En libertad con cargos el presidente de la Diputación de Valencia y los otros cinco detenidos tras declarar ante el juez
Los seis detenidos este miércoles en la 'operación Alquería', entre los que se encuentra el presidente de la Diputación de Valencia, el socialista Jorge Rodríguez, han sido puestos en libertad con cargos después de declarar este jueves ante el titular del juzgado de Instrucción número 9 de Valencia. Todos ellos se han negado a declarar en una causa que se mantiene secreta hasta conocer de qué se les acusa.
A su salida de la Ciudad de la Justicia, Rodríguez ha insistido en calificar la operación de desproporcionada, mientras que Manuel Reguard, algo más agresivo, ha considerado que: “es una barbaridad lo que me está pasando”. El también alcalde de Ontinyent, quien ha asegurado ante los medios sentirse muy “tranquilo”, ha defendido la decisión del líder del PSPV y president de la Generalitat, Ximo Puig, de destituirle de todos sus cargos orgánicos y solicitarle la renuncia de los institucionales: “es bastante lógica”. Los detenidos han pasado poco más de una hora en el juzgado y al salir han sido recibidos por sus familiares carnales y de partido. Varios asesores del PSPV y personal de Blanquerías se encontraban en la puerta trasera de los juzgados, organizando los coches para que fueran saliendo rápido. A la detenida Brines, de Compromís, ha ido a recogerla Emili Altur, también diputado provincial.
Los seis arrestados quedan como imputados en la causa abierta por prevaricación y malversación por irregularidades en la contratación de personal directivo y deberán comparecer en el juzgado de Instrucción número 9 de Valencia cuando sean llamados.
Jorge Rodríguez, Ricard Gallego, Manuel Reguard, Jorge Cuerda, Xavier Simó y Agustina Brines han pasado este jueves por la tarde a disposición judicial después de dormir en los calabozos de la comisaría de Zapadores. Este miércoles, agentes de la Udef ponían en marcha la operación 'Alquería', con registros en las sedes de la Diputación de Valencia, la empresa pública Divalterra, el Ayuntamiento de Ontinyent y los domicilios particulares de algunos detenidos, entre ellos el presidente de la Diputación. Estos registros eran ordenados por el juez, mientras que fue la propia policía nacional la que decidía las detenciones de los acusados.
