CCOO convoca protestas el 10 de noviembre para exigir al Gobierno que negocie mejoras del empleo público

Protestas de trabajadores públicos por “incumplimientos” del Gobierno. Comisiones Obreras ha convocado movilizaciones ante las sedes de las subdelegaciones del Gobierno de todas las provincias, y ante la sede del Ministerio de Hacienda en el caso de Madrid, el próximo 10 de noviembre a las 11h para exigir al Ejecutivo que cumpla con los acuerdos firmados y los compromisos de mejoras de las condiciones laborales de la pantilla del sector público.

La secretaria de Acción Sindical y Empleo, Mari Cruz Vicente, ha señalado este jueves en una rueda de prensa que la convocatoria de protesta responde a la “negativa del Gobierno” para abrir los procesos de negociación sobre las cuestiones pendientes que atañen al empleo público. “Irán creciendo en función de cómo se vayan moviendo las posiciones del Gobierno”, ha advertido Vicente sobre lsa movilizaciones, recoge la agencia Europa Press.

El portavoz del Área Pública de CCOO, Humberto Muñoz, ha señalado que con estas manifestaciones pretenden “recriminar al Gobierno el incumplimiento de los compromisos” adquiridos con el sindicato, entre los que ha citado el acuerdo de 2018, relativo a la mejora del empleo público, y el firmado el pasado 5 de julio.

El sindicato también exige abrir el proceso de negociación para un tercer acuerdo plurianual para regular las condiciones de los trabajadores de las Administraciones Públicas y seguir avanzando en la mejora del empleo publico.

Recuperación de poder adquisitivo perdido

Entre las peticiones al Ejecutivo, están la recuperación del poder adquisitivo perdido durante la crisis financiera y la mejora de los servicios, afectados por el impacto de la pandemia. También la modernización y el rejuvenecimiento de las plantillas de las administraciones públicas, donde la media de edad “es muy alta”, como ha apuntado Vicente.

Respecto a la pérdida de poder adquisitivo, la secretaria de Acción Sindical ha recordado que los trabajadores públicos perdieron entre 11 y 18 puntos de capacidad de compra durante la anterior crisis, y solo han recuperado 4 puntos.

Vicente también ha reprochado al Gobierno la subida salarial “sin margen de negociación” del 0,9% para 2021 y la del 2% para 2022, recogida en el proyecto de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para el próximo año, de nuevo, acordada sin el diálogo con los sindicatos. “No podemos avalar estas medidas porque se alejan de los objetivos marcados de recuperación del poder adquisitivo, clave para contribuir al proceso de recuperación”, ha dicho en la rueda de prensa de este jueves.

Para Muñoz, esas subidas salariales en la Función Pública resultan “completamente insuficientes” y no dan respuesta a los recortes sufridos en años anteriores. Aún así, ha precisado que la subida salarial “no puede ser un hecho que se produzca de forma abrupta” y ha defendido la negociación de marcos plurianuales.

Renovación del personal

Además, el portavoz del Área Pública se ha detenido en el “elevadísimo porcentaje de empleados públicos que van a pasar a situación de jubilación”. Esta situación exige “proveer de empleo público” para evitar que el funcionamiento de los servicios públicos “se nos venga abajo”. Un estudio del Ministerio de Función Pública de 2019, cuando estaba liderado por Meritxell Batet, preveía que más de la mitad (el 51%) de la actual plantilla de la Administración General del Estado se jubile en los próximos diez años, por ejemplo.

El sindicato ha pedido que ese empleo público sea “estable, de calidad y con unas condiciones dignas”. Del mimo modo, ha insistido en que la tasa de temporalidad en las Administraciones Públicas no supere el 8%, un compromiso de la época del gobierno de Mariano Rajoy para el año 2020, que no se cumplió.

Las peticiones de CCOO con estas movilizaciones también incluyen la recuperación de la jornada de 35 horas, adaptada a las necesidades de los diferentes sectores, la aprobación de los planes de igualdad y de medidas de corresponsabilidad y conciliación, el pleno derecho a la negociación colectiva o la constitución de la Mesa de Diálogo para el sector público empresarial.