“Oxfam, Cáritas o Cruz Roja dirían qué parte de la deuda española es legítima y qué parte ilegítima”

La crisis ha hecho algún milagro, como el de convertir a determinados economistas en estrellas mediáticas. Es el caso del francés Thomas Piketty, el apóstol de la desigualdad, o el ministro de Finanzas griego, Yanis Varoufakis. ¿En España los partidos tienen algún personaje económico del peso de los anteriores? Vistos los datos de los sondeos, lo primero era preguntar en Podemos. Tres de sus dirigentes dieron un nombre sin dudarlo: Ignacio Álvarez Peralta, para los suyos Nacho Álvarez, doctor en Economía Internacional y Desarrollo de la Universidad Complutense, miembro del Consejo Ciudadano estatal de Podemos y autor de Fracturas y crisis en Europa con Fernando Luengo y Jorge Uxó.

La entrevista tiene lugar en la sede de Podemos, en la plaza de España de Madrid, cuyos despachos lucen aún un aire de recién instalados. De entrada, Nacho Álvarez comparte con el griego Varoufakis el rapado de la cabeza, que no la estatura. La comparación le apura o quizá es lo precavido que está, pendiente de no meter la pata y molestar al todopoderoso Consejo Ciudadano de Podemos, donde se debate el programa. Pese a todas las cauciones, al final gana su cabeza bien amueblada.

Cuando las empresas del Ibex 35 hacen las giras para presentarse en las plazas financieras del mundo, la primera pregunta que hacen los inversores es qué pasa y quiénes son los de Podemos, en vez de la situación en Cataluña, como antes. Les deben de tener miedo los miembros del Ibex 35 y los mercados.

Creo que no. Aunque aún no tenemos un programa concretado, lo que Podemos plantea son medidas que deberían acercarnos a la media europea, lejos de la excepcionalidad española, pero nada que a priori deba suscitar el miedo de los actores económicos. Ahora bien, esos actores tienen que poner la actividad que desarrollan al servicio del bienestar de la población. Eso exigirá nuevas regulaciones, cambios institucionales y económicos. Pero Podemos, hasta la fecha, no ha hablado de nacionalizar la industria española o de expropiar el Ibex ni ese tipo de cosas.

Estamos en un debate intelectual y político honesto, pero hay un interés fuerte en deslegitimar y en cuestionar las propuestas antes de que sean conocidas. Muchas de las cosas que planteamos en cuanto a fiscalidad, gasto público, reestructuración de la deuda son cosas que han dicho economistas muy conocidos –Piketty, Stiglitz, Krugman, Wolfgang Munchau– en el Financial Times. Asuntos que están en el debate académico y económico, pero es difícil plantearlos en el terreno político por esa vocación de destrucción del oponente. Un debate honesto debería exigir que esas propuestas estuvieran encima de la mesa.

¿El mundo financiero debe estar más preocupado si ustedes llegan a gobernar?

El sistema financiero tiene que ponerse al servicio de las necesidades productivas y sociales. Eso no quiere decir que haya que nacionalizarlos. Quiere decir que habrá que regular algunos aspectos como, por ejemplo, diferenciar entre la banca de inversión y la banca comercial. Esa diferencia, borrada a lo largo de los años 90 en el mundo anglosajón y luego en el mundo continental, debería recuperarse. O, por ejemplo, la tasación que ATTAC lleva años reclamando sobre las transacciones financieras. Supondría incrementar el 0,1% los impuestos sobre esas transacciones.

Estos aspectos serían ya cambios importantes en la regulación de un sector en el que la crisis ha evidenciado las consecuencias de que permanezca totalmente desregulado y liberalizado. Pensemos que es un sector que maneja una de las mercancías más delicadas que hay en nuestro sistema, el crédito. Una mercancía vital para el funcionamiento de empresas, de hogares y la correcta fluidez del sistema. Abandonarlo en manos del sector privado tiene un riesgo si uno no lo regula de alguna forma. Esa forma puede ser cierta capacidad de controlar el volumen de crédito que puedan dar las entidades financieras.

Tras la quiebra de Lehman Brothers, los Gobiernos se juramentaron para refundar el capitalismo, y hasta hoy. De la crisis se sale a costa de las clases medias y de los más desfavorecidos, no del sistema financiero. ¿Por qué ustedes van a poder regular ese sistema, en qué se diferencian de las otras fuerzas políticas?

