Una década de rescate financiero: entidades más grandes, menos empleo y dinero público que nunca se recuperará

El Consejo de Ministros se reunió de urgencia un domingo. Fue tal día como hoy en 2009, justo hace 10 años. Sobre la mesa, la primera intervención de una entidad financiera en España sobrevenida por la crisis financiera mundial, que había estallado meses antes. Fue el entonces ministro de Economía Pedro Solbes el que anunció el rescate de Caja Castilla-La Mancha. Pero lo hizo con un mensaje de tranquilidad: “El sistema financiero sigue siendo enormemente sólido”. El tiempo no le dio la razón.

Las dudas en la economía eran crecientes desde que el año anterior se desplomó Lehman Brothers y se tambaleó el sistema financiero mundial. Pero fue con Caja Castilla-La Mancha cuando en España comenzábamos a escuchar la palabra ‘rescate’, que tan archiconocida se haría durante los años siguientes. Aunque en aquel primer momento se habló de intervención por parte del Banco de España para dar liquidez a la entidad, de la que se defendía por el organismo y por el Gobierno que era “solvente”.

El sistema fue algo distinto a los que después sucedieron, ya que todavía no existía el fondo del rescate, el FROB, que se creó meses más tarde. En primer lugar se sustituyó a la cúpula de la entidad, dirigida entonces por el exdiputado socialista Juan Pedro Hernández Moltó, por parte del Banco de España. Posteriormente, el Estado anunció una línea de avales de hasta 9.000 millones. A día de hoy, aparece cifrado, a través de distintos instrumentos, en 4.715 millones.

Fue la primera pero, desde luego, no la última. Desde entonces una quincena de entidades recibieron dinero público a través del FROB o ayudas del Fondo de Garantía de Depósitos. En 2011 y 2012 se vivieron los años más difíciles con entidades como Bankia, la CAM, Banco de Valencia o Caixa Catalunya. En total, se destinaron 64.349 millones de euros, según los últimos datos del banco de España, para rescatar bancos.

A día de hoy, una década después de aquel primer rescate, se han recuperado apenas 4.477 millones de euros, según el Banco de España. El resto, salvo 9.857 millones que se prevén recuperables en una hipotética venta de Bankia, se dan por perdidos.

Precisamente este fue el mayor rescate. Junto con BMN, empresa que acabó absorbiendo, sumó una inyección de más de 24.000 millones. Continúa estando en manos del Estado, que controla más del 60% y que ha ido retrasando la fecha de venta de la entidad por las grandes pérdidas que se prevén de la operación, tal y como cotiza actualmente la empresa en Bolsa.

Caja Castilla-La Mancha fue la primera pieza del dominó de la cajas de ahorros que cayeron cuando estalló la burbuja inmobiliaria, por su alta exposición al ladrillo. En total, el Banco de España cuantifica en 15 entidades financieras las que recibieron o bien ayuda del FROB o bien del Fondo de Garantía de Depósitos.

¿A dónde fueron los 64.000 millones de euros del rescate financiero?

Distribución de las ayudas financieras a las entidades financieras rescatadas y destino final tras la reestructuración bancaria. Incluye las ayudas del FROB y el Fondo de Garantía de Depósitos (2009-2017)

Fuente: Banco de España

¿Los responsables de todo aquello? Es algo hoy por hoy difuso. La comisión de investigación que trabajó esta legislatura en el Congreso acabó con una lectura un tanto complaciente de la influencia política en esta debacle, pese a que todas las cajas estaban gobernadas por políticos. “Queda desmentida”, aseguraba un documento que salió adelante por los votos de PSOE y PP. Este escrito apuntaba a “determinados grupos de personas muy concretos con motivaciones e intereses particulares”. Dirigían a la vez su mirada al Banco de España y los problemas de supervisión.

Este fue el juicio político, pero las cajas han llegado también a la vía judicial. Decenas de banqueros se han sentado por distintos casos ligados con la debacle de las cajas, como los sobresueldos, las inversiones dudosas o las operaciones fallidas. Algunos, no todos, han sido condenados, aunque la mayoría no ha pisado la cárcel o lo ha hecho de manera breve. Con una gran excepción: Rodrigo Rato cumple condena por las tarjetas black de Caja Madrid y ahora se enfrenta a una nueva pena por la salida a Bolsa de Bankia. Los directivos de Caixa Penedés, de Caja Castilla-La Mancha, o de la CAM, que fueron condenados, no entraron en la cárcel y el presidente de Novacaixa Galicia salió a los meses, mientras que el resto de los directivos encarcelados disfrutaron de permisos un año después.

