El escándalo Wirecard salpica a la ejecutiva española que pilota el giro verde de la petrolera Galp

El escándalo de la tecnológica alemana Wirecard ha ensombrecido la exitosa trayectoria de la ejecutiva española de mayor rango en Portugal, Susana Quintana-Plaza. Esta manchega, no muy conocida en España pero con un destacado periplo en puestos de relevancia en grandes compañías extranjeras, es consejera ejecutiva de la petrolera Galp y máxima responsable del negocio de renovables de esa compañía, una de las mayores del país vecino. Su reciente vinculación (sin ninguna función ejecutiva) con Wirecard la ha puesto en el disparadero de una parte de la izquierda lusa. Galp ratifica su plena confianza en ella.

Quintana-Plaza, que es una de las ocho personas que integran el comité ejecutivo de Galp, fue una de las seis integrantes del consejo de supervisión de Wirecard desde 2018 hasta su dimisión el pasado abril, días antes de que saliera a la luz el multimillonario fraude en la compañía germana de pagos electrónicos, que el mes pasado se declaró insolvente.

En un momento en el que todavía colea un escándalo de corrupción en la principal empresa de Portugal, la eléctrica EdP, en algunos sectores de la izquierda lusa se ha empezado ya a cuestionar la idoneidad de la ejecutiva española para el relevante cargo que ocupa en Galp, compañía de la que el Estado portugués tiene un 7,5%.

El Bloco de Esquerda, uno de los principales apoyos parlamentarios del gobierno del primer ministro socialista Antònio Costa, ha preguntado al regulador bursátil portugués, la Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), si va a “proceder a una evaluación formal” de la idoneidad de Quintana-Plaza para ese puesto ejecutivo, dada su reciente vinculación con esa compañía alemana, a la que la presidenta de la CMVM, Gabriela Figueiredo Dias, calificó recientemente como “un ejemplo” de “malas prácticas y conductas impropias” que ha puesto de relieve las “vulnerabilidades de los mecanismos de gobierno corporativo”.

Ingeniera aeroespacial formada en Estados Unidos con un MBA en Harvard, Quintana-Plaza, nacida en Ciudad Real en 1974, cuenta con un brillante currículum en grandes multinacionales de la industria aeronáutica, la energía, la consultoría y el capital riesgo, con cargos de relevancia en firmas como Boeing, E.ON, Siemens o ahora, la petrolera portuguesa, que la fichó en abril de 2019 para formar parte de su comité ejecutivo.

En Galp es la responsable de Renovables y Nuevos Negocios, un puesto crucial en un momento en el que todas las grandes petroleras están girando hacia la descarbonización porque la transición energética obliga. En esa apuesta se enmarca la adquisición, el pasado enero, del negocio fotovoltaico de la constructora española ACS por 2.200 millones de euros para convertir a Galp, quinta distribuidora de carburantes en España por número de gasolineras, en “el principal player de energía solar de la Península Ibérica”, con una cartera de proyectos de 2,9 gigavatios en 2023.

En el consejo de vigilancia de Wirecard, la española estuvo algo menos de dos años, desde junio de 2018 hasta su precipitada salida a principios de abril. Estaba adscrita, con la calificación de independiente, al comité de Remuneraciones, Recursos Humanos y Nombramientos. La empresa germana anunció su salida (con efectos desde el 7 de abril) el 29 de abril, solo un día después de publicar los resultados de una auditoría de la firma KPMG en la que se reconocían las primeras irregularidades. Quintana-Plaza, cuyo mandato expiraba en 2021, adujo “razones personales para concentrarse en su responsabilidad operativa en el futuro” tras casi un año como ejecutiva en Galp, según explicó entonces Wirecard.

Preguntada por este asunto, la petrolera portuguesa indica a elDiario.es que “en relación con las informaciones publicadas sobre WireCard, Galp ha activado sus procedimientos y requisitos de control y gobernanza y no tiene registro de ningún hecho que pueda poner en duda la idoneidad de su administradora ejecutiva Susana Quintana-Plaza”. La compañía no precisa si la ejecutiva (que ha declinado atender a este medio) ha puesto su cargo a disposición de la empresa.

Una “acción inmediata”

Según publicó la semana pasada Financial Times, ya en junio de 2019 un informe de la consultora McKinsey advirtió a la compañía alemana de pagos electrónicos de la necesidad de adoptar una “acción inmediata” para hacer frente a la ausencia de controles en sus mayores negocios. El influyente diario económico británico, que ha sido clave en la caída de Wirecard (ya en 2015 empezó a cuestionar sus prácticas y en febrero de 2019 advertía de un “escándalo contable” por sus operaciones en Singapur), aseguró que el documento de McKinsey fue remitido tanto al consejo de administración de Wirecard como al consejo de supervisión del que formaba parte entonces Quintana-Plaza.

El caso, en el que la Fiscalía alemana investiga presuntos delitos de manipulación contable y de mercado o blanqueo de capitales, y que de momento se ha saldado con la detención de varios directivos de la compañía, entre ellos el ex consejero delegado Markus Barun, se ha comparado con el escándalo de la eléctrica estadounidense Enron a comienzos de este siglo. También ha puesto en entredicho el papel de los auditores de la compañía germana (la firma EY) y al supervisor financiero alemán (BaFin), tras destaparse que la empresa de pagos electrónicos, ahora insolvente, infló su balance con 1.900 millones, una cuarta parte del total. Supuestamente esos fondos estaban en dos cuentas de un banco de Singapur en Filipinas. Según ha reconocido recientemente la firma germana, esos fondos probablemente “no existían”. 

La fintech, que comenzó su andadura gestionando pagos para juegos de azar y sitios web para adultos y acabó procesando pagos para gigantes como Visa y Mastercard, es la primera compañía del DAX (el Ibex germano) que se ha declarado en bancarrota. Llegó a superar la capitalización bursátil de Deutsche Bank, con un valor de más de 25.000 millones.