El Tribunal de Cuentas cifra en 1,2 millones el perjuicio a la EMT de Valencia por las jubilaciones parciales que pactó el PP

Las jubilaciones parciales en la Empresa Municipal de Transportes (EMT) de Valencia, pactadas por los anteriores responsables del PP, han causado un perjuicio a los fondos públicos de 1,2 millones de euros, según ha determinado el Tribunal de Cuentas en un acta de liquidación provisional a la que ha tenido acceso elDiario.es.

Desde 2001, con Rita Barberá de alcaldesa, la empresa pública pagó unas remuneraciones a los jubilados parciales, con una reducción de jornada del 85 por ciento, que al acogerse a esta modalidad no acudían a trabajar los 131 días que les correspondían sino solo 65 aunque cobraban y cotizaban por el total, de modo que eran remunerados por jornadas de trabajo no realizadas. Con el cambio de gobierno municipal, los nuevos responsables de la EMT detectaron presuntas irregularidades en los pagos y se inició una guerra abierta con el Comité de Empresa, que insistía en la legalidad del acuerdo.

La dirección de la mercantil pública denunció ante la Agencia Valenciana Antifraude el posible perjuicio a los fondos públicos. El organismo, que vio delictivo el acuerdo, presentó una denuncia ante la Fiscalía, que acordó el archivo al entender que carecía de relevancia penal. El Ministerio Fiscal, eso sí, consideró que el asunto debía dirimirse en la jurisdicción contable, por lo que la sección de enjuiciamiento del Tribunal de Cuentas ha asumido la investigación.

La discusión se centra en establecer si el número de jornadas a realizar por el jubilado parcial había de ser de 65 jornadas (como marcaba el acuerdo del 6 de agosto del 2001) o de 132 jornadas (correspondientes al 15% de la jornada completa, fijada por convenio). Así, el Tribunal de Cuentas concluye que el exceso de salarios abonados asciende a un millón de euros, además de los intereses. “Se abonaron sin que existiera una contraprestación” por lo que se produjo “una salida de efectivo de forma no justificada”, al no haberse prestado los servicios que justificarían los pagos. Así, la instructora del organismo asegura que se ha producido un perjuicio económico en los fondos públicos de la EMT. 

La Comisión Mixta de Vigilancia del Convenio fijó la jornada para los jubilados parciales en 65 días, y “nada dice de que su remuneración debiera ser la correspondiente al 15% de la jornada”, es decir, a la retribución de 132 días. “A pesar de la realización de 65 jornadas, existe un derecho de los trabajadores a percibir una retribución correspondiente a 132 días, cuando no se encuentra expresamente así recogido ni en ese acuerdo, ni en los antecedentes, ni en el resto de la documentación”, señala la instructora.

El organismo impone una responsabilidad directa por 1,2 millones como presunto alcance en los caudales públicos a tres altos cargos de la empresa pública municipal. Se trata de Andrés Bernabé, director gerente y director de Recursos Humanos, por los pagos abonados entre enero del 2014 y el 15 de enero del 2016 (220.004,77 euros); Carlos Romero, director de Recursos Humanos, por los pagos entre el 16 de enero del 2016 y el 28 de febrero del 2018 (799.920,95 euros), y María Rayón, directora del área de finanzas, por los salarios abonados entre marzo y mayo del 2018.

Esta última directiva, según reconoce la instructora del Tribunal de Cuentas, formó parte del equipo que investigó internamente los hechos tras tener conocimiento los responsables de la empresa de la posible irregularidad en diciembre del 2017. Hasta el 14 de mayo del 2018 se siguieron abonando las nóminas “a fin de no perjudicar a ningún trabajador”. La instructora señala que Rayón “participó activamente en solucionar la conducta irregular” y no descarta pueda ser exonerada en la siguiente fase jurisdiccional.

Los otros dos directivos alegaron que no se había producido un perjuicio económico dado que los pagos eran obligatorios y aluden a la prescripción de los hechos y a la ausencia de dolo, culpa o negligencia grave. Andrés Bernabé pedía que se citara al exgerente de la EMT Josep Enric García Alemany como posible responsable al ser, en última instancia, el “pagador del exceso de retribuciones”. La instructora rechaza la alegación sin perjuicio de que Garcia Alemany pueda comparecer más adelante.

Carlos Romero, por su parte, solicitó que se citara como demandados tanto al exgerente como a los consejeros de la EMT pero la resolución del Tribunal de Cuentas recuerda que “no existe ningún acta del consejo de administración que signifique, en la práctica, la obligación de un abono de una retribución del 15% de la jornada, con independencia del número de jornadas que se realizaran”. El Ministerio Fiscal no formuló alegaciones.

La sección de enjuiciamiento del Tribunal de Cuentas ha acordado requerir a los tres directivos el pago del presunto alcance por un importe de 1,2 millones de euros en el plazo de 10 días hábiles. Si no afrontan el pago, el Tribunal de Cuentas procederá al embargo de sus bienes.