Un nuevo sector financiero

El panorama en el sector financiero hoy en día es bien distinto a aquel. Hablamos de un sistema más concentrado, con menos empleo, menos oficinas y una creciente desconexión con poblaciones rurales, que con la caída de las cajas vieron desaparecer las sucursales en sus localidades.

Uno de los ejemplos más evidentes del cambio es la concentración. Las más de sesenta entidades que había antes del estallido de la crisis, en la actualidad se han ido integrando con 11 bancos relevantes en España. Un número que puede verse incluso reducido si llega a buen puerto la fusión entre Unicaja y Liberbank que actualmente se encuentra en negociación, creando el sexto mayor banco de España.

Esta concentración se vio impulsada principalmente por la propia legislación para poder acceder a rescates. Se crearon los SIP (Sistema Institucional de Protección), que en la práctica suponía la fusión del negocio bancario de las cajas, creando grupos que en su origen se pretendía que fuesen más solventes, pero no siempre funcionó. Véase Bankia. De hecho, la comisión de investigación en el Congreso reconoce que fue un instrumento erróneo. Otros ejemplos fueron Banca Cívica, Liberbank, Caja 3, Kutxabank o BMN.

Entidades más grandes como BBVA, CaixaBank o Sabadell fueron absorbiendo estas cajas, que vieron en ello una oportunidad para ampliar su presencia en zonas donde no tenían una destacada posición. Además se incentivaban estas operaciones con los conocidos como EPA (Esquema de Protección de Activos), que eran garantías ante posibles pérdidas que daba el FROB. España pasa por ser, junto a Grecia, el país europeo donde más se ha concentrado el sector financiero. Pese a ello, parece que la concentración no se ha terminado.

De estas fusiones se sobrevino otro de los cambios, el adelgazamiento del sector. Según datos de sindicatos como CCOO desde el estallido de la crisis se han despedido a más de 83.000 personas hasta 2017. Pero el recorte continúa. Este año ya hemos visto el caso de CaixaBank, con el anuncio de un ERE que afectaría a más de 2.100 empleos, a los que se unirá también Banco Santander, tras ejecutar la fusión de la red de Banco Popular, con unas cifras que pueden ser igualmente altas.

Además, más de 18.000 sucursales han desaparecido en una década de crisis, el 40% de las que había en 2008. Las fusiones creaban duplicidades en una sola entidad que se saldaba con planes de cierres. Planes que se mantienen todavía a día de hoy con distintos programas para desprenderse de locales, agrupando su actividad en oficinas algo más grandes. Esto ha provocado problemas de exclusión bancaria, especialmente en el medio rural, y se estima que más de 4.100 municipios españoles ya no tienen oficinas financieras, según datos del IVIE.

Todos estos cambios han tenido efecto en un sector muy ligado hace una década con la banca: el inmobiliario. Si cuando estalló la burbuja los bancos se encontraron como los grandes propietarios de inmuebles, los fondos de inversión se han convertido gracias a la debacle de las cajas en los grandes dueños inmobiliarios del sector, comprando grandes carteras de activos con precios muy reducidos. Cerberus, Blackstone o Lone Star, nombres que hace una década desconocíamos, hoy son los grandes caseros en España.

De Caja Castilla-La Mancha a Banco Popular

Pero los rescates han seguido sucediéndose hasta hace bien poco, pese a la mejora que se le supone al sector financiero en España. Y es que en 2017 las autoridades comunitarias tuvieron que reconocer la inviabilidad de Banco Popular, que fue intervenida y colocada al Banco Santander.

Fue el primer ejemplo en España de una entidad rescatada desde las instituciones europeas, que desde 2014 son las que manejan la supervisión de gran parte del sector financiero español, en detrimento del Banco de España que apenas se ha quedado al cargo de pequeñas entidades y cooperativas de crédito.

Y además, su sistema fue distinto al de Bankia, por ejemplo. En este caso, se produjo lo que se conoce en jerga financiera como bail-in, que supone cargar sobre bonistas, accionistas y acreedores el rescate, frente al bail-out que supone la inyección de capital público. Pero este método todavía queda por ser examinado en los distintos casos judiciales que hay en España y en Europa impulsados por los afectados que perdieron el dinero de su inversión en Popular.