La Inspección de Trabajo inicia una huelga para exigir las mejoras prometidas: “Nunca creímos que llegaríamos a esto”
Este lunes se inicia la primera huelga indefinida de la historia de la Inspección de Trabajo. Todo el personal, el administrativo, subinspectores e inspectores de Trabajo, están llamados a parar por la mayoría de representantes de la plantilla para tratar de pelear hasta el último momento por varias mejoras laborales pactadas con el Gobierno hace dos años, en julio de 2021, y que están a riesgo de quedarse en un cajón. A menos de un mes de las elecciones generales, los sindicatos han convocado esta medida de presión in extremis. “Nunca creímos que llegaríamos al día de hoy en esta situación”, lamenta una fuente sindical.
Las organizaciones convocantes del paro son todas las que firmaron el acuerdo con mejoras de julio de 2021 (UGT, CSIF, UPIT, SITSS, CIG,USESS y SISLASS), salvo CCOO, que se ha descolgado de la huelga al considerar que ya no hay un interlocutor válido tras la convocatoria electoral, para “enfado” del resto de sindicatos. Por otro lado, el sindicato de subinspectores SESLAESS, que no suscribió este acuerdo de 2021, tampoco llama a la huelga.
Aunque el paro nace formalmente como indefinido, fuentes sindicales reconocen que en breve se resolverá si el Gobierno de PSOE y Unidas Podemos accede a sus reclamaciones o no, “en los próximos días”. En caso de que no fuera así, el conflicto ya dependería de otro Ejecutivo, el que resulte de las urnas del 23J, por lo que posiblemente se desactivaría la medida, admiten desde la plantilla.
Qué piden los trabajadores de la Inspección
“Desde los sindicatos convocantes de esta huelga, le pedimos al Gobierno que termine la legislatura cumpliendo con lo que se comprometieron y publicaron en el Boletín Oficial del Estado del día 3 de diciembre de 2021, con el Plan Estratégico de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, que contempla el necesario refuerzo de la Inspección de Trabajo para llevar a cabo nuestro trabajo de acabar con la precariedad laboral”, recogía el comunicado de los sindicatos de convocatoria del paro.
El conflicto laboral tiene su origen en el incumplimiento de un acuerdo con varias mejoras laborales que Trabajo alcanzó con los sindicatos en julio de 2021, que se plasmó en varias medidas posteriores del conjunto del Gobierno, como el Plan Estratégico del organismo de 2021 a 2023, pero que no se llegó a cumplir.
Dentro del pacto se incluía no solo aumentar los efectivos y el presupuesto del organismo público vigilante del respeto de las normas laborales, sino también elaborar una nueva Relación de Puestos de Trabajo (RPT), pieza fundamental en la organización interna en cuestiones como las categorías profesionales, la organización y la promoción profesional.
El paquete de medidas acumulaba un gran retraso, que llevaban meses denunciando los sindicatos y había supuesto varias concentraciones e incluso las primeras jornadas de huelga en el servicio público. También denuncias ante la Comisión Europea, la petición de dimisiones de la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, y después también de la responsable de Hacienda, María Jesús Montero, y por último una carta de apoyo de todos los jefes territoriales del organismo público.
A finales de mayo, Trabajo anunció que Hacienda descartó de manera sorpresiva aprobar la RPT, tras meses de negociaciones de la medida. En el departamento de Montero destacaban en cambio que se había autorizado ya un refuerzo de personal de “781” efectivos para los próximos años, un aumento del presupuesto y un plus de 6 millones de euros por productividad.
Los sindicatos de la Inspección de Trabajo rechazaron la oferta y reclamaron al Gobierno de coalición que cumpliera con todas las medidas comprometidas, incluida la RPT, que consideran fundamental. Y llegaron los últimos movimientos de la semana pasada.
Movilización sobre todo contra Hacienda
El pasado martes, Hacienda dio un paso y presentó una propuesta de RPT al Ministerio de Yolanda Díaz, pero los sindicatos y la propia cartera de Trabajo la consideraron insuficiente. La reorganización se centra en los servicios centrales y directivos, “ignorando la organización territorial, que es clave en este servicio”, lamentan desde la plantilla.
Por ello, los sindicatos pidieron al Ministerio de María Jesús Montero que ofrezca una RPT en línea con los compromisos del Plan Estratégico. También insisten en este mensaje desde la vicepresidencia de Yolanda Díaz, que está negociando con el otro ala del Ejecutivo, dicen desde el diálogo social.
Como medidas de presión adicional, apurando todos los recursos disponibles, los sindicatos han llamado a secundar la huelga y mañana, martes 27 de junio, se ha organizado “una concentración de protesta de toda la plantilla de la Inspección de Trabajo” ante la Secretaría de Estado de Función Pública en Madrid.
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