Precisamente por ser conscientes de quién soporta la crisis, sabemos que tenemos por delante una tarea muy difícil. La diferencia es que al menos tenemos voluntad política de hacerlo. El problema es que, cuando estalla la crisis, se produce el colapso financiero y Sarkozy nos dice que es necesario refundar el capitalismo; a lo que asistimos es a una gesticulación, pero sin voluntad política. Junto a nuestra voluntad están los cambios necesarios en la correlación de fuerzas y en la capacidad de negociación para modificar el país y Europa. Lo vemos ahora con Grecia. ¿Podrá? Ya veremos, pero lo está intentando. Más allá de las gesticulaciones, los grandes poderes y las dos corrientes políticas principales que hay en Europa –conservadores y liberales por un lado y socialistas por otro– no han tenido auténtica voluntad de regular un sector cuyo efecto ha sido terrible a la hora de explicar la crisis.

¿Las grandes entidades bancarias y las corporaciones o empresas se han acercado ya a Podemos?

Lo dijo Pablo Iglesias. Está habiendo conversaciones con diversos actores financieros y económicos, no puedo decir si son bancos o no. Pero se harán públicas. Nosotros no llamamos a nadie, nos llama mucha gente. En todo caso, lo que nosotros planteamos no es que no haya que hablar con esos actores o que los bancos privados sean demonios. Lo que decimos es que un sector especifico, con importancia capital en nuestra economía y en nuestra sociedad, debe estar sometido a cierta regulación. Es tan importante que no solo hay que garantizar una banca privada, sino una banca pública.

¿Y con qué hacen una banca pública? ¿Qué nacionalizan?

¡Pero si ya tenemos un banco público estupendo que es Bankia! El problema es que es necesario hacer de Bankia una entidad verdaderamente pública, que esté dirigida a apoyar el crédito a los hogares y a las pequeñas empresas, a los autónomos. Ya existe una base sobre la que construir una banca que no esté apoyada exclusivamente en los criterios de rentabilidad.

Si estuvieran gobernando y aún no se hubiera solucionado el problema, ¿los accionistas minoritarios de Bankia y los preferentistas, engañados por los anteriores gestores, tendrían que ser resarcidos con el dinero de Bankia, que es dinero de todos los ciudadanos?

Soy honesto y le digo que no tenemos una posición clara. Tenemos que pensar y avanzar en ese tema. Pero lo que es evidente es que nuestra sensibilidad es manifiesta hacia aquellas personas que invirtieron en un banco que formalmente salió a bolsa mintiendo a sus accionistas desde el primer día. De todas formas, el Gobierno va a tener que enfrentarse no al problema de si paga o no paga, sino a lo que digan los tribunales.

¿Asumirían lo que digan los tribunales, aunque no les guste?

Lógicamente. Cualquier Gobierno asume lo que digan los tribunales.

¿Y asumirían la deuda que han dejado los Gobiernos españoles? Esas deudas no son deuda odiosa que provenga de una dictadura, sino que ha sido firmada por Gobiernos votados en democracia.odiosa

Con el tema de la deuda, hicimos una resolución que identificaba dos problemas. Tratábamos de responder a esas dudas. No tanto al carácter odioso, porque deuda odiosa es un término que en derecho internacional se ha utilizado para la deuda que viene de dictaduras; por tanto, su utilización en el caso de las realidades europeas es más compleja. Pero sí que hay una caracterización recogida en el derecho internacional, especialmente en las relaciones internacionales.

Se trata del carácter ilegítimo de la deuda. Ahí hay mucha más discusión. Acabamos de saber que el endeudamiento público supera ya el billón de euros y entramos en esta crisis con unas finanzas públicas muy saneadas, tanto en términos de superávit como de deuda. El fuerte incremento que sufre la deuda pública se explica por varios factores: nuestro ritmo de destrucción de empleo es muy fuerte y los gastos por desempleo tienen que incrementarse y se incrementan con endeudamiento público; tiene que ver con la caída de la propia recaudación fiscal al aumentar la gente sin trabajo y sin cotizar, pero tiene que ver también con un proceso de socialización de las pérdidas del sector privado, en buena medida las vinculadas a nuestro sistema financiero, que pasan a ser asumidas por el sector público, y esa deuda tiene un cierto componente de ilegitimidad política.

Un cierto componente de ilegitimidad por socializar deudas privadas, ¿y qué van a hacer?

