“La ley de memoria democrática hace que la Administración asuma directamente la exhumación de las fosas”

No procede de la política pero conoce bien la vida pública. Gabriela Bravo (Ràfol de Salem, 1963), fiscal de carrera, fue portavoz del Consejo General del Poder Judicial entre 2008 y 2013. Previamente había sido presidenta de la Unión Progresista de Fiscales.

En el gobierno valenciano surgido del Pacto del Botánico se hizo cargo de la Conselleria de Justicia, Administración Pública, Reformas Democráticas y Libertades Públicas, un departamento con repercusiones hacia dentro y hacia fuera de la estructura de la Generalitat Valenciana.

Fruto de su formación jurídica y de su trayectoria profesional, se expresa con una meticulosidad que dilata las respuestas. “Suelo hacer largas las contestaciones y después sufro por cómo van los periodistas a resumirlo”, se excusa antes de empezar.

El conseller de Hacienda, Vicent Soler, reclamó en la reunión de seguimiento de la Conferencia de Presidentes poder hacer una oferta pública de empleo extraordinaria, como la del Gobierno central. ¿Tan mal estamos?

Arrastramos un déficit importante en el tema de personal derivado de todas las restriccciones que se han impuesto en materia de función pública todos estos años anteriores. La política del PP, bajo el argumento de la crisis económica, ha sido restringir y limitar las ofertas de empleo público con las tasas de reposición. Nos encontramos ahora mismo en una situación bastante dramática. En menos de diez años en la Administración general de la Generalitat Valenciana se van a jubilar 12.000 personas sobre un activo de 16.500.

Eso es casi toda la plantilla.

Una parte importantísima. Además, tenemos más de un 30% de interinidad en el ámbito de la Administración. Son nuestros dos grandes problemas frente a ese número escaso de personal en los distintos departamentos. ¿Qué le hemos pedido al Gobierno? Ya se planteó en la Conferencia de Presidentes: no pueden tratar a todas las comunidades igual, el café para todos no nos sirve, como no nos sirve en materia de financiación ni en otras cuestiones. ¿Por qué? Porque la situación de la Comunidad Valenciana no tiene nada que ver, por ejemplo, con la de Extremadura, que tiene superávit de funcionarios. Por eso se planteó que las comunidades autónomas pudiesen tener capacidad a la hora de determinar las oferta de empleo público atendiendo a la singularidad y a los problemas propios.

Es cierto que el Gobierno ha anunciado en el pacto con los sindicatos una ampliación de las ofertas de empleo público, ha reducido las tasas de reposición en muchos sectores del 50% que nos venía imponiendo, pero ya hemos advertido, y así lo manifestó el conseller Soler en esa reunión, que no es suficiente. Para que podamos llegar a una tasa de interidad del 10% dentro de tres años, que es el horizonte que nos hemos marcado y al que también pretende llegar el Estado, esas medidas no son suficientes. Por tanto, tendremos que revisar los acuerdos y tendremos que impulsar nuevas medidas para 2018.

¿Hasta qué punto esas restricciones del Gobierno de Rajoy han respondido a la política de recortes o a una mentalidad centralista en relación con las Administraciones autonómicas?

Es una forma de tutelarlas. Estas políticas ponen de manifiesto, igual que el Fondo de Liquidez Autonómico (FLA), una tutela y un control de las políticas de los gobiernos autonómicos y eso, de alguna forma, también incide directamente en la ejecución de las políticas. Siempre hay un ente superior que te va a marcar incluso los tiempos de la ejecución de las políticas que proyectas. Para nosotros es importantísima la regeneración de la Administración, es importantísimo incorporar nuevos talentos, que se nutra de gente joven, gente preparada, que sale de la Universidad y está engrosando las listas del Inem o buscando oportunidades fuera de este país, mientras los recursos de las Administraciones públicas son tan escasos. Tenemos que poner remedio a eso. En el borrador del anteproyecto de ley que vamos a sacar estas semanas contemplamos una dotación de becas.

¿A qué ley se refiere? ¿Cómo se llama?

En principio se llama Ley de Empleo Público, aunque es un término también criticado por algunos sectores. Digo 'en principio' porque está en fase de borrador. Irá estas próximas semanas al Consell y luego iniciaremos la fase de negociación con los sindicatos. Después se debatirá en sede parlamentaria.

