Solo el PP ignora la nueva agenda de la ONU contra la pobreza en su programa electoral

Este 2015 ha sido un año fundamental para la cooperación al desarrollo, con la firma en las Naciones Unidas de la nueva agenda mundial para luchar contra la pobreza y la desigualdad. El Gobierno, del Partido Popular, ha participado en el cierre de la estrategia, considerada como histórica, para 2030. Pero los nuevos Objetivos de Desarrollo Sostenibles (ODS) no aparecen en su programa electoral, lo que coloca al PP como la única de las principales formaciones que no ha incorporado su compromiso expreso para la próxima legislatura.

Los nuevos ODS, aunque no son desarrollados en el interior de los programas, sí aparecen como una meta para PSOE, Ciudadanos, Podemos e IU-Unidad Popular en los capítulos sobre cooperación al desarrollo. La agenda para 2030 es por primera vez universal, es decir, que sus objetivos afectan tanto a las regiones empobrecidas como a los conocidos como 'países ricos'.

Respecto a la financiación de la Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD), la agenda 2030 fija el objetivo de inversión en el 0,7% de la renta nacional del país. En 2014, España ha invertido el 0,14% de su renta –la media europea es del 0,42%– y se colocó como el país de la OCDE que más recortó en esta partida el pasado año.

El PP incluye en su programa que “ahora que España vuelve a crecer y a generar riqueza, podremos reforzar las partidas destinadas a la cooperación al desarrollo”. Pero no recoge un aumento de la dotación presupuestaria necesario para aproximarse al prometido 0,7%. El partido propone “nuevos programas de cooperación con nuestros vecinos de la orilla del Mediterráneo y norte de África” que vincula con una perspectiva integral de seguridad y fortalecimiento de las instituciones democráticas.

El PSOE se compromete a “aumentar los recursos disponibles hasta alcanzar la media comunitaria a medio plazo”. Desde el partido no quieren fijar la próxima legislatura como meta expresa: “También irá vinculado a la senda de la economía”. En el largo plazo, los socialistas fijan en el programa su compromiso con el 0,7%. En su opinión la ayuda debe concentrarse en un menor número de países, aquellos con unas necesidades más urgentes.

Ciudadanos subordina la inversión en cooperación al desarrollo al crecimiento de la economía. Menciona en su programa una subida progresiva hacia el 0,7% de la renta “si las condiciones económicas lo permiten”. Podemos es el partido más claro en su compromiso: promete invertir el 0,4% de la renta en la próxima legislatura y un 0,7% en la siguiente. Además, dice que destinaría el 15% de la AOD a “intervenciones específicas de género”. En IU-Unidad Popular defienden el 0,7% de inversión al desarrollo, pero no mencionan cuándo alcanzará esta meta.

Todos los partidos defienden la necesidad de aumentar la transparencia en las ayudas al desarrollo. Para los nuevos escenarios que se han creado desde 1998 (año de publicación de la vigente ley de cooperación al desarrollo), PSOE y Podemos proponen la creación de una nueva norma. Podemos entiende, además, que este asunto requiere de un Ministerio específico: el Ministerio de Igualdad y Solidaridad, que vigile también la coherencia de las políticas internas con la estrategia de cooperación internacional.

PSOE, Ciudadanos y Podemos consideran necesario impulsar la profesionalización de los funcionarios que trabajan en los puestos de cooperación. En el caso de Podemos destaca el punto en su programa de crear “una nueva carrera para formar profesionales en cooperación y solidaridad internacional”. Ciudadanos sugiere una reforma del estatuto de los cooperantes en el terreno, para que incluir a todas las personas que participan en los proyectos “tengan o no contrato laboral, como es el caso de los voluntarios o becarios”.

Medidas fiscales

Las formaciones también relacionan varias medidas fiscales con sus políticas de cooperación al desarrollo. PSOE, Podemos e IU-Unidad Popular defienden impulsar el impuesto a las transacciones financieras, la denominada 'Tasa Tobin'. En el caso del PSOE precisan que quieren “garantizar que una parte sustancial de los recursos sea destinada a la lucha contra la pobreza internacional, tal como refleja el espíritu de esta iniciativa desde sus inicios”.

El economista James Tobin propuso en los años 70 crear una tasa aplicable a las transacciones financieras y dedicar su recaudación a la ayuda a los más necesitados. Aquella propuesta se bautizó como Tasa Tobin y desde entonces ha sido reivindicada con el objetivo de frenar la especulación financiera. PP y Ciudadanos no incluyen esta propuesta para los comicios del 20 de diciembre.

Podemos añade además que instarán “a la creación de una agencia fiscal internacional, bajo el auspicio de la ONU, para luchar contra la elusión fiscal o la competición fiscal entre países, que tenga capacidad sancionadora y que obligue a las empresas multinacionales a pagar sus impuestos donde generan sus beneficios”. Esta medida fue propuesta por los países empobrecidos y de renta media en la cumbre de financiación de la agenda de 2030, pero fue rechazada por los países ricos. IU-Unidad Popular también menciona en su programa otras medidas “contra los paraísos fiscales”.

Papel de la inversión privada

La mayoría de partidos políticos abogan por la necesidad de aumentar la inversión de entidades privadas en la cooperación al desarrollo. PP promueve “las alianzas público-privadas para el desarrollo” y Ciudadanos apuesta por “diversificar los mecanismos de financiación”, incluyendo en las políticas de cooperación al desarrollo a “las grandes multinacionales y las fundaciones privadas”.

IU-Unidad Popular es la más restrictiva a las alianzas público-privadas en esta materia y pide la exclusión de las “grandes empresas” de estas actividades: “Que los fondos de desarrollo no sirvan para fortalecer las políticas de privatización en los países de destino”. En el PSOE sí consideran necesaria la inversión del sector privado y para ello propone modificar la Ley de Mecenazgo.

“Las alianzas público-privadas quedarán subordinadas a una nueva estrategia de participación del sector privado en el desarrollo sostenible”, indica Podemos, que se compromete a realizar “auditorías con participación ciudadana (incluida la de los países socios de la acción de solidaridad y cooperación internacional) sobre el impacto (...) de las actividades de las empresas financiadas con fondos de la AOD española”.