Me refiero a la dimensión vinculada a cómo ha sido la distribución de los costes en el curso de la crisis. En el caso español y otros europeos, a diferencia de otros procesos de reestructuración –por ejemplo, el de Suecia en el año 93–, el reparto de los costes de la crisis ha sido sumamente desigual. Básicamente han sido los contribuyentes los que han pagado el rescate del sistema financiero, que no ha asumido prácticamente ningún coste, a diferencia de lo que se ha hecho en EE UU o, como decía, en Suecia. Con el planteamiento político e ideológico de que este proceso da lugar a una deuda ilegítima, lo que queremos es revelar esta distribución tan desigual de los costes; esa es una dimensión.

¿Y la segunda dimensión?

Es la que fundamentalmente se aborda en el debate académico y económico. Al margen de cómo se haya producido este endeudamiento –haya sido para hacer aeropuertos en Castellón que no usa nadie o para pagar la sanidad pública o las pensiones en un momento dado–, estamos de acuerdo con prestigiosos economistas e investigadores que subrayan cómo en Europa hemos llegado a un volumen de endeudamiento tal que, si a las economías periféricas se nos obliga a cumplir con los objetivos de Maastricht –mantener superávit en sus cuentas públicas después de pagar los intereses de la deuda para cumplir con el criterio fijado en el año 2020 o 2025–, a lo que estamos obligando a estas economías es a que en los próximos quince años tengan superávit del 7% en el caso de Grecia, del 6% en el caso de Portugal, del 3 o 4% en los de España e Italia. Un objetivo imposible que no ha sucedido nunca en la historia de las economías, salvo casos concretos como el descubrimiento del petróleo en Noruega, o similares.

Tenemos un enorme problema de endeudamiento en estas economías. Desigual, porque no se puede comparar Grecia con España ni por volumen de deuda ni por capacidad de repago, pero lo que tenemos es una situación que si no solucionamos estamos abocados a una realidad como la japonesa. A décadas en las cuales el crecimiento se va a ver lastrado por niveles altísimos de endeudamiento. Tanto el Estado como el sector privado se verán imposibilitados para acometer nuevos procesos de gasto y de inversión.

A la vista de lo que ha logrado Grecia, ¿cómo piensan llevar adelante esas posiciones, si están solos en los planteamientos ante Bruselas? ¿Tienen suficiente grado de soberanía económica para hacerlo?

La realidad es que estamos en una situación en la que el avión no tiene piloto. Vuela con el automático y además está perdiendo altura. El escenario de saltar [del avión] es un escenario viable, pero ni nos lo planteamos. Nuestra idea es contribuir a que, entre todos, en Europa primero podamos apagar el fuego y luego tomar los mandos del avión. La tarea es difícil, pero el escenario de saltar pensamos que es peor y no se contempla, es posible y deseable avanzar en un proceso de reestructuración de la deuda. Es el mejor de los escenarios.

¿Sin mayoría de Gobiernos progresistas o radicales en la UE?

El Gobierno irlandés se opuso a cualquier cambio en la situación de Grecia, pero su ministro de Finanzas hace unas semanas dijo que estarían encantados de ir a una conferencia sobre la reestructuración de la deuda en Europa. Que Irlanda acudiría. Y [el irlandés] es un Gobierno de centroderecha liberal. El debate de cómo reestructurar las deudas y la necesidad de hacerlo no pertenece a un ámbito ideológico en particular. Desde Alemania se ha hecho mucha moralización con que las deudas han de pagarse, pero no funciona.

Tenemos un problema económico de una enorme magnitud en el que coincide el mundo académico de todos los espectros ideológicos, véase los economistas de Harvard Reinhart y Rogoff, que dicen que hay que avanzar en ese camino. Incluso entre sectores de los mercados financieros hay posiciones a favor de avanzar en algún tipo de reestructuración de deudas, frente al bloqueo político que está impuesto. Es imposible que aparezcan Gobiernos dispuestos a modificar ese bloqueo de la noche a la mañana, pero sucederá. Fijémonos en la posición del Gobierno italiano y del Gobierno francés; se ha modificado, no mucho, pero lo han hecho y Bruselas ha aceptado. La llegada nuestra, la cuarta economía de la zona euro, con un nuevo actor político, puede contribuir a incrementar esa tendencia a la modificación.

