Teleoperadores con discapacidad denuncian a la Agencia Tributaria en la Inspección de Trabajo
Teleoperadores con discapacidad subcontratados por la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) en Madrid han denunciado a la entidad en la Inspección laboral por entender que su centro de trabajo “no guarda las mínimas medidas de seguridad”, cuenta con “instalaciones claramente deficientes” con “riesgo para la integridad y salud de los trabajadores” e incumple la ley de riesgos laborales.
Los denunciantes, personas “altamente sensibles”, según la denuncia, al tener una discapacidad reconocida de entre el 33% y el 65% y estar especialmente protegidos por la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, gestionan desde el 4 de abril citas previas telefónicas del organismo para cuestiones generales (no relacionadas con la campaña de la Renta) a través de Servicios Integrales de Fincas Urbanas SL (Grupo Sifu). Se trata de un centro especial de empleo (CEE) que, como tal, tiene bonificaciones del 100% en las cuotas empresariales de la Seguridad Social y desde hace años trabaja para la AEAT como subcontrata.
La denuncia fue interpuesta el pasado 11 de mayo contra Sifu, la empresa para la que prestan servicio, Servinform, y la propia AEAT, y relata varias deficiencias en las oficinas de Servinform en la planta 5 del número 141 de la calle López de Hoyos, en Madrid. Según el escrito, en esa quinta planta trabajan “cerca de 500 personas” y hay “dos ascensores para todos los trabajadores, uno de carga”, que según reconoce Servinform es “un montacargas” con capacidad para “30 personas”, y “otro donde solo pueden subir 4 personas”.
El inmueble, dice la denuncia, “tiene cortes de luz frecuentes dejando los ascensores inhabilitados”; “las escaleras del edificio no miden más de un metro de ancho” y “hay trabajadores con muletas, con otras dolencias, que les impiden subir o bajar las 5 plantas cuando esto ocurre”. “La luz de la escalera a su vez tampoco funciona y en la escalera no hay ventanas, con lo cual se queda a oscuras”.
“Las situaciones de emergencia y evacuación son críticas ante el posible hecho de moverse con lentitud, la gran necesidad de espacio libre que requiere el uso de muletas” y “la inestabilidad de la persona”, que incrementa “el riesgo de subir o bajar escaleras”, señala la denuncia.
Otras deficiencias son el estado de las sillas, “todas rotas, no pudiendo apoyar la espalda en ellas durante las ocho horas, porque se vence el respaldo y se convierten en tumbonas”; puestos de trabajo que “miden por agente 75x75cm” y monitores de ordenador no regulables que obligan a “estar ocho horas mirando hacia abajo, causando contracturas y dolencias”. “Solo existe un baño para 90 personas” y en el de mujeres “no se puede cerrar la puerta”. “Hay que sujetarla con una pierna en mala postura lo que implica más molestias y sin intimidad, perjudicando en mayor manera, a las compañeras que usan muletas y bastón”.
Las deficiencias, dice el escrito, se pusieron en conocimiento de la dirección de Sifu “y de la responsable de la Agencia Tributaria que está en la plataforma, sin que hasta el momento estas hayan adoptado medida correctora alguna”. Según la denuncia, “ya se han producido varias bajas médicas debido a la incidencia de las condiciones en las que prestan los servicios” los afectados.
Vacaciones obligadas
El escrito recoge que, justo antes de empezar a prestarse el servicio, a la plantilla se le dieron “dos días de vacaciones obligadas” tras cambiar a última hora el centro de trabajo asignado, ubicado inicialmente en Torrejón de Ardoz. Muchos empleados ya habían comprado el correspondiente abono transporte para trasladarse a esa localidad en la periferia de la capital.
La AEAT, que al igual de Servinform dice que no tenía conocimiento de la denuncia, señala que la empresa le ha trasladado que el cambio de ubicación fue a petición de los trabajadores, extremo que varios afectados niegan. Sifu dice que “por requerimiento del cliente y con motivo de necesitar un espacio mayor, se procedió a un cambio de centro” ubicado “en pleno Madrid capital, con fácil acceso con transporte público”.
Servinform asegura que el traslado “lo pidieron los empleados” y subraya que estas oficinas ya se han utilizado en el pasado para dar servicio a la AEAT. Esta empresa es contratista habitual de la agencia, que en abril le adjudicó por la vía urgente (procedimiento negociado sin publicidad “por responder a una necesidad inaplazable”) el servicio de cita previa de la campaña de la Renta tras la suspensión del procedimiento ordinario por la presentación de un recurso. Según UGT, Servinform tiene una “larga trayectoria de precarización de las condiciones laborales de sus trabajadores”.
Sifu es un CEE “líder en la prestación de Facility Services socialmente competitivos”, según su web: “Con más de 25 años de experiencia y más de 4.500 profesionales, el 89% con algún tipo de discapacidad, cuenta con más de 1.600 clientes y está presente en todo el territorio nacional”.
La empresa señala que el edificio “cumple con los requisitos de acceso para personas con movilidad reducida. No obstante, desde el inicio del contrato se están llevando a cabo algunas mejoras para que las instalaciones sean lo más cómodas posibles para los usuarios. Se van dando pasos solicitando permisos de obras, a pesar de que la instalaciones ya cuentan con las licencias de apertura y funcionamiento”.
Sifu acumula al menos ocho condenas por vulnerar la libertad sindical de varios trabajadores subcontratados por la AEAT a través de otra empresa, Abante Business Process, a los que despidió cuando, en enero de 2016, intentaron convocar elecciones sindicales para formar un nuevo comité de empresa. La última sentencia fue dictada el pasado 13 de abril por la Sección 1 de lo Social del Tribunal de Superior de Justicia de Madrid. Como las anteriores, ha devenido firme al no ser recurrida por la empresa y ha declarado nulos los despidos y ha obligado a la empresa a aplicar a los afectados el convenio de CEE, que entre otras cosas permite a los trabajadores conservar su antigüedad en caso de subrogación.
Sifu defiende que “no fue un despido como tal, sino que sus contratos, igual que los de otros trabajadores, fueron finalizados”, y recalca que sus empleados “están percibiendo un salario de acuerdo y conforme al convenio según sector y actividad que aplica, el convenio de Contact Center, un 30% por encima al convenio de referencia, que es el de CEE”.
