de Oltra por desprotección de los menores tutelados, para lo que el organismo pidió información a la comisión Europea.

La respuesta de Bruselas, ha comunicado el Ejecutivo autonómico, desvela una investigación al Gobierno de España por una trasposición incorrecta de la normativa sobre abusos sexuales, efectuada erróneamente por el Ejecutivo de Mariano Rajoy.

Los populares defienden que pese al rechazo de la Comisión Europea la investigación aún tiene recorrido. La Comisión de Peticiones del Parlamento, si se aprueba en votación en un órgano en el que la derecha y la extrema derecha tienen mayoría, puede continuar los trabajos, aún en contradicción con la respuesta del organismo. Los populares aseguran que es un caso similar al de Baleares.

La portavoz del PP, María José Catalá, amparándose en una respuesta del Síndic de Greuges a una queja de Bastidas, anunció que pediría una ampliación de la investigación de Bruselas. La respuesta del Síndic, con datos de la conselleria, recopila las denuncias de abusos o de sospechas de abusos a menores detectadas por los servicios públicos y trasladadas a Fiscalía de Menores.

La vicepresidenta del Consell denuncia ser víctima de una cacería política de la extrema derecha que la derecha parlamentaria aprovecha en sus intervenciones políticas. Los abusos o sospechas de abusos de menores que se detectan se trasladan a la Fiscalía de Menores siguiendo los protocolos.

La conselleria de Catalá fue señalada por “inacción” en un caso de abusos

En el mismo pleno, la consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas se ha defendido de la acusación de los populares afeando a Catalá que bajo su mandato como titular de Educación se comunicaran abusos a menores en un centro y el departamento no actuara. Oltra se ha referido a otra sentencia en la que se señala a la conselleria de Educación como responsable civil directa por “inactividad” ante varias denuncias de menores y sus familiares a un monitor, denunciado en 2013 y condenado en 2019 por abusos. Pese a que las familias comunicaron al centro educativo la conducta delictiva, la Conselleria de Educación no lo comunicó a Fiscalía. En 2018 el padre de uno de los menores denunció el caso y se condenó al monitor en 2019.

“Se considera procedente declarar la responsabilidad civil de la Conselleria porque de lo actuado se desprende la inactividad de la misma y del centro en el que ocurrieron los hechos aun teniendo conocimiento de que estos habían tenido lugar. Se informó a la dirección del centro desde un primer momento y no se hizo nada que pudiera impedir que los hechos volvían a ocurrir como han ocurrido”, cita la sentencia.

El Ejecutivo autonómico tuvo conocimiento de la sentencia cuando el PP preguntó en la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo por un caso en el que se condenaba a la Generalitat a pagar 6.000 euros por dar en acogida a un niño a un condenado por abuso de menores. El condenado fue denunciado en 2013, pero cuando uno de los menores fue acogido, en 2016, el hombre no tenía antecedentes penales por estas causas.