Un nuevo modelo de renta protegerá a 120.000 valencianos con una cobertura única contra la marginación
Una pareja con dos hijos menores de edad recibirá más de 700 euros al mes, que se elevarán a 880 gracias a un complemento de vivienda y gastos energéticos, a lo que se añadirán todas las ayudas escolares a las que tengan derecho, como beca de comedor o transporte escolar. Una persona sin cargas familiares que haya tenido que emigrar para encontrar trabajo pero haya vivido cinco de los últimos 10 años en la Comunidad Valenciana cobrará 515 euros, que se elevarán a 644 con el complemento de la ayuda para vivienda y energía.
El cónyugue de un matrimonio separado que permanezca en el domicilio familiar con los hijos tendrá ayuda, pero también aquel que tenga que volver con sus padres, si tienen pensiones bajas, ya que podrá cobrar hasta 515 euros mensuales. Una mujer sola con dos hijos a su cargo y sin ingresos podrá percibir 660 euros, que se convertirán en 825 si pide el complemento de vivienda.
Son algunos ejemplos prácticos de lo que supondrá un nuevo modelo de garantía de rentas que empieza a funcionar en el territorio valenciano en aplicación del Pacto del Botánico, que firmaron el PSPV-PSOE y Compromís en el gobierno autonómico y Podemos desde el apoyo parlamentario.
No es una renta básica universal, ya que no asigna a toda la población el derecho a percibir una cantidad mínima basada en el umbral de pobreza, algo que excedería de las competencias y capacidades de un gobierno autonómico. Tampoco es una ayuda restringida en el tiempo y burocratizada como la que existe en la Comunidad Valenciana desde 2007 bajo la denominación de “renta garantizada de ciudadanía”.
Este 23 de abril entra en vigor la nueva “renta valenciana de inclusión”, un modelo pionero que aspira a proteger a unos 45.000 titulares y 119.700 beneficiarios este año (la renta actual llega a 15.000 titulares y 45.000 beneficiarios) y a 94.200 titulares con un total de 244.000 beneficiarios en 2020 mediante el reconocimiento del derecho subjetivo a una cobertura única para personas y familias sin ingresos, y que engloba todas las prestaciones, reduce la burocracia y se mantiene indefinidamente mientras persista la situación.
La norma estrella de la vicepresidenta de la Generalitat Valenciana, Mónica Oltra, parte de una constatación que la también consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas ha resumido así: “Las personas que están en una situación de vulnerabilidad no pueden dedicar todo su tiempo a ir de ventanilla en ventanilla pidiendo distintas ayudas, sino que tienen que centrar todos sus esfuerzos en buscar el camino para su inclusión social o sociolaboral”.
Para ello, la ley aprobada el 30 de noviembre de 2017 prevé una evaluación por parte de los servicios sociales municipales para establecer una de las cuatro modalidades de ayudas que no habrán de volver a tramitarse cada seis meses como sucede con el sistema vigente hasta ahora. La principal es la “renta de garantía de inclusión social”, que implica la suscripción voluntaria de un acuerdo de inclusión social y cuya cuantía varía en función del número de miembros de la unidad familiar.
El “acuerdo de inclusión”, a diferencia de los que se han realizado hasta ahora, no se limita a la inserción laboral. Como explica Xavier Uceda, delegado de la Generalitat para el Modelo Social Valenciano, en el acuerdo “se diferenciará entre inclusión social e inserción laboral”. Y pone un ejemplo: puede que el acuerdo que valoren prioritariamente los servicios sociales sea garantizar la escolarización de los hijos o el compromiso de llevarlos a actividades de refuerzo en la escuela. La apuesta consiste, según Uceda, en “desterrar las prácticas caritativas y asistenciales mediante el reconocimiento de dos derechos subjetivos: la garantía de ingresos mínimos y la inclusión social”.
