El “urbanismo a la carta” genera plusvalías de 62 millones en una parcela del Plan Rabassa
Esquerra Unida denuncia el pelotazo urbanístico de la operación IKEA en Alicante y desvela que ya en 2007 se firmó un contrato de compraventa por 35 millones entre Ortiz e IKEA para implantar una tienda de la multinacional sueca en una parcela del PAU 1. El último contrato al que ha tenido acceso EU, de julio de 2009, sitúa el precio de la compraventa, ya dentro del Plan Rabassa, en 97 millones.
Según apunta el portavoz de EU en el Consistorio alicantino, Miguel Ángel Pavón, los contratos privados de Ortiz con IKEA “anticipan y parecen predeterminar el urbanismo de la ciudad. Urbanismo a la carta, a golpe de contrato privado de su amigo Ortiz, ese es el modelo de ciudad de Castedo”.
Por su parte, la diputada autonómica de esta formación Esther López Barceló insta a Bonig y Fabra a que “se piensen muy mucho” si van a dar luz verde a la ATE de IKEA, una actuación que “podría incurrir en fraude de ley si finalmente se probaran los delitos de prevaricación, cohecho y tráfico de influencias” que ha denunciado Esquerra Unida en el juzgado.
El portavoz de EU en Alicante, la parlamentaria autonómica y el abogado de la formación de izquierdas, José Luis Romero, han informado que han registrado un escrito en el Juzgado de Instrucción nº 6 mediante el cual se aportan a la pieza separada de Brugal que investiga el presunto amaño del Plan Rabassa trece documentos que apuntalarían la denuncia que EU presentó en octubre de 2012 por posibles delitos de prevaricación, cohecho y tráfico de influencias en los que podrían haber incurrido, entre otros, Sonia Castedo, Luis Díaz Alperi y Enrique Ortiz.
Pavón y López Barceló consideran que la operación IKEA, tanto cuando se tramitó dentro del ya anulado Plan Rabassa como ahora, que quiere preservarse mediante una actuación territorial estratégica (ATE) “ad hoc” promovida por Ortiz a través de la mercantil Alicante Avanza, es “un pelotazo urbanístico en toda regla”.
Los dirigentes de EU han desvelado que ya en 2007 Ortiz, a través de la mercantil Camservi, quería implantar IKEA en uno de sus planes parciales, en concreto en el PAU 1, firmando un contrato de compraventa de una de sus parcelas por 35 millones. “Pero había más posibilidades de especulación en el Plan Rabassa y en junio de 2008 –casi un año antes de aprobarse definitivamente el Plan en su versión sin IKEA– se firma entre otra mercantil de Ortiz, Ortiz Desarrollos Urbanísticos SL, e IKEA un contrato de promesa de compraventa de una de las parcelas del Plan Rabassa por un valor de 67 millones en el que ya se anticipa que habría que firmar un convenio con el Ayuntamiento y tramitar el nuevo PGOU y una modificación del PGOU vigente”.
Todo ello, inciden desde EU, “lo llevó a cabo diligentemente Sonia Castedo como alcaldesa: el nuevo PGOU se aprobó inicialmente en su primera versión, que ya establecía un centro cívico en Rabassa, en el pleno del 15 de octubre de 2008 y el convenio y la modificación puntual se aprobaron inicialmente en el pleno del 29 de enero de 2010”.
En julio de 2009, insisten en que “otra de las sociedades de Ortiz –Deproinmed SL– e IKEA firman un nuevo contrato de compraventa en el que a resultas de otorgar a la parcela una mayor edificabilidad, que luego se concretaría en el convenio, se eleva el precio del contrato a 97 millones. Entre el primer contrato para llevar IKEA al PAU 1 y el último contrato que conocemos para llevarlo a Rabassa hay una diferencia o plusvalía de nada más y nada menos que 62 millones”. Los contratos privados de Ortiz con IKEA, “anticipan y parecen predeterminar el urbanismo de la ciudad. Urbanismo a la carta, a golpe de contrato privado de su amigo Ortiz, ese es el modelo de ciudad de Castedo”, denuncia Pavón.
Por su parte, López Barceló critica que el supuesto proyecto “estrella” de Castedo para crear empleo en la ciudad es en realidad “una tapadera para una pura y dura operación especulativa en beneficio de su empresario de cabecera, Enrique Ortiz, e IKEA”, e insta a la consellera Bonig y al President Fabra a que “se piensen muy mucho si van a dar luz verde a la ATE de IKEA, una actuación que podría incurrir en fraude de ley si finalmente se probaran los delitos de prevaricación, cohecho y tráfico de influencias que hemos denunciado en el juzgado”.
Desde EU insisten en que no están en contra de que IKEA se instale en Alicante, “pero lo tiene que hacer fuera del ámbito del Plan Rabassa, desvinculada de una nueva gran superficie comercial y con el acuerdo del sector provincial del mueble. Lo defendimos en el pleno municipal de julio de este año y lo volveremos a defender en el pleno de las Cortes Valencianas mediante una proposición no de ley que sigue pendiente de debate y votación”.