En algún foro financiero al que he asistido últimamente, los mercados financieros a quienes dirigían sus preguntas no era a los representantes de Syriza o de Podemos diciendo: “Estáis locos, vais a hundir Europa”. Preguntaban a los representantes alemanes, diciéndoles: “Vuestra intransigencia va a hacer que Europa se mantenga en el filo de la deflación durante las próximas décadas”.

¿Quién se encargaría de hacer esa auditoría de la deuda para determinar qué es deuda legítima o ilegítima? ¿Alguna de las cinco grandes auditoras del mundo?

Hay ejemplos distintos. Países que han encargado la auditoría a consultoras internacionales y ejemplos de países que a nosotros nos parecen más interesantes, encargándosela a expertos en el manejo de la deuda pública y privada, pero que trabajan bajo la mirada de organizaciones civiles, como pueden ser Oxfam, Cáritas o Cruz Roja. En España tienen un peso social suficiente como para hacer la supervisión. Lo hemos hablado con varias de ellas y son muy partidarias de avanzar en este proceso de auditoría.

Separamos claramente las dos cosas. Una cosa es una auditoría que tiene que ser realizada por técnicos, al margen de que exista una sociedad civil organizada que pueda participar del proceso. La forma concreta habría que diseñarla. Nadie le está diciendo al presidente de Cáritas que se ponga a auditar la deuda, tienen que ser técnicos competentes y habría que garantizar la diferencia con los comités de expertos muy sesgados, que responden básicamente a los intereses de quien los nombra. Para una auditoría correcta habría que elegir expertos lo suficientemente plurales.

Ustedes aparcaron el concepto de renta básica por el de renta ciudadana. ¿De qué sirve una renta ciudadana si no la adoptan los países de tu entorno? ¿Y para quién sería?

Sí, es verdad que ya no hablamos de renta básica universal, pero el concepto solo está aparcado, el debate está presente dentro de Podemos.

¿Y usted es partidario de la renta básica universal?

Soy partidario de no pronunciarme personalmente sobre las cosas que se están debatiendo en Podemos en este momento.

Esa respuesta sería el equivalente al “hoy no toca” de un banquero o de un político de la “casta”.

No, simplemente es la respuesta de que eso se está debatiendo y no me pronuncio. La realidad es que somos mucho más sensibles a una medida que pueda ser implementada de forma inmediata y la renta básica universal exigiría un proceso de transición largo, un cambio importante en la fiscalidad. Y nosotros –los que estamos elaborando el programa, el Consejo Ciudadano– lo que priorizamos es una renta de ciudadanía que garantice que en nuestro país no haya personas sin ningún tipo de recurso, que no exista una situación en la cual tengamos a trece millones de personas en riesgo de pobreza; cinco millones de parados, de los cuales más de la mitad –según otros estudios, son dos tercios– no tienen ni subsidio ni ninguna prestación. Uno de cada cuatro cuando hablamos de parados de larga duración, gente sin cobrar una renta mínima de inserción social que garantice su subsistencia.

¿Efecto llamada si no se implementa en otros países europeos? No lo tengo claro. Pensemos en el salario mínimo interprofesional de Francia. ¿Produce efecto llamada? La renta básica del País Vasco, ¿hace que todo el mundo quiera ir a trabajar allí? O la que acaba de plantear el PP para Extremadura, muy limitada para nosotros, pero es un primer paso que ha dado el PP de Monago. Hay situaciones que van más allá de las ideologías, como la constatación de que no puedes tener a una gran parte de tu población sin ningún ingreso. No creemos que la gente de Córdoba, con la propuesta de Monago, vaya a salir corriendo para Extremadura. De hecho, la movilidad de la gente es limitada. La salida que está teniendo lugar de españoles al extranjero es muy fuerte pero aún tenemos 5,5 millones de parados, porque salir tiene un coste muy importante. Tu familia, tus amigos, tu vida...

¿Salvarían algo de la reforma laboral de Rajoy?

Planteamos la necesidad de derogarla. Abarata sustancialmente los costes de despido, realiza una voladura de los cauces de la negociación colectiva y acaba con ciertas garantías que impedían la precarización del trabajo. El Gobierno dice que al abaratar los salarios mejora la competitividad y los empresarios contratan más, pero en buena medida los 400.000 puestos creados son precarios. Rajoy pretende encerrarnos en un debate tramposo: ¿qué es mejor, comer un bocata o estar en el paro? Esa discusión no es propia de una sociedad democrática avanzada.