¿Qué contempla esa ley?

En el borrador contemplamos incluso la posiblidad de conceder becas para activar y estimular a los jóvenes a prepararse las oposiciones y poder integrarlos como valores en la Administración.

¿Y eso cómo puede ser cuando da la sensación de que a las oposiciones se presentan miles de personas en cuanto se convocan?

Es verdad que compites con un número importantísimo de personas normalmente bien preparadas. ¿Qué tenemos que hacer? Pues que las ofertas de empleo público sean numerosas. En nuestro plan de recursos planteábamos la necesidad de sacar 4.500 plazas, entre procesos de consolidación, dirigidos a la reducción de la interinidad, y de personal nuevo a través del turno libre.

¿Podría todo eso mitigar la queja de que la falta de funcionarios ralentiza las políticas del Consell?

Hay un problema importante si tenemos en cuenta que las ofertas de empleo público durante estos últimos ocho años han sido escasas y que hemos asistido a un cierto inmovilismo dentro de la Administración. Ni siquiera había concursos. El instrumento que se utilizaba para que los funcionarios optaran a otros puestos de trabajo dentro de la Administración eran las comisiones de servicios, que están previstas para otra cosa. Y se ha abusado mucho del famoso artículo 8 de la ley que posibilitaba que por la vía de urgencia pudieras contratar casi de manera directa, sin ningún tipo de prueba, a personal de fuera de la Administración como interinos.

Nosotros hemos cambiado el rumbo. Los grandes pilares de una función pública profesional a la que se acceda por principios de méritos, capacidad e igualdad, los hemos llevado hasta las bolsas de trabajo. El ejemplo son las 29 bolsas que hemos abierto, a las que se han presentado más de 10.000 personas. Las hemos abierto con el requisito de que la gente para acceder a ellas ha de pasar una mínima prueba objetiva de conocimientos.

¿Todo esto es consecuencia de la creación de una Generalitat paralela en la época del PP, con consellerias muy externalizadas, mediante empresas públicas fuera de la Administración?

Tenemos grandes ejemplos, Vaersa, Ciegsa y determinados institutos que en definitiva han servido de tapaderas para otros intereses y para fomentar la corrupción política. Creo que no hay que demonizar el sector público. Es muy importante tener un sector público potente que camine de forma paralela a la Administración. Hay que seguir apoyándose en el sector público, pero ha de ser transparente, verdaderamente al servicio de los intereses de la sociedad, que se someta a los proceso de fiscalización y no se utilice como excusa para la opacidad ni para actuaciones irregulares o para expoliar las arcas públicas.

Estamos intentado reconstruir el sector público después de lo que hemos heredado. Como ejemplo, la entrada y registro que se produjo al año de que llegáramos en Ciegsa, la empresa que se creó, en teoría, para la construcción de colegios y que fue utilizada desgraciadamente para otros fines de los corruptos. Intentamos también cambiar esa tónica desde principios éticos y la incorporación de valores basados en la transparencia. Eso exige su tiempo. Nos dicen que somos lentos y puedo asegurarle que no dejamos de trabajar ni un minuto.

Las federaciones de servicios públicos suelen ser las más fuertes. ¿Cómo se lleva con los sindicatos?

Creo que tengo una buena relación con todos los representantes sindicales. Desde el primer momento abrí las puertas de la conselleria. Pueden trasladar a la titular de esta conselleria cualquier problema. Hemos intentado desde el diálogo y el consenso sentar las bases de la política en materia de Función Pública que nos permita avanzar en la transformación de la Administración. Aunque esté mal decirlo, fue un éxito el acuerdo de legislatura que firmaron la mayor parte de los sindicatos (el único que no lo hizo simplemente se abstuvo pero no mantuvo una oposición frontal). Le puedo asegurar que estamos cumpliendo ese acuerdo que se firmó en el Palau de la Generalitat.

¿Y cómo se lleva con la oposición, con el PP?

