El 'rey del carbón' se libra de prisión por arrasar un yacimiento neolítico pero se enfrenta a 16 años por daños ambientales
El empresario minero Victorino Alonso, apodado 'el rey del carbón' ya que controló la mitad de la producción nacional, no irá finalmente a prisión por haber arrasado el yacimiento neolítico de la Cueva de Chaves. La Audiencia Provincial de Huesca ha ratificado la suspensión de la condena de 2 años de cárcel, y el pago solidario de 25,5 millones de euros, por la destrucción de la cueva ubicada en un coto de caza propiedad de una sociedad suya y ubicado en el municipio Casba.
Inicialmente el empresario fue condenado a 2 años y medio de prisión en este procedimiento impulsado por la asociación Acción Pública para la Defensa del Patrimonio Aragonés (Apudepa) y Ecologistas en Acción. Pero la Audiencia Provincial rebajó su condena a sólo 2 años al entender que se habían producido “dilaciones indebidas” en un caso que se inició en el año 2007. La falta de antecedentes penales del empresario minero le han librado de cumplir la condena de cárcel, pese a que tenía condenas por fraude fiscal en la década de los 90.
La sentencia consideraba acreditado que Alonso ordenó ordenó vaciar la cueva y colocar comederos y abrevaderos para la cría de cabras, sin ningún tipo de autorización. Este yacimiento no tenía ningún tipo de protección especial, pese a estar ampliamente documental en varios estudios arqueológicos.
Tras la ratificación de la sentencia Victorino Alonso acreditó en el juzgado su insolvencia, por lo que se aceptó un embargo parcial de su pensión por jubilación por lo que pagará 17.538 euros durante tres años para afrontar su parte de la multa. Alonso ya se declaró en los 90 insolvente en un juicio por impago de pensión a sus hijos mayores, cuando trabajaba a las órdenes de su padre y ante de levantar el imperio minero hoy venido abajo.
La sociedad propietaria del coto de caza, Fimbas, estaba controlada por otra vinculada al empresario, Maderas Bodelón, y puso la propia finca como parte del pago al ser condenada solidariamente, aunque según la tasación del Gobierno de Aragón su valor es de 2 millones de euros, lejos de la multa interpuesta. Además la posesión formal de la finca sólo se podrá hacer en el año 2030, cuando vence el contrato de alquiler que Alonso hizo justo antes del juicio con otra empresa.
Juicio en abril por un cielo abierto ilegal, 'El Feixolín'
Pero Victorino Alonso podría entrar en prisión si recibe nuevamente una condena penal. La Audiencia Provincial de León tiene que juzgarle por delitos relacionados con sus explotaciones mineras y para los que la Fiscalía le pide, en conjunto, más de 16 años de cárcel.
El primero de los juicios pendientes en León se remonta a una denuncia que tuvo lugar en el año 2001, cuando un empresario de restauración de Laciana, Antonio Arias Tronco, llevó a los tribunales los graves daños que una explotación minera de una de sus empresas ocasiona a su propiedad. Este cielo abierto se denominaba 'El Feixolín' y no tenía ningún tipo de autorización para su explotación, aunque el empresario lo abrió en 1995 y extrajo carbón del mismo hasta el 2008, cuando tuvo que cerrarlo por orden judicial. Se ubicaba en un paraje que afectaba además al hábitat de los dos iconos de la fauna cantábrica, el oso pardo y el urogallo.
El juicio tendrá lugar el próximo mes de abril tras ser suspendido en septiembre del año pasado debido a varios defectos de forma en notificaciones. Junto a Alonso está acusado uno de sus hombres de confianza y apoderado de Minero Siderúrgica de Ponferrada (MSP) y su sucesora Coto Minero Cantábrico (CMC), que explotaban el paraje de 210 hectáreas. Para ambos el Ministerio Fiscal pide 8 años y 3 meses de prisión por un presunto delito continuado contra los recursos naturales y el medio ambiente y un delito contra la ordenación de territorio. A los dos se les piden además inhabilitación y el pago de los costes de la rehabilitación de la explotación y una indemnización para el denunciante de 250.000 euros.
