La UE cancela la cumbre con Canadá sobre el CETA por el veto de la región belga de Valonia

La UE ha cancelado la cumbre que este jueves tenía que celebrar con Canadá para firmar el CETA. El veto que mantiene el Gobierno de Valonia (Bélgica) sobre este tratado de libre comercio ha imposibilitado que la reunión se pueda celebrar como estaba previsto. Las conversaciones que el miércoles mantuvieron el Ejecutivo regional y el belga para tratar de acercar posturas terminaron sin acuerdo y ambos retomarán este mismo jueves los contactos. Ante el bloqueo belga, el primer ministro canadiense, Justin Trudeau, pospuso anoche su viaje a Bruselas, según un portavoz del Gobierno canadiense. “Confiamos en que en los próximos días veremos un resultado positivo para este acuerdo histórico”, dijo Trudeau esta semana ante su Parlamento.

Desde que el 14 de octubre el Parlamento valón de la región francófona impidió al Gobierno belga firmar el CETA, se han multiplicado las reuniones a varios niveles para tratar de desbloquear las negociaciones. Encuentros entre representantes de la Comisión Europea, el Ejecutivo valón y el Gobierno federal; y conversaciones entre los propios belgas. Incluso ultimátums no cumplidos y un desencuentro con los canadienses.

En estos días ha habido avances en materia agrícola, un sector que ha ido ganando peso en la economía regional, desde que a mediados del siglo pasado sufriera un proceso de desindustrialización. Valonia teme que Canadá pueda exportar productos manipulados genéticamente. Pero el gran punto de desencuentro radica en los tribunales de arbitraje que prevé el tratado para dirimir las disputas entre empresas y Estados.

Bruselas no ha parado de insistir en que ya modificó el mecanismo. Aunque los jueces sigan estando al margen del ordenamiento nacional, ya no los pueden escoger las multinacionales, sino que serán seleccionados por la UE y Canadá. También promete que los tribunales se inspirarán en la justicia de los Estados miembros, o en la Corte de La Haya.

Pero el ministro presidente francófono, Paul Magnette, exige más garantías. No quiere tener que indemnizar a las empresas si aprueba una ley que va en contra de sus intereses. Una demanda a la que el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, respondió con ironía. “Cuando concluimos [en agosto de 2015] un acuerdo comercial con Vietnam, mundialmente conocido por aplicar todos los principios democráticos, nadie levantó la voz. Cuando lo hacemos con Canadá, una dictadura redomada, hay protestas”.

Juncker lo dijo el pasado viernes, al término de la cumbre que los líderes europeos celebraron a finales de la semana pasada en Bruselas. Y el mismo día en que se precipitaron los hechos. Prácticamente a la misma hora en que Juncker comparecía en rueda de prensa, en un despacho diferente y en otro punto del país, la ministra de comercio canadiense, Christia Freeland, se levantó de la mesa de negociaciones con el Gobierno valón, dando las conversaciones por fracasadas. Sus tres días en Bélgica no habían dado fruto.

A la mañana siguiente rebajó el tono, aunque ello no le impidió coger un avión de vuelta a Toronto y enviar un mensaje a los europeos: “Nuestro trabajo está hecho. Hemos acabado de negociar y la pelota está ahora en el tejado europeo. Es el momento de que Europa termine su trabajo”. Y expresó un deseo: “Espero volver a Europa con mi primer ministro [Justin Trudeau] el próximo 27 de octubre para firmar este acuerdo”.

Y el domingo llegó el ultimátum al Gobierno valón. El presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, dijo que la región tenía 24 horas para tomar una decisión. “La imposición de un ultimátum no es compatible con el ejercicio democrático”, replicó Magnette. Desde entonces, las reuniones han proseguido hasta hoy.

Pero ¿por qué ha podido la región de Valonia bloquear el CETA? En primer lugar, porque los líderes europeos –con la canciller alemana, Angela Merkel, al frente– exigieron en junio que el acuerdo debía ser mixto. Es decir, que los parlamentos nacionales tenían que dar su visto bueno. Y Bruselas aceptó.

En segundo lugar, porque las regiones belgas tienen competencias en política exterior, un poder que Flandes pidió durante la reforma constitucional que Bélgica acordó en 2010 y que el Gobierno socialista valón ha aprovechado ahora para defender sus intereses. Tanto económicos como políticos, porque el partido de la izquierda radical le está alcanzando.

Las dificultades que plantea Valonia, no obstante, no son las únicas con las que se enfrenta el CETA. Si finalmente su Gobierno da su brazo a torcer, más mortíferas pueden ser en el futuro las reservas que ha planteado el Tribunal Constitucional alemán. Este ha permitido al Ejecutivo de Angela Merkel firmar el tratado para que pueda entrar en vigor de forma provisional, pero a cambio de duras condiciones. Le ha obligado a retirarse del pacto si los jueces detectan que algunos de sus artículos son contrarios a la constitución germanas.