Solo puedo se respetuosa con el papel de la oposición. Ahora bien, dicho esto, creo que en este caso debería medir más el tono y la intensidad de las acusaciones frente a las políticas, sobre todo en el ámbito social, que estamos impulsando para dar cumplimiento al Acord del Botànic, que es nuestro referente. No tienen base ni justificación para todas esas críticas. Tratan de polarizar, de radicalizar los mensajes confundiendo a la sociedad. Lo que intenta hacer este Consell en políticas sociales y educativas es garantizar una mayor igualdad en la sociedad valenciana y acabar con esas políticas que ellos sí que pusieron en marcha, dirigidas a los intereses de unos cuantos.

Amenazan con llevar a los tribunales la norma sobre uso del valenciano en la Administración...

La iniciativa arrancó desde la Conselleria de Educación, porque es la dirección de Política Lingüística la que tiene la competencia. Desde Función Pública hicimos las observaciones que entendíamos necesarias para que el texto se acomodara a la legalidad vigente. Insisto, la oposición está centrada en el radicalismo y la confrontación. Ese decreto trata de garantizar que cualquier ciudadano que quiera comunicarse en valenciano con la Administración pueda hacerlo sin que haya ninguna objeción, ni obstáculos, ni sea una rémora. No comparto que eso discrimine a la otra lengua oficial, que es el castellano. Teniendo en cuenta que el valenciano es una lengua que no tiene el mismo despliegue en el uso que el castellano, es perfectamente legítimo que el gobierno autonómico impulse medidas para favorecer el conocimiento y el desarrollo de esa otra lengua que forma parte de nuestra identidad cultural. El decreto solo persigue normalizar el uso de ambas lenguas.

Hay otro frente de fricción en los tribunales relacionado con Educación, que tiene que ver con el decreto de plurilingüismo y con los conciertos educativos de bachillerato. ¿Hasta qué punto está de acuerdo con alusiones como las que ha hecho Mónica Oltra de que desde los tribunales se pueda estar haciendo política?

Siempre he defendido que las resoluciones judiciales pueden ser objeto de crítica, pero aquellas críticas que van más allá y que afectan o atacan directamente a los titulares del poder judicial creo que hay que moderarlas. Respeto las decisiones judiciales aunque no las comparta, como no he compartido algunos de los autos que ha dictado el Tribunal Superior de Justicia en estas materias, pero creo que las críticas hay que hacerlas siempre desde el respeto a lo que significan como poder judicial, sobre todo para evitar esa imagen de posible de injerencia en las funciones jurisdiccionales. Ahora bien, tenemos derecho a criticar las resoluciones. Hay algunas muy sorprendentes, incluso muy poco motivadas. Y eso nos preocupa. A través de la vía de los recursos las instancias superiores deberían corregirlas.

¿Usted que ha vivido el Poder Judicial por dentro, comparte la sensación de que los tribunales que tocan temas polémicos no apuestan precisamente por la apertura y la modernización de la sociedad?

Las resoluciones siempre están marcadas por interpretaciones jurídicas. Si hay criterios políticos o no, corresponderá a los órganos superiores corregirlos. La mayor parte de los jueces, en el día a día, adoptan las decisiones siguiendo criterios jurisdiccionales.

Sus competencias en Justicia se centran en los medios materiales y humanos, un ámbito en el que parece que todo lo que se hace siempre es poco.

Así es.

¿Qué es peor, que falten jueces o que haya pocos medios materiales?

Lo más grave es que la reforma profunda que necesita la justicia en España siga siendo la asignatura pendiente de la democracia. Todo lo demás que podamos ir aportando desde las comunidades autónomas ayudará, pero no dejarán de ser parches. Tenemos un modelo de justicia decimonónico para el que desgraciadamente ningún gobierno, ni progresista ni conservador, ha puesto sobre la mesa un proyecto de reforma profunda. Ha habido avances, pero siempre parcheando las leyes, parcheando las normas. Ahora mismo, en la sociedad del siglo XXI, con toda la ingeniería delictiva que estamos viendo en todo lo relacionado con la corrupción política y económica, seguir aplicando una ley de finales del siglo XIX, con unos procedimientos estructurados sobre una sociedad rural como aquella, sinceramente, es un verdadero obstáculo par el funcionamiento de la justicia.