Además del empresario y el ejecutivo en este caso hay un tercer acusado, el exalcalde de Villablino por Izquierda Unida, Guillermo Murias, acusado de haber permitido la explotación ilegal. La Fiscalía pide para él 15 meses de prisión por un presunto delito de prevaricación urbanística y más de 8 años de inhabilitación.
En 2005 un juzgado ya había ordenado al Ayuntamiento de Villablino la paralización del cielo abierto por carecer de cualquier tipo de licencia. El consistorio, gobernado entonces por Murias, impuso obligado una multa de 170 millones de euros a la empresa por los graves daños producidos, que no obstante mantuvo abierta la explotación minera. Un juzgado redujo después la multa a 800.000 euros, que todavía no ha sido abonada en su totalidad por la posterior quiebra de la empresa minera propiedad de Alonso.
En 2016 Victorino Alonso fue absuelto de un presunto delito de desobediencia paralelo a este caso y también por la explotación de 'El Feixolín'. Se le acusaba de ignorar las órdenes de poner fin de la extracción de mineral, aunque el juzgado consideró no acreditadas las pruebas y creyó el argumento del empresario que los movimientos de mineral eran para estabilizar el terreno previos a su clausura.
Los daños de 'Nueva Julia', también a juicio
En enero de este año Victorino Alonso vio como se suspendía otro procedimiento judicial por delitos similares, en este caso por el cielo abierto de 'Nueva Julia', ubicado entre las comarcas de Laciana y Babia. La Fiscalía le atribuye un delito continuado contra los recursos naturales y el medio ambiente por excederse en la autorización de esta explotación minera en los parajes conocidos como 'La Mora' y 'Nueva Julia' y por la construcción de una cantera en el término municipal de Cabrillanes.
En este caso la petición de la acusación pública es también de una pena de 8 años y tres meses de prisión para el magnate minero y otro tanto para el director técnico de la explotación. La mina tenía una Declaración de Impacto Ambiental desde 2003 para explotar 278 hectáreas y otras 127 hectáreas se encontraban dedicadas a labores de restauración sobre antiguas explotaciones de carbón ya abandonadas. Pero Alonso dedicó todo a la extracción de mineral a cielo abierto y además ocupó ilegalmente 19 hectáreas de terreno de un monte público sin autorización ni licencia del Ayuntamiento de Villablino.
'Nueva Julia' se encuentra parcialmente en una zona protegida, el Espacio Natural Alto Sil recogido en la Red Natura 2000, por encontrarse presencia de animales en grave peligro de extinción como son el oso pardo y el urogallo y su alto valor medioambiental.
Para la acusación las actuaciones del empreario causaron un grave daño en los ecosistemas fluviales y captaciones de agua de la zona y ha afectado muy negativamente habitas de interés comunitario de plantas como brezales y rocosas silíceas, además de fauna cantábrica especialmente protegida.
El juicio fue suspendido también por cuestiones procedimentales y están pendiente de que se señale una nueva fecha, que debería ser en este 2019 una vez que se resuelvan la incidencias judiciales.
El caso del carbón desaparecido
Desde el fin de la minería con los recortes del Gobierno de Rajoy en 2012 y la decisión de fin de ayudas en 2018, las empresas de Victorino Alonso - Uminsa y CMC- cayeron en suspensiones de pagos e incluso fuera de su control. Desde entonces el empresario leonés ha encadenado varias batallas judiciales, siendo la más sonada la de las 577.000 toneladas de carbón que desaparecieron de sus instalaciones y que habían sido pagadas por la minera pública Hunosa.
La empresa minera asturiana había depositada en terrenos de las empresas de Alonso todo este carbón como parte del Almacenamiento Estratégico Temporal de Carbón (AETC) entre agosto de 2009 y mayo de 2010. Este fue un instrumento público del Gobierno para garantizar el funcionamiento del sector y provisiones en caso de necesidad energética. Ante la falta de carbón Hunosa denunció a Alonso, cuyas sociedades fueron condenadas en 2016 a pagar 46,6 millones de euros por la desaparición del carbón.
De lo que sí se libró Victorino Alonso fue de la posible responsabilidad penal sobre este caso, ya que pese a una denuncia de Hunosa el juez estimó en 2014 que era un asunto civil entre empresas y que no cabía investigar ningún tipo de delito. El cobro de los importes totales de este caso todavía es parte de litigios mercantiles.
