Villena respira con la limitación por la Generalitat del uso de suelo tras el aluvión de proyectos de plantas solares

La política de la Generalitat Valenciana para facilitar el tránsito energético hacia las energías renovables provocó también un aluvión de proyectos en el territorio valenciano fundamentalmente de plantas solares, y la localidad donde posiblemente más proyectos se han presentado ha sido Villena con más de 30, pero de diferente viabilidad, prueba de lo cual es que la administración autonómica ya ha desestimado al menos media docena de los presentados.

Esta fiebre de proyectos extensivos de plantas fotovoltaicas ha provocado que el Gobierno valenciano tomara cartas en el asunto y el pasado mes de abril publicara un decreto ley de medidas urgentes en respuesta a la emergencia energética y económica originada por la Guerra en Ucrania. El decreto limita a un 3% el suelo no urbanizable común que se puede destinar para la ubicación de instalaciones de plantas fotovoltaicas. Con ello Villena ha visto cómo se limita la cantidad de su territorio que se puede destinar a este objetivo, hecho que se ha agradecido incluso desde el Ayuntamiento de la localidad.

Villena es un enclave estratégico, localidad alicantina que limita con las provincias de València, Murcia y Albacete, cuenta con una extensión de 34.500 hectáreas y con una amplia franja de horas de radiación solar al año. Pero además cuenta con una buena ubicación de infraestructuras, ya que cerca están las subestaciones eléctricas de Beneixama y de Sax, esenciales para absorber el nuevo volumen de energía que se genere con las plantas solares.

Villena busca el “equilibrio”

Con esta situación, y tras la restricción aprobada por el Consell, el edil de Urbanismo de Villena, Javier Martínez, ha manifestado que el nuevo escenario “permite clarificar mucho la situación real a la que se someten los municipios y sobre la que es necesaria dar una respuesta más allá del inmovilismo, ante el crecimiento del precio de la energía, la absoluta dependencia de terceros países y una crisis medioambiental de efectos cada vez más severos”.

El concejal señala que, a partir de ahora, “una vez que se ha determinado un máximo –indistintamente de las solicitudes que haya sobre la mesa– el Ayuntamiento y la conselleria deberán determinar cuáles son esas 500 hectáreas disponibles, teniendo en cuenta que deben ser no urbanizables comunes y cumplir con los requisitos, entre otros, de no estar bajo ningún régimen de protección ambiental, no estar catalogadas como inundables, disponer del nivel de pendiente que fija la norma y minimizar el impacto paisajístico”.

Javier Martínez indica: “El primer paso corresponde a las autoridades autonómicas, determinar la viabilidad de las propuestas y, como se ha visto, no todas serán aceptadas por su impacto o afección. Una cosa es ver el volumen de solicitudes y otra cuáles de ellas serán aprobadas. Hasta la fecha, las rechazadas por conselleria son muchas”. Posteriormente, se analizarán aquellas que dispongan de un informe de impacto ambiental para ver qué territorio ocupan y en qué condiciones.

El concejal reconoce que en Villena se ha producido alarma social debido al número de las solicitudes presentadas, pero explica: “Nuestra posición de ser cautos y prudentes, midiendo la balanza para establecer un principio de equilibrio entre el respeto al territorio y la necesidad de hacer apuestas por modelos de energía verde y sostenible, ha sido la correcta”.

Para Martínez, “aún queda mucho recorrido y mucho trabajo por delante para garantizar que no se pierda suelo con valor agrícola, natural y paisajístico, al tiempo que Villena no deje pasar una oportunidad de generar nuevas actividades económicas, nuevos puestos de trabajo y una posibilidad de contribuir al medio ambiente con energías más sostenibles”.