Dicho esto, nuestra reponsablidad, desde las comunidades autónomas, es instar, por una parte, al Gobierno de España a que aborde esa reforma de la justicia tan necesaria, en materia de planta judicial, en materia de proceso penal, y por otra parte, atender las necesidades de medios personales y profesionales. Pero el problema es que invertimos sobre una estructura y un modelo decimonónico y obsoleto y al final, en lugar de invertir, estamos desinvirtiendo. Además, no se materializan grandes avances. Voy a poner un ejemplo, los casos de refuerzos.

Cuando hay un caso complejo que exige apoyo para que el juez pueda instruirlo...

En situaciones extraordinarias la conselleria tiene que aportar más funcionarios a aquellos juzgados que lo requieren. En dos años hemos duplicado el número de refuerzos. Vamos a seguir doblándolo para el año siguiente. Sin embargo, los jueces siguen quejándose de falta de personal. ¡En 2017 hemos puesto el doble de funcionarios que el año pasado! ¡Y hemos triplicado los de la última etapa del PP!

A lo mejor es que faltan jueces.

Faltan jueces, la propia estructura de organización de la justicia no rentabiliza toda la inversión en medios personales ni el funcionamiento de las oficinas. El gran proyecto de puesta en marcha de la oficina judicial que estamos impulsando en la Comunidad Valenciana sigue teniendo problemas para implantarse en el ámbito nacional. Son muchos los problemas y los obstáculos. Seguir mantiendo la estructura atomizada de juzgados hace que el esfuerzo inversor de la Administración no resulte significativo. Toca sentarnos y, desde el ámbito de un pacto de Estado, fijar las prioridades. Para eso hace falta un Gobierno que lidere la reforma de la justicia, pero no parecen estar por la labor.

¿Se han acabado las imágenes de juzgados en situaciones tercermundistas?

No, desgraciadamente no se han acabado. Nosotros estamos trabajando para presentar pronto un plan integral en materia de infraestructuras. Hemos detectado que la diversidad de sedes judiciales es amplia y contradictoria. Junto a partidos judiciales con sedes modernas, preparadas para garantizar los derechos de las víctimas y el acceso de cualquier ciudadano, conviven sedes insalubres, que no pueden garantizar la privacidad de la víctima frente al agresor, que pueden poner incluso en riegso la salud de las personas que están trabajando. Por eso actuamos, como prioridad, sobre esas sedes.

¿Qué juzgados están peor?

Le puedo poner un ejemplo. La situación de los juzgados de Mislata era insostenible desde hace ya 10 años. La primera medida que adoptamos fue buscar un nuevo local dentro del partido judicial y hemos adjudicado ya la obra para habilitar allí los cuatro órganos judiciales. Estamos también trabajando en el Tribunal Superior de Justicia, donde nos encontramos con denuncias por parte de la Inspección de Trabajo sobre condiciones de insalubridad y riesgo. Vamos a adjudicar el contrato para una reforma integral del palacio del TSJ. Hemos resuelto el problema gravísimo de Alcoi, donde logramos consensuar con el Ayuntamiento el traslado de los juzgados al nuevo edificio que hemos habilitado y preparado. En fin... Nos queda todavía mucho. Hemos diagnosticado en el plan cuáles son las prioridades, la situación de cada una de las sedes y qué tipos de reformas necesitan.

El plan parte de principios como la funcionalidad, la universalidad, el acceso, la austeridad y la racionalización del gasto... No nos vamos a dedicar a la construcción de grandes sedes y abandonar todo el patrimonio de la Administración. Buscamos aprovechar, mediante reformas integrales, el patrimonio propio de la Generalitat. Queremos impulsar ese plan en los próximos dos años para dejar una hoja de ruta orientada a disponer de sedes preparadas y conseguir un gran ahorro en el gasto.

Antes ha citado a las víctimas. Hubo muchas críticas a las oficinas de atención a las víctimas porque estaban copadas por el PP. ¿Cómo lo ha resuelto? ¿Cuál es el nuevo modelo?

Con la aprobación del decreto de creación de la nueva red de oficinas de atención a la víctima hemos previsto 22 sedes en toda la Comunidad, hemos creado ya nuevas plazas de psicólogos y trabajadores sociales que van a incorporarse en breve, se están ultimando los trabajos de acomodación de las oficinas y hemos iniciado el proceso de contratación del asesoramiento jurídico para poner en marcha el ERE de la fundación Favide.