Primero, no podemos tener un salario mínimo por debajo del umbral de pobreza. Los trabajadores pobres son una realidad lacerante surgida en los últimos años. Hoy día ya no basta tener un trabajo para no ser pobre. Segundo, en nuestro país se han implementado decenas de reformas laborales, todas ellas diciendo que iban a terminar con la dualidad del mercado de trabajo. Para eso han reducido las prestaciones y la cobertura de los trabajadores indefinidos y ninguna ha conseguido terminar con la temporalidad, porque ninguna ha penalizado esa temporalidad, que sería una forma de avanzar contra la precariedad laboral. No puede ser que la temporalidad esté totalmente descausalizada, como sucede ahora.

Dicen algunos que el coste del despido en España era elevado antes de la reforma –es más, algunos sectores defienden que sigue siendo elevado– y hoy más del 20% tienen un coste de despido básicamente nulo, como es la no renovación. El trabajo temporal determina en buena medida la precariedad, que también tiene mucho que ver con la voladura de los cauces de la negociación colectiva y con la pérdida de nuestra capacidad adquisitiva, que supera el 10% en los últimos años.

¿Cómo recuperarían la negociación colectiva y los derechos de los trabajadores?

Recuperando en buena medida el texto legal que existía antes de la reforma laboral. Restituiríamos un marco de negociación equilibrado, la negociación colectiva.

Pero los sindicatos están hechos unos zorros en su prestigio. Casi como el de los políticos.

Sabemos cómo es la realidad sindical y su papel en los últimos años, pero no le corresponde a un Gobierno legislar sobre los actores sociales. Lo que hay que posibilitar es que los agentes sociales puedan desenvolverse con equilibrio entre las partes. La reforma laboral ha llevado a la pérdida de derechos y de capacidad adquisitiva de los trabajadores. Ese era el objetivo declarado por el Gobierno y la troika, reducir los costes laborales unitarios. Es una discusión correcta desde el punto de vista económico pero, desde el punto de vista social, el efecto es terrible. El empleo que se está creando no está vinculado a la mejora de las exportaciones, que ya no son el motor que tira de la economía española, otra vez tenemos déficit en el sector externo. Es la demanda interna la que tira del crecimiento.

Si las cosas están mal, ¿por qué crece el consumo?

En una parte, tiene una explicación: donde antes el Gobierno recortaba cien ahora recorta menos; es decir, que en el año preelectoral 2014, el ritmo de ajuste fiscal que el Gobierno ha impuesto a la economía se ha reducido sustancialmente. Es más, ha crecido el gasto público. No se nos puede decir que la austeridad es necesaria y cuando analizamos lo que está sucediendo con la evolución del gasto público, comprobamos que la austeridad es un arma muy poderosa para salir de la crisis durante los años 2012 o 2013, pero en 2014 –víspera de 2015 y de elecciones generales– llegamos a un relax importante en el recorte del gasto y la gente vuelve a respirar. Lo cual evidencia, primero, que hay margen, segundo, que es posible y tercero, que ese instrumento debe ser utilizado para posibilitar la salida de la crisis, además de para mejorar las condiciones de vida de la gente.

¿Qué piensan sobre el contrato único y el marco laboral concreto que establecerían?

No tenemos una propuesta clara.

Son ustedes un partido que puede gobernar y no lo tienen claro aún.

Tampoco las tienen los otros partidos.

Los otros partidos mayoritarios han gobernado y la gente ya tiene una idea formada sobre sus políticas.

No podemos dar propuestas antes de unas municipales y unas autonómicas.

Pero usted es una de las cabezas privilegiadas de Podemos.

No sé si privilegiada o cualificada. Eso tendrá que decidirlo la ciudadanía. Son preguntas sobre cosas en las que vamos avanzando y se harán públicas cuando se pueda. Si pregunta si estábamos mejor con el marco legal anterior, sí. Era un marco con problemas, pero defendía mejor las condiciones de vida de la mayoría de la población que vive de su trabajo.

Brecha salarial femenina. ¿Qué van a hacer?

