Un millón de trabajadores utiliza la Fundación SIMA para mediar en conflictos salariales con sus empresas
El auge de la economía apenas se nota en las nóminas y eso se plasma en los enfrentamientos laborales. Los conflictos sobre salarios son el principal motivo que empuja a los trabajadores a llevar a sus empresas a la mediación laboral. Así lo muestran los datos de la Memoria de 2017 de la Fundación SIMA, institución con representación de los principales sindicatos y organizaciones empresariales que pretende resolver los conflictos colectivos –que superen el ámbito de una Comunidad Autónoma– antes de que lleguen a la Justicia. De los 434 procedimientos tramitados el pasado año, la mayor parte (36,7%) se referían a cuestiones salariales, seguido de lejos por los conflictos referidos al tiempo de trabajo (18%). En el primer caso, las disputas afectaban a casi un millón de trabajadores.
La escasa subida salarial en España (0,5%) en 2017, cinco veces inferior a la de la Eurozona, sostiene una de las principales críticas de los sindicatos en la actualidad: se crea trabajo, pero los sueldos no se ven contagiados del fuerte crecimiento de la actividad económica ni de los beneficios empresariales. El pasado año, los trabajadores perdieron seis décimas de poder adquisitivo, ya que las retribuciones crecieron menos que los precios. Según los cálculos de UGT, desde 2009 a 2017, la pérdida del poder de compra de los salarios ha sido de 7,3 puntos porcentuales.
En 2017, 168 conflictos sobre cuestiones salariales de un total de 434 procedimientos llegaron a la Fundación SIMA para intentar llegar a un acuerdo entre empleados y empresas sin recurrir a la vía judicial. La fundación fue constituida en 1997 por CCOO, UGT, CEOE y Cepyme –aunque este año incorporará a la Administración General del Estado– y gestiona los procedimientos de mediación y arbitraje regulados en el V Acuerdo sobre Solución Autónoma de Conflictos Laborales (ASAC). Los procedimientos los pueden iniciar los representantes de los trabajadores –lo que sucede en un 97% de los expedientes– así como las empresas.
Por otro lado, hay conflictos individuales y algunos colectivos que se abordan desde las unidades administrativas de mediación de Comunidades Autónomas y la Dirección General de Empleo del Ministerio de Empleo y Seguridad Social.
Los conflictos colectivos que llegaron a la Fundación SIMA en 2017 superaron en un 9% a los recibidos el ejercicio anterior. De ellos, la gran mayoría (más del 85%) tratan diferencias de interpretación y/ aplicación de una norma, convenio colectivo o pacto. En segundo lugar, los expedientes intentaban frenar la convocatoria formal de una huelga (12%).
Los procedimientos sobre salarios son muy superiores en número al resto de las materias: supusieron 168 expedientes, respecto a 78 por 'tiempo de trabajo' y 38 por 'derechos sindicales'. Los enfrentamientos sobre salarios también se disparan en cuanto al número de personas afectadas: los casos abordados implicaban a 979.143 trabajadores, mientras que eran 649.015 en los referidos a 'constitución de mesa', y 468.830, en los de tiempo de trabajo.
Un 19,6% de acuerdos en materia salarial
De todos los conflictos en los que medió la Fundación SIMA, el porcentaje de casos solucionados se situó en el 27,5%, “algo superior al año pasado”, precisó Francisco González, presidente de la institución. La cifra –aunque “mejorable”– es superior, aseguran en el organismo. En la Fundación tienen constancia de que muchos casos que se cierran sin acuerdo en el SIMA acaban suscribiendo el mismo pacto que se elaboró con durante la mediación, aunque fuera de sus paredes.
Sin embargo, esa cifra se reduce en casi diez puntos en los casos de conflictos salariales: un 19,6%. La directora General de la Fundación SIMA, Beatriz Losada, argumenta que en estos casos “es más difícil el acuerdo”, ya que la solución suele ser aceptar las pretensiones de los trabajadores o rechazarlas, sin “decisiones transaccionales”.
En los últimos cuatro años, el porcentaje de procedimientos salariales que llegan a la Fundación SIMA sobre el total aumenta: del 21% en 2014 al 37% en 2017. En estos años, se ha reducido notablemente la incidencia de los conflictos derivados de procesos de reestructuración de las empresas (despidos colectivos, modificación sustancial de las condiciones de trabajo).
Sobre las razones detrás del auge en los conflictos salariales, Beatriz Losada explica que, aunque no existe solo una causa, “la reforma de la normativa” y la coyuntura de crisis económica ha permitido que algunas empresas tomen decisiones unilaterales en materia salarial que han rebajado las retribuciones de los empleados. “Hablamos de empresas muy grandes que durante la crisis han realizado nuevas interpretaciones respecto a los salarios”, como por ejemplo en materia de beneficios sociales (remuneraciones no monetarias como cestas de navidad o los comedores) y en pluses de nocturnidad y festivos.
Mientras, la patronal y los sindicatos continúan negociando el acuerdo de negociación colectiva de ámbito estatal, que deberá contemplar una subida salarial que, por el momento, ha enfrentado a ambas partes.
