El PSPV denuncia que las Corts tramiten una propuesta de Vox que considera la investidura de Sánchez un “golpe de Estado”

El PSPV denuncia la tramitación en las Corts Valencianes de una iniciativa que imputa delitos al presidente del Gobierno y equipara la investidura de Pedro Sánchez con un “golpe de Estado”. La representante socialista en la Mesa de las Corts Valencianes, órgano de gobierno del Parlamento, censura la proposición no de ley de Vox y el amparo que el PP ofrece a la misma.

La iniciativa fue registrada por el grupo de extrema derecha el pasado 16 de noviembre, cuando se producía la votación de la investidura de Sánchez, una semana después de alcanzar un acuerdo de gobierno entre el PSOE y Sumar, ERC, PNV, Junts Per Catalunya y obtener los apoyos necesarios de la mayoría absoluta del Parlamento. La Mesa de las Corts solicitó a la formación ultra que replanteara su propuesta, dada la gravedad de los términos, pero Vox ha rechazado tocar una sola coma y la mayoría conservadora en el órgano ha aceptado su tramitación. El acuerdo de los miembros de la Mesa se basaba en las referencias qué hacían inviable tramitar la iniciativa al incluir calumnias, falsedades y descalificaciones hacia el Gobierno que no están permitidas en la normativa de la cámara, apuntan.  

“Es muy grave que la Mesa de les Corts haya aceptado esta Proposición No de Ley”, indica la vicepresidenta segunda de les Corts y diputada socialista, Gabriela Bravo. “Este caso va más allá de la descalificación, imputan un delito a un presidente de Gobierno que ha sido elegido democráticamente”. Bravo añade que este acuerdo no tiene amparo en la libertad de expresión, ni en el derecho a la participación política, que se trata de simplemente de un uso partidista de las instituciones que afectan a la integridad de la cámara y la democracia en la Comunitat Valenciana.

El texto registrado por Vox califica de “ignominia” la investidura de Pedro Sánchez “con el apoyo de amigos de etarras, separatistas, comunistas, y los traidores y los chantajistas suscriptores de este acuerdo PSOE-JuntsxCat” y afirma que el Gobierno es “ilegal”. “Con estos acuerdos se está destruyendo desde los cimientos la Constitución, el sistema institucional de la Nación, y el resto del ordenamiento jurídico, y frente a esto la ciudadanía tiene el derecho y el deber de actuar mediante los mecanismos legítimos y legales previstos en la Constitución y en las leyes, españolas e internacionales, como el derecho de reunión y de manifestación”, asegura la ultraderecha, que lleva semanas alentando protestas ante las sedes socialistas.