Será la Administración la que asuma directamente la gestión de todos esos recursos y la que liderará el cumplimiento de los derechos que las víctimas tienen reconocidos. El ERE servirá para determinar qué personal debe integrarse y cuál debe salir de la fundación, teniendo en cuenta que al hacerse cargo la Administración ya no lo necesitamos. Hay un acuerdo del Consell del año 2013 de extinción de las fundaciones. Una de las que el PP acordó entonces extinguir fue Favide.

Queremos hacer el tránsito de forma tranquila con el fin de asegurar el servicio. No sé cómo entraron o dejaron de entrar. Lo que sí que sé es que en el ámbito de la fundación están trabajando profesionales que prestan un servicio muy importante a las víctimas. Me refiero fundamentalmente a los letrados y letradas que han prestado este servicio. El tránsito de un modelo a otro se tiene que hacer de forma suave y no ha de abrir un vacío en la gestión del servicio.

Una característica del gobierno del Botánico fue incorporar conceptos nuevos a la estructura de la Generalitat. En el caso de su departamento fue la memoria democrática y las libertades públicas. El proyecto más relevante en ese ámbito es la Ley de la Memoria Democrática, que ha tenido una acogida por parte del PP bastante dura, con acusaciones de sectarismo y de no tener en cuenta más que a unas víctimas de la Guerra Civil. ¿Cómo encaja usted esa postura?

Me siento muy satisfecha de que el proyecto de Ley de la Memoria Democrática y para la Convivencia en la Comunidad Valenciana haya salido de esta conselleria. Hemos trabajado con todas las entidades memorialistas, con la sociedad civil, para presentarlo. No me sorprendió en absoluto la posición del PP. Si uno examina los argumentos que se dieron en sede parlamentaria para justificar la enmienda a la totalidad, es preocupante comprobar que en algunos sectores nada haya cambiado. Siguen utilizando los mismos argumentos que sus padres o sus abuelos utilizaron en el pasado. Una de las grandezas del Estado de derecho y de la democracia es avanzar en la construcción de valores que permitan abrir todas esas heridas, enfrentarnos a la historia sin miedo y sin confrontación. Los argumentos del PP siguen estando asentados en bases antidemocráticas.

Hay dos aspectos de la ley. Uno es la retirada de símbolos franquistas y la revisión de honores y distinciones. El otro, más dramático, es el de las exhumaciones. ¿Son las exhumaciones de víctimas las que condicionan más la estructura y los objetivos de esa futura ley?

Esta ley trata fundamentalemente de poner en valor los derechos. Frente a los argumentos del PP, digo que esta es una norma que recupera derechos, y no cualquier derecho, sino derechos fundamentales. La dignidad de las víctimas, la reparación, la memoria, la verdad, son derechos que corresponden a esas víctimas que mataron dos veces: primero cuando las asesinaron y después cuando las sepultaron en el olvido.

Es una ley que va más allá de la estatal de 2007 por varias razones. El concepto de víctima no se reduce a la víctimas directas sino que se extiende a sus familiares. Por otra parte, contempla una lista de posibles sanciones frente a ataques directos a fosas, lugares de memoria o a la propia dignidad de las víctimas. De alguna manera, construye el proceso para que la Administración asuma directamente esa deuda pendiente con las víctimas, que es la localización de las fosas, la exhumación y la identificación.

Además, creamos el Instituto de la Memoria para construir el modelo que permita gestionar e impulsar estas políticas de recuperación de la dignidad de las víctimas. Eso no es incompatible con la posibilidad de que el Consell decida, incluso antes de la entrada en vigor de la ley, destinar una línea presupuestaria para iniciar el proceso de apertura y exhumación de las fosas.

Al escuchar al PP parece que solo se trate de exhumar a las víctimas de un bando, pero la ley refleja las fosas de víctimas del franquismo y también las que se produjeron en zona republicana...