La cuantía de la renta de garantía de inclusión social se calcula en referencia al salario mínimo interprofesional y puede añadirse a ella un 25% para pagar el alquiler o la hipoteca de la vivienda, así como los gastos en energía. Las tablas que maneja la conselleria de Mónica Oltra reflejan que esa renta oscilará entre 515,3 euros menusales para una sola persona y 809,4 para una familia de seis o más miembros. Si se le añade el 25% por la vivienda, la renta oscilará entre los 643,9 euros a una sola persona y los 1.011,8 euros para una familia de seis miembros o más.
Garantía de ingresos mínimos
La segunda modalidad, subsidiaria de la anterior, es la renta de garantía de ingresos mínimos, cuyos titulares no suscriben el acuerdo de inclusión social por diversos motivos, como la existencia de problemas de adicción o de salud mental que hagan que las personas no estén en condiciones de realizar un itinerario de inserción laboral. Las cantidades de esta ayuda son inferiores y van de 257,5 euros (321,9 con el 25% de vivienda) para un único beneficiario a 404,7 euros (505,9 con el plus de vivienda) para una familia de seis o más miembros.
Complementos de prestaciones y de ingresos por trabajo
Las otras dos modalidades son la renta complementaria de ingresos por prestaciones (como las pensiones o el subsidio de desempleo), que entrará en vigor en 2019, y la renta complementaria de ingresos por trabajo, que entrará en vigor en 2020 y va dirigida a los denominados “trabajadores pobres”, personas a las que no cubren sus ingresos laborales las necesidades mínimas.
Sin límite
Hasta ahora, la posibilidad de recibir le renta garanitzada de ciudadanía tenía un límite máximo de tres años. A partir de ahora, podrá renovarse cada tres años y no habrá que solicitarla de seis en seis meses.
Refugiados, víctimas de violencia de género y menores tutelados
Mónica Oltra ha insistido mucho en el trato especial a refugiados, para los que no se aplicará la exigencia de haber residido cinco de los 10 últimos años en la Comunidad Valenciana. Tampoco se aplicará a personas asiladas, víctimas de violencia de género o de explotación sexual o trata.
Pese a que, en general, la renta valenciana de inclusión va destinada a mayores de 25 años, hay excepciones, como la de los mayores de 18 años que hayan estado uno o dos años de alta en la Seguridad Social y tengan un hogar independiente anterior, sean dependientes o presenten diversidad funcional; los huérfanos y quienes hayan estado entre los 15 y los 17 años en el sistema de protección o de reeducación para menores, que afecta a quienes hayan sido menores tutelados por la Generalitat.
Todavía se reducirá más el mínimo de edad, hasta los 16 años, en el caso de que tengan otros menores, personas con diversidad funcional o dependientes a su cargo, que hayan sido víctimas de explotación sexual, de violencia de género o intrafamiliar o que estén participando en un programa de preparación para la vida independiente.
Periodo de transición
A partir de este 23 de abril todas la personas que soliciten ayuda y cumplan las condiciones serán titulares de la nueva renta valenciana de inclusión. Este nuevo modelo convivirá durante seis meses con la anterior renta garantizada cuyos titulares, al caducar, en el momento de renovarla, pasarán también al nuevo modelo.
“No es un gasto, es una inversión”
Los presupuestos de la Generalitat Valenciana incluyen en 2018 una previsión de 88 millones de euros con destino a la nueva renta valenciana de inclusión, pero nadie quedará fuera por falta de consignación económica porque se considera un derecho subjetivo y la partida está sujeta a la consideración de “crédito ampliable” para poder safisfacer ese derecho.
Según un estudio de la Facultad de Economía de la Universitat de València, la renta valenciana de inclusión tendrá un impacto generador de nuevas rentas para la Comunidad Valenciana que podría superar los 200 millones de euros. “No es un gasto, es una inversión”, aseguró Oltra al presentar ese estudio, que indica que la economía valenciana recuperará 0,9975 euros por cada euro invertido, y el retorno impositivo será de 0,138 euros por euro invertido.
