La Generalitat tarda en pagar la dependencia 3 veces más que el resto de comunidades

El Consell triplica el plazo medio de pago a los centros de atención a la dependencia respecto al resto de los gobiernos autonómicos, según los datos aportados por distintas asociaciones autonómicas de centros de atención a dependientes consultados por Aerte, la patronal de las residencias.

La mayoría de las comunidades tardan entre 40 y 60 días en abonar las cantidades pendientes, es el caso de Madrid, Castilla y León, Cataluña, Galicia, Aragón, Cantabria, Asturias, Extremadura o Murcia. En cambio, Andalucía tarda una media de 120 días y Castilla la Mancha 90.

No obstante, ninguna llega al caso de la Comunitat Valenciana, que tarda como mínimo una media de 165 días, entre cinco y seis meses, en abonar las partidas mensuales a los más de 200 centros y servicios de atención a la dependencia. Una situación insólita en toda España, ya que llega a triplicar el plazo medio de pago respecto a la mayoría de lasc Comunidades. Así, la deuda acumulada con el sector valenciano a finales de noviembre se situará en más de 80 millones de euros si el Consell sigue sin abonar este mes las cantidades pendientes. Las partidas más afectadas siguen siendo:

Las plazas concertadas más de 25 millones de deuda acumulada, entre siete y ocho meses sin cobrar

- Las plazas de atención a la discapacidad de titularidad pública, 17,4 millones de deuda, entre cinco y seis meses de impagos.

- Las plazas de personas mayores, superan los 23 millones, entre cinco y seis meses de impagos.

- La deuda por las prestaciones económicas de atención a personas que sufren algún tipo de trastorno relacionado con la salud mental o a personas tuteladas por la Generalitat supera los 8 millones de deuda, con un impago en la mayoría de más de un año

El sistema Bono residencia, centro de día o respiro: más de dos millones. La mayoría de las cuales no se han abonado cantidad alguna durante un año.

- Los centros que funcionan bajo el sistema de subvenciones: más de cuatro millones, acumulados durante seis meses.

María José Mira, directora general de Aerte, explica que “los centros de esta comunidad no pueden estar más tiempo anclados en una situación que se remonta a más de 4 años, por la ineficacia del Gobierno autonómico para establecer un plan de pagos y cumplirlo”.

Por una parte, “la incapacidad de ponerse al día en los pagos asfixia al sector desde hace años, y por otro, la falta de respuesta a la petición ya histórica de un plan de pagos equilibrado que permita normalizar una situación básica, como es su derecho a cobrar todos los meses y atender los aplazamientos de deuda con los préstamos que las empresas están solicitando a la banca para seguir sobreviviendo, y atender a más de 22.000 personas”.

Con respecto a la situación de los tutelados, Mira apunta además, “que los tutelados sean prioritarios para una Conselleria de Bienestar Social, que tiene los mismos problemas sin resolver que hace años es un mal que debe mirarse con urgencia. Todo el año sin abonar estos servicios dice mucho de la prioridad de la Administración valenciana en este ámbito”.

10.000 personas pendientes de recibir la prestación

Según denuncian, la Generalitat sigue incumpliendo la Ley de Dependencia en la resolución de expedientes. La ley fija su resolución en un plazo máximo de seis meses, mientras la Comunitat Valenciana mantiene bloqueados, en algunos casos desde 2011, más de 10.000 expedientes de personas que ya han sido reconocidas dependientes graves o severas y que esperan la resolución de un expediente que parece que nunca llega.

La Comunitat Valenciana es la sexta con más personas pendientes de recibir la prestación, (23,63% dependientes a la espera), según datos del Imserso de septiembre de este año, situándose casi cuatro punto por de bajo de la media nacional. Aun así, es la única comunidad que no cumple con el plazo máximo de 6 meses legalmente establecido.

Así mismo, se sigue sin cumplir la sentencia de diciembre de 2013 del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), en la que recuerda que las personas tienen derecho a elegir, dentro de la prestación residencial, una modalidad distinta de las plazas concertadas (actualmente sólo existentes en los centros de 8 empresas de las más de 200) como son las relativas a Prestación Vinculada al Servicio (PVS), ayuda directa, con el fin de poder escoger el centro o el profesional que ellas o sus familias consideren más adecuado a sus necesidades.

Mira apunta que “casi cuatro años después de estar reclamando su resolución, muchos familiares o han desistido o han visto fallecer a la personas dependiente sin ver su expediente resuelto. Muchos también han desistido en poder elegir centro ya que es la única forma que tienen de ver su expediente resuelto en menos de dos meses. Todo ello, a pesar de tener una sentencia judicial sobre sus espaldas en las que el juez obliga a la Conselleria a resolver respetando la libertad de elección del dependiente”.