Están contempladas todas las víctimas. Hablamos de cerca de 300 fosas. Lo he explicado en distintos ámbitos. En esas más de 10.000 víctimas, las hay de un bando y de otro. No queremos una ley que sirva para la confrontación, sino que avance en la convivencia. Por eso entendemos que es tan importante hablar de memoria y de convivencia. Rescatar nuestra historia, abrirla, rescatar a seres queridos del pasado oscuro de las fosas es construir la propia historia y avanzar hacia el futuro. Es muy importante saber qué pasó, por qué pasó. Desde el Instituto de la Memoria se trabajará también para facilitar el conocimiento y la accesibilidad a los documentos. La difusión es importantísima. Hay que saldar la deuda de la democracia con demasiadas víctimas que siguen estigmatizadas. Aquellas víudas o viudos, aquellas niñas y niños que perdieron seres queridos porque fueron fusilados después de procesos sumarísimos o sin proceso alguno, fueron demasiado tiempo denostados y tratados como delincuentes. Las familias esperan recuperar esa dignidad

Las exhumaciones de fosas en Paterna reciben la ayuda de la Diputación de Valencia. Pero se ha producido un incidente cuando la juez ha rechazado hacerse cargo del procedimiento. ¿En estos dos temas, el de quién financia las exhumaciones y el de la intervención judicial, aporta la ley alguna novedad?

La ley deja claro que la financiación corresponde a la Administración autonómica. No significa que sea la administración de oficio que proceda a la apertura de las fosas. Eso se hará a instancia de las familias y las asociaciones legitimadas que la norma contempla. Pero lo asume directamente. ¿Por qué? Porque seguimos los cánones que nos marca Naciones Unidas, que entiende que no podemos hacer que los familiares asuman un proceso tan complejo y tan cuantioso desde el punto de vista económico.

Otro tema es el proceso judicial. Si como consecuencia de la apertura de una fosa se abren unas diligencias judiciales, corresponde a ese juzgado el control. La identificación de las víctimas correpondería al Instituto de Medidicna Legal. En Paterna entendió que los hechos estaban prescritos.

Pero está en juego si son los foreneses judiciales o los que colaboran con las asociaciones de memoria histórica los que se hacen cargo de las identificaciones.

Si no se hubiera acordado el archivo, tendría que haberse hecho cargo el Instituto de Medicina Legal. Se tendría que haber trasladado allí los cuerpos. Ese auto de Paterna está recurrido en reposición y me imagino que se recurrirá en apelación ante la Audiencia. Hay que esperar a ver qué pasa. Si se entiende que hay que continuar, no tanto para la averiguación de los posibles autores, que evidentemente sabemos que están muertos, o una vez constatada la prescripción de los delitos, algo sobre lo que hay mucha discusión, sino porque debe hacerse en el marco judicial, lo tendrá que decidir la Audiencia Provincial.

La ley crea el Instituto Valenciano de la Memoria Democrática, que ha generado cierta discrepancia interna en la Generalitat porque a Hacienda le parece demasiado caro.

Bueno, a Hacienda le parece demasiado caro todo. Es la posición inicial de la que partimos desde principios de austeridad y racionalidad del gasto. En la memoria económica que aportamos se diseñaban las políticas a impulsar y la configuración de este instituto, que va a permitir canalizar todas las medidas que la ley establece. Es de donde va a salir el plan estratégico para la recuperación de la memoria. Nosotros, a la hora de diseñar el instituto nos hemos basado en modelos similares que están funcionando hace años en el País Vasco, en Cataluña y en Andalucía.

Le puedo asegurar que si compara las estructuras, la valenciana es más austera en número de funcionarios y en presupuesto. Me sorprendió el famoso titular de los 19 jefes. El concepto de jefe es una nomenclatura propia de la estructura de la Administración que refleja la existencia de funcionarios de distinto nivel en los que en realidad jefes de servicio son los de los grupos A1 y A2. En el modelo que presentamos a Hacienda son 6 personas. El resto son jefes de sección o de negociado, pero se trata de grupos inferiores que se dedican a la gestión puramente administrativa.

He criticado mucho aprobar leyes sin memoria económica, o con una disposición adicional que dice que no conllevará incremento del gasto porque creo que son brindis al sol. Hubiera ocasionado mucha frustración a los valencianos y valencianas que están esperando hace tanto tiempo encontrarse una ley sin una memoria que acompañe y defina el proyecto.