La Intervención de la Generalitat denuncia posibles responsabilidades penales en los antiguos gestores de Vaersa
El pleno del Consell ha analizado el informe de la Intervención General de la Generalitat (IGG) sobre los gastos en compras y servicios exteriores realizados en Valenciana de Aprovechamiento Energético de Residuos (Vaersa) entre enero de 2006 y junio de 2015, con el Partido Popular al frente de la Generalitat Valenciana.
Al inicio de la presente legislatura, la nueva dirección de Vaersa comenzó ya a analizar la gestión económico-financiera precedente.
El informe de la intervención se ha centrado, de forma particular, en verificar que los gastos efectuados por los titulares de tarjetas de crédito y débito de la mercantil responden al desempeño de funciones propias del cargo o a tareas relacionadas directamente con la entidad. También se ha examinado la existencia o inexistencia de contratos de auditoría, asistencia o asesoramiento jurídico prestados a la mercantil.
Denuncia ante la Fiscalía
La información recogida en el documento forma parte de las diligencias judiciales abiertas sobre la actuación del que fue director de Vaersa entre agosto de 2007 y julio de 2011.
El 13 de octubre de 2015, Vaersa denunció ante la Fiscalía la gestión del director. En octubre de 2016, la Abogacía de la Generalitat designó el letrado que representa actualmente a la empresa pública, en su condición de perjudicada, como acusación particular en las diligencias previas seguidas en un juzgado de Valencia.
La investigación de la IGG revela que, durante el periodo objeto de análisis, se efectuaron gastos con cargo a cuentas de Vaersa, empleando tarjetas de crédito de la empresa como medio de pago por parte de dos directores generales anteriores, por importe global de 138.525 euros. De ellos, 45.265 euros fueron extracciones en efectivo a través de diversos cajeros automáticos.
Gastos sin justificar
El informe señala que se extrajeron 22.665 euros en 48 operaciones de cajero. La IGG apunta que este tipo de operaciones, “salvo que se justifique debidamente la imposibilidad de emplear en determinados comercios las tarjetas como medio de pago, constituye un acto de lucro que causa un perjuicio a la entidad”.
En cuanto a compras abonadas con las tarjetas de crédito, la mayor parte corresponde a gastos de restauración. En particular, la IGG llama la atención de que en el periodo examinado se gastaron más de 12.000 euros en un mismo restaurante en 89 ocasiones, de ellas 65 en sábado o domingo.
Se apuntan asimismo gastos cuya relación con las funciones propias de su cargo “es muy dudosa o inexistente”, tales como concesionarios de coches, grandes almacenes y otros comercios, así como una estación de esquí. También ocupan un lugar destacado miles de euros destinados a repostaje de gasolina “contabilizados como dietas o gastos de representación, cuando dentro de la entidad existía un procedimiento y una cuenta para la contabilización de este tipo de gastos”.
El informe de la Intervención analiza, por último, la contratación de servicios profesionales de auditoría o asesoramiento jurídico, sin que haya constancia de que se hubieran obtenido en la contratación de estos servicios la pertinente autorización previa del Abogado General de la Generalitat.
Exigencia de responsabilidad
Concluye Intervención de la Generalitat que determinadas actuaciones, y en particular la extracciones de efectivo, salvo justificación documental suficiente en contrario, deberían dar lugar a la exigencia de responsabilidad en la vía correspondiente, “pudiendo ser constitutivas de actuaciones penales”. También se recomienda exigir el reintegro de las cantidades extraídas de no existir soporte documental que lo justifique.
Entre las actuaciones llevadas a cabo por la actual dirección de Vaersa, en noviembre de 2016 envió por correo certificado un escrito a reclamando la justificación de las actuaciones detectadas o, en su defecto, el reintegro de las cantidades indebidamente dispuestas. También remitió el mismo escrito por burofax. En ningún caso obtuvo respuesta.