Es vergonzosa, responde a factores de sobra conocidos. Vivimos en sociedades patriarcales, pero no todas organizan igual el sistema de cuidados. Hay sociedades que tienen la educación infantil universalizada. Cuando uno observa cómo se produce la inserción de la mujer en el mercado laboral –ahora es malísima, seas chica o chico–, lo que uno ve es que en las chicas, en cuanto llega la maternidad, se produce un abandono de las mujeres y su posterior reinserción se hace muy difícil. Ojo, ya hubo una voluntad política por cambiar esto. El primer Gobierno de Zapatero lo hizo con pasos y una simbología importantes. La cuestión es cómo somos capaces de reorganizar los cuidados a nivel social para que las mujeres no se vean discriminadas continuamente en el mercado de trabajo y, por tanto, sometidas a esa continua brecha salarial.

Esa reorganización pasa por varios frentes: universalizar la educación infantil, gratuita y accesible a todas las familias; y eso no se consigue con un cheque bebé, sino universalizando el sistema educativo como en las otras etapas de la escolarización; establecer cómo se adoptan los permisos de maternidad y paternidad. En estos momentos son transferibles y son mayoría las mujeres que se acogen a ese permiso. Cuando un empresario contrata a una mujer sabe que está contratando a alguien que si se queda embarazada va a tener un coste. Sobre la mesa hay propuestas como los permisos de paternidad intransferibles. Que cuando un empresario tenga que contratar no piense que contratar a una mujer es más caro que contratar a un varón. Todas las encuestas dicen que la sociedad española acepta muy bien el igualitarismo, pero es necesario plantear medidas que lo acompañen. Los permisos parentales intransferibles ya han pasado por el Congreso, y se aprobaron, pero ha faltado voluntad política para ponerlos en marcha.

¿Juan Carlos Monedero no tenía que haber actuado de otra manera? Con la declaración complementaria, ¿no ha reconocido su intención de eludir una parte de la fiscalidad, después de lo que ustedes están criticando a los demás?

[Interviene el jefe de prensa de Podemos, presente durante toda la entrevista, para puntualizar que “esto era una entrevista de temas de economía”. La fiscalidad y el pago de los impuestos son muy económicos. “Las respuestas sobre Juan Carlos Monedero las da Juan Carlos Monedero”, remata.]

¿Qué sentido tiene adoptar medidas contra los paraísos fiscales y la evasión si no se adoptan en toda la Unión Europea?

Hay que separar lo que es estrictamente corrupción y lo que son delitos que no se corresponden con la corrupción, sino que son evasión fiscal. El fraude fiscal y la economía sumergida aquí es un 25% del PIB, mientras que la media europea es el 12%, duplicamos la media europea. Eso quiere decir que para tomar medidas en España hay que ponerse de acuerdo con Europa, sería lo ideal. Pero también es verdad que, tomándolas en España, seguramente podamos acercarnos a la media europea. Contra el fraude, lo primero, dotar de más personal a la Administración y segundo, concentrar la lucha allí donde dicen los técnicos y los inspectores que se concentra en un 70%, en el impuesto sobre beneficios y en particular los impuestos sobre las grandes fortunas y las grandes empresas.

Por otro lado esta la elusión, que es legal, pero tenemos una realidad y es que el tipo efectivo de nuestro impuesto sobre sociedades ha bajado 10 puntos. Ahora bien, la discusión da un poco igual. Con que fuera el 20 me conformaba, pero es que el tipo efectivo –no el nominal, ¿eh?–, el efectivo que pagan las grandes empresas después de acogerse a todas las exenciones que el sistema legal les permite, está en este momento en el 3, 4 o 5%. Es decir, tenemos al Ibex pagando efectivamente impuestos al 5%. Parece que ahí tenemos margen para combatir tanto la elusión como la evasión.

¿Qué harían con el IVA?

No puedo dar una propuesta concreta, no es pública. Pero como se pueden imaginar, no somos partidarios de que la tributación fiscal descanse en el IVA. No estoy hablando de que tenga que haber una rebaja sustancial, pero nos parece un exceso el IVA cultural, que ha castigado durísimamente a la cultura en este país, seguramente tendrá que ser repensado.

¿Y sobre el IRPF?

Pensamos que el problema no está tanto en los tramos sino en aquellas exenciones que alejan los tipos efectivos de los tipos nominales, y que el otro problema tiene que ver con hacer aflorar el fraude fiscal y con ensanchar las bases fiscales. Debiera ser una medida básica a la hora de repensar la necesidad de un incremento en los ingresos del Estado. Seguimos 8 puntos del PIB por debajo de la media europea, España tiene margen.

Defínase ideológicamente.

La realidad es más compleja que apuntarme a una escuela económica. Soy un heterodoxo.