La Autoridad Fiscal constata que 4.900 millones en ayudas públicas a la industria “no han tenido efectos en la competitividad”
La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) ha certificado que los programas de Apoyo a la Inversión Productiva del Ministerio de Industria correspondientes al periodo 2008-2016 que otorgó a 5.000 proyectos empresariales por cerca de 4.900 millones de euros no han tenido “efectos significativos en la competitividad”.
La AIReF pide que no se continúe con este programa y que se redefinan los objetivos, su configuración como instrumento y el modelo de gestión. Entre otras cosas, en el documento del supervisor se señala como ineficiencias que “la difusión pública del programa es insuficiente”, hay un “alto coste de entrada debido a la complejidad del proceso de solicitud”, no existe una clara identificación de necesidades ni oportunidades del sector industrial, se solapa con otros programas y se superponen objetivos sin estudiar su pertinencia y coherencia.
El informe de la AIReF, que ha sido presentado este miércoles dentro de su análisis de spending review de diversos gastos de la Administración Pública, resalta que el impacto de estos proyectos se reflejaría en la creación en cada programa de 4.700 puestos de trabajo y 208 millones de euros anuales de inversión, “aunque el impacto diferencial desaparece a los cinco años”. La AIReF ha trasladado sus conclusiones al Ministerio de Industria que no ha respondido hasta el momento.
El organismo supervisor pone el acento en que el coste de estos programas de Ayuda ha sido elevado: unos 1.000 millones de euros -un millón de euros por préstamo- de “manera que los intereses cobrados no compensan los impagos”. El estudio disecciona los coste en un coste financiero de 830 millones entre 2008 y 2016, ya que en casi todo el periodo los intereses fueron cero debido a la crisis, un coste operativo de mantener a la plantilla que gestiona este programa además los externos que participan de unos 36 millones de euros, a razón de 4 millones anuales, y el coste de los impagos, que asciende a 440 millones.
En el análisis de estos préstamos también se constata que desde 2013 la tasa de morosidad se eleva hasta un 23%, aunque la Agencia Tributaria consigue recuperar un 4% de los créditos morosos. Los responsables del informe admiten que estos costes podrían aumentar porque todavía hay prestamos en periodo de carencia y no se conoce si va a aumentar la morosidad, aunque los cálculos de la AIReF puntualizan que el coste final se podría incrementar hasta los 1.260 millones.
Con estas cifras, el análisis estima que el coste público de cada puesto de trabajo creado es “cinco veces mayor que el subsidio por desempleo máximo”, de manera que la Administración estaría dedicando entre 24.000 y 35.000 euros para la creación de cada empleo, cuando además la AIReF ha constatado que a los cinco años esos trabajos desaparecen.
