Quejas al Gobierno por facturas de gas infladas tras prohibirse a las empresas leer los contadores durante la alarma

El Gobierno reconoce que ha recibido quejas de consumidores, eso sí, “muy puntuales”, relativas a facturas de gas con estimaciones de consumo infladas, tras prohibirse a las distribuidoras salir a leer los contadores durante el estado de alarma para evitar la propagación del coronavirus.

El Ministerio para la Transición Ecológica ya ha empezado a abrir la mano al permitir desde este mes las lecturas en contadores ubicados en comunidades de vecinos (no en el interior de los domicilios). El ministerio, que garantiza que se va a ir “flexibilizando” esa prohibición, aconseja reclamar a su comercializadora a los usuarios afectados.

Transición Ecológica “ha puesto en conocimiento de las distribuidoras las quejas recibidas para que corrijan cualquier anomalía” y recuerda que “los usuarios pueden reclamar una corrección de la factura al comercializador, indicando la lectura”. En sus canales de comunicación (teléfono, correo, sección de preguntas y respuestas en su web), “insta a la ciudadanía a comunicar de forma telemática su lectura” y recomienda a las distribuidoras “flexibilidad y que adopten medidas excepcionales para las actividades que han sido clausuradas”.

La mayor de España, Nedgia (Naturgy), cuenta con una app que permite a los clientes proporcionar sus lecturas remitiendo una foto de su contador.

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), que tras la entrada en vigor del estado de alarma puso a disposición de los consumidores un buzón para denunciar posibles abusos aprovechando esta emergencia sanitaria, confirma que está recibiendo quejas por este asunto, pero no precisa cuántas, y asegura que esta problemática no le compete.

“Lo que está pasando, y sí, nos llegan quejas, es que facturan por ejemplo consumo a pisos vacíos cuando si facturan con consumo real no tienen término variable. Las estamos remitiendo al Ministerio porque no es competencia nuestra, aunque evidentemente cuando discutamos estos temas con el sector les invitaremos a que rehagan la forma de hacer las estimaciones”, señalan desde la CNMC.

Este periódico ha podido comprobar que algunas de esas estimaciones infladas afectan a viviendas que no están vacías, sino habitadas desde hace años, con su correspondiente histórico de consumos.

La normativa vigente establece que son las distribuidoras las que fijan las estimaciones de acuerdo con el perfil de consumo histórico (o en su defecto, la media de su grupo de consumo), tal como se establece en el artículo 51.4 del Real Decreto 1434/2002, de 27 de diciembre. “La distribuidora puede adaptar estas estimaciones a la situación excepcional del estado de alarma”, dice el ministerio.

Aviso de la OCU

La problemática la reveló la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) a finales de abril: “Numerosas reclamaciones de hogares” estaban “recibiendo facturas estimadas de gas muy elevadas, por lecturas estimadas a causa del confinamiento”, tras la prohibición de realizar esas visitas a domicilios. El mercado doméstico de gas, a diferencia del eléctrico, no tiene implantados sistemas de telemedida (los famosos contadores electrónicos), lo que obliga a estimar los consumos si no hay lectura in situ del aparato.

“Entre las reclamaciones recibidas, destacan algunas en las que la estimación supone un desvío de más de 300 euros del consumo habitual”, según la OCU, que recordó que la normativa contempla que la distribuidora, en caso de que no sea posible realizar la lectura, “debe realizar una estimación teniendo en cuenta el consumo en esas mismas fechas en años anteriores, y si no hay histórico por tratarse de altas recientes, se debe realizar teniendo en cuenta un perfil medio establecido. Estas estimaciones deben ser realizadas por la distribuidora y comunicadas a las comercializadoras para que sean así reflejadas en las facturas”. 

Desde una de las empresas del sector se asegura que ha sido un problema “puntual” y se niega que con ello las empresas estén aprovechándose de la liquidez recibida indebidamente gracias esas estimaciones incorrectas, que “con posterioridad se corregirán en cuanto se haga la lectura real, con independencia de que haya reclamación de por medio o no”. 

La prohibición de esas visitas se decretó porque esta actividad fomenta la interacción entre los técnicos, el propietario de la vivienda y los vecinos y, por extensión, el riesgo de contagio. Pero desde el 3 de mayo sí se pueden realizar lecturas e inspecciones periódicas en las comunidades de vecinos con un cuarto de contadores común, tras la publicación de una orden ministerial que permite las obras “que se realicen en locales, viviendas u otras zonas delimitadas del edificio no habitadas o a las que no tengan acceso los residentes mientras duren las obras”.

Según el ministerio, que señala que “se continuará flexibilizando la situación según se avance en las fases de desescalada”, en virtud de esa orden, “se permite el acceso a zonas no sectorizadas del edificio, para la realización de las operaciones puntuales de conexión con las redes de servicios del edificio que sean necesarias para acometer las obras”, siempre que se cumpla con una serie de condiciones, en especial, evitar la interferencia con personas ajenas a la actuación.

Según fuentes del sector, tras esa flexibilización, el personal de las distribuidoras ya pueden leer más del 50% de los contadores de gas. Esas fuentes recuerdan que las empresas están haciendo un esfuerzo extra para que los usuarios faciliten lecturas telemáticamente, vía app, teléfono o enviando una foto por e-mail. Además, “se están promocionando estas vías a través de campañas ad hoc y anuncios a clientes, incluso carteles”.