Más allá del Picasso de Botín: cuando el contrabando nutre las arcas públicas

Más que los 52 millones de euros de multa y los dieciocho meses de cárcel a los que fue condenado Jaime Botín el pasado jueves por el contrabando de un Picasso, llamó la atención que la obra pasase a formar parte de las arcas del Estado. La sentencia apela a la Ley de Patrimonio Histórico Español para cambiar de manos la propiedad del cuadro Cabeza de mujer (1907), que desde su recuperación en 2015 se encuentra en el depósito del Museo Nacional Reina Sofía.

El exbanquero y patrón de Bankinter compró en 1977 de forma legítima la obra del pintor malagueño a una galería londinense, pero cuando en 2013 recibió una oferta de la casa de subastas Christie's (también en Londres) para venderla por 26 millones de euros, el Ministerio de Cultura le denegó la licencia para sacarla del país al “no existir una pintura semejante en todo el territorio español”.

El periplo marítimo que emprendió Botín con el cuadro a bordo de su lujoso velero es de sobra conocido. La travesía del Alix fue interrumpida en 2015 en el puerto de Córcega, justo cuando presuntamente se disponía a enviarlo a Ginebra desde allí para darle salida a cualquier precio. Cinco años después de que la policía francesa detuviese su barco (por instrucción de la Guardia Civil), Botín cierra el negocio con números rojos.

El coste final le ha salido caro al magnate: no solo por los 52 millones de multa, que corresponden al doble de la tasación de la obra, sino por la estocada final que le ha propinado el Gobierno blandiendo una minuciosa Ley de Patrimonio cuya aplicación es tan desconocida como el órgano que la controla.

El artículo 29 de dicha Ley establece que “pertenecen al Estado los bienes muebles que sean exportados sin la autorización requerida”, tal y como hizo Botín. Pero, ¿en qué otros supuestos puede el Gobierno quedarse con las obras incautadas? ¿Existen precedentes? ¿Cuál es el cuerpo que se encarga de su custodia y las salvaguarda del tráfico ilícito? Su nombre es Junta de Calificación, Valoración y Exportación, pero su actividad, aunque ha ido restando opacidad a lo largo de los años, es una de las más ignotas de las que ampara el Ministerio de Cultura.

Este diario ha intentado ponerse en contacto con el organismo y la cartera a la que pertenece sin resultado, alegando desde Cultura que la Junta “no hablará con la prensa hasta que la sentencia a Botín no sea firme”, ni siquiera de su actividad general.

Sin embargo, hay publicaciones que arrojan un poco de luz sobre las obras retenidas por el Estado, aunque no se desvelan cuáles son ni cómo fueron recuperadas. El caso de Cabeza de Mujer es excepcional por lo mediático, pero la mayoría ocurre a espaldas de los medios de comunicación y de la ciudadanía.

La estocada final se le ha propinado el Gobierno a Botínblandiendo una minuciosa Ley de Patrimonio cuya aplicación es tan desconocida como el órgano que la controla.

En el tomo resultante del curso La lucha contra el tráfico ilícito de bienes culturales, organizado por el Ministerio de Cultura el 2006, Pilar Barraca de Ramos, Secretaria de la Junta, afirmaba que “la Administración debe luchar en los diferentes ámbitos que supone la actividad ilegal [...] Por tanto, desde Cultura se establecen los aspectos prioritarios del procedimiento, tanto a nivel de ejecución práctica como de puesta en marcha de sistemas preventivos”. 

Así, la experta establecía como principales supuestos las importaciones y las exportaciones ilegales, las excavaciones ilícitas, los hallazgos no comunicados, los robos y las falsificaciones. El primer caso es delicado porque viene precedido del permiso que la Junta de Calificación, Valoración y Exportación deniegue o acepte al solicitante. A Botín le rechazaron el de exportación a pesar de que, según los datos a los que pudo acceder El País en 2018, las licencias para vender arte en el extranjero crecieron un 60% desde 2012. 

Las razones por las que no se permitió el viaje del cuadro de Picasso por aguas internacionales fueron claras. Se trata de una obra realizada en un periodo del artista malagueño, conocido como Gosol por la localidad leridana donde lo llevó a cabo, en el que sufrió una transformación tanto vital como estilística. Este es uno de los pocos cuadros que se conservan y por eso el argumento de la defensa de Botín de que no es un bien español (alegan que es británico por la galería en la que se compró) carece de empaque legal.

También hemos sabido que el Ministerio ha frenado la salida de obras como Guitarra sobre una silla, de Juan Gris (55 millones), una copia de Tiziano de Santa María Magdalena (30 millones) o la Carta Autógrafa de Colón a su hijo Diego (21 millones), las más caras junto a Cabeza de Mujer, de Picasso.

La Junta se compone de 22 expertos, se reúne once veces al año, valora cada solicitud y decide si adquirir la obra o dejarla salir. A ella deben llegar todas las que tengan al menos 100 años de antigüedad, independientemente de su valor. En cambio, las más modernas solo necesitarán licencia de exportación si superan ciertas cifras: 15.000 euros para los grabados, dibujos y fotografías; 30.000 euros para acuarelas, aguadas y pasteles; 50.000 euros para las esculturas y, por último, 150.000 euros en el caso de los cuadros.

Si la Administración decide prohibir la salida y comprar la obra, lo hará por el precio estimado que haya apuntado el propietario en el formulario de exportación. Pero ese no es siempre el argumento que esgrimen para impedir su exportación.

A veces la Junta puede reconocer que la obra es demasiado valiosa para que sea vendida en el extranjero, pero no la compra para ningún centro o archivo del país. Esta es otra de las críticas a las que se ha aferrado la defensa de Botín durante cinco  años sin resultado.

“Si la obra es de 'excepcional importancia' para el ministerio, ¿por qué el Estado no ha mostrado la menor intención de ejercer el derecho de tanteo y retracto que (así se llama el procedimiento) tendría al tratarse de un bien inexportable? ¿Pretenden una incautación gratuita?, se preguntaba el representante legal del exbanquero en una nota explicativa remitida a El País en 2015.

A espera del recurso de la sentencia que ya ha anunciado Botín, y si la obra pasa de forma definitiva a las arcas del Estado, resta saber en qué museo acabará Cabeza de mujer y si se expondrá de cara al publico. Una duda que abre la puerta a otra incógnita más amplia y que quizá desvelen cuando la sentencia del exbanquero sea firme: ¿dónde están todas las demás que fueron rescatadas del contrabando?