El Congreso aprueba la Ley Reguladora de la Biblioteca Nacional de España

La Ley Reguladora de la Biblioteca Nacional de España fue aprobada en el Consejo de Ministros en julio. En aquel momento el Gobierno destacó que con el que era aún “proyecto” se pretendía “reconocer e impulsar el papel esencial de la Biblioteca Nacional en la preservación y la difusión de la cultura española”.

La nueva legislación devuelve a la Biblioteca Nacional -que cumple 300 años- el estatus de dirección general, que perdió en mayo de 2010, aunque mantiene su carácter de organismo autónomo adscrito al Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. El Real Patronato, hasta ahora estrictamente consultivo, pasa a ser un órgano rector colegiado que se responsabiliza del establecimiento de las directrices y actuaciones de la Biblioteca y de su cumplimiento.

Y lo más importante, incorpora la función de realizar una labor activa en la captación de recursos propios y de patrocinio. Esto es, de buscar dinero fuera de las arcas públicas con actividades especialmente diseñadas para la recaudación, incluyendo el alquiler de espacios y “contemplando como tipos de ingresos los derivados de los precios públicos, las tasas y los ingresos de derecho privado”.

Falta de ambición

El PP está muy satisfecho. La diputada popular Beatriz Rodríguez-Salmones ha declarado que para su grupo era “un honor” poder tramitar este nuevo marco jurídico, que servirá para dar el “oxígeno” a la venerable institución que ya se le ha dado al Museo del Prado y al Museo Reina Sofía con sus respectivas leyes reguladoras. Su compañera la diputada Águeda Fumero ha destacado también que con este nuevo marco jurídico la BNE tendrá una “gestión más ágil” de sus recursos así como “nuevas vías de financiación” que harán que no dependa de “manera exclusiva” de los Presupuestos Generales del Estado.

Para el socialista Federico Buyolo, cuyo partido ha apoyado la ley, la legislación se “queda corta” aunque espera que este nuevo régimen jurídico sea un “instrumento que otorgue mayor capacidad de desarrollo” a la institución. Por otra parte, el diputado de UPyD Toni Cantó asegura que la Biblioteca se queda como estaba: “Estimamos que se trata de una ley cosmética que no aporta grandes cambios más allá de retoques”.

“Los beneficios de la ley -ha añadido- nos parece que serán escasos y no se le dota a la Biblioteca Nacional de España de los servicios necesarios para su funcionamiento”. Los grupos parlamentarios EAJ-PNV y la Izquierda Plural han expresado su conformidad con la ley, así como la diputada por CiU, Montserrat Surroca i Comas que, aunque ha puesto de manifiesto que su grupo “echa de menos” una visión “más abierta de las funciones en relación de la realidad pluricultural y plurinacional de España”.

Con esta ley la BNE se suma al Museo del Prado y al Reina Sofía como instituciones con una normativa reguladora propia.