Sindicatos y patronal de la construcción instan al Gobierno a revisar al alza las obras públicas cuando sube la inflación

Ir de la mano en unos temas y chocar en otros. La patronal y los sindicatos CCOO y UGT han escenificado este martes los puntos donde tienen una opinión coincidente y aquellos sobre los que discrepan. Donde hay acuerdo es en que las administraciones públicas deberían revisar al alza lo que pagan a las empresas que hacen obras públicas cuando la inflación va al alza. Y las discrepancias, sobre todo, en aspectos como la reducción de la jornada laboral y en si hay que contratar a trabajadores extranjeros para cubrir las vacantes del sector. 

El tema de revisar al alza los contratos de obras públicas cuando sube la inflación, como ha ocurrido en los últimos años, no es nuevo. Es una de las reivindicaciones del sector de la construcción desde hace años, pero que se ha hecho más evidente desde que acabó la pandemia, por los problemas con la falta de materiales y, sobre todo, por el despegue de precios con la guerra en Ucrania. Una subida que es especialmente significativa en la energía.

Ahora el sector habla de una inflación que se ha moderado, pero que no deja de bajar.  Pedro Fernández Alén, presidente de la Confederación Nacional de la Construcción (CNC), ha asegurado en rueda de prensa que, desde 2020 a 2021, los materiales subieron tanto como entre 2007 y 2020. “Es peor si analizamos lo ocurrido entre 2021 a 2022, donde se produce la misma inflación que entre 2005 a 2020”, ha resumido.

Eso deriva, ha apuntado, en que un 9,9% de las licitaciones quedasen desiertas en 2022; y un 20% de los contratos de concesiones. Eso en un escenario que ha calificado como el “bienio de oro en licitación pública”, por el alto número de contratos por la inyección de fondos europeos. Unos contratos públicos que cifra en 30.000 millones en 2022 y que, previsiblemente, fueron más altos en 2023 y lo serán en 2024. 

Ahí entra el cambio que proponen. La patronal de la construcción pide que se modifique el mecanismo de precios para que, cuando suban los costes, las empresas cobren esa subida de las administraciones públicas y viceversa cuando bajan. “Que se haga un mecanismo estable de obras, concesiones y de servicios incluyendo energía y mano de obra”, ha reclamado Fernández Alén. “Volver al modelo anterior a 2015 [se eliminó con el Gobierno de Mariano Rajoy] y que ley de desindexación no se aplique a la contratación pública”, ha resumido.

El presidente de la CNC asegura que este nuevo modelo contaría con el visto bueno del Ministerio de Transportes y del de Vivienda, pero no con el de Hacienda y Economía. También, ha cifrado en más del 40% el porcentaje de las constructoras que podría tener problemas de impago.

Consecuencias para los trabajadores 

Los responsables de CCOO y de UGT también ven bien cambiar este sistema de indexación de los contratos públicos, pero no para mejorar los márgenes de las empresas sino porque si estos se recortan, por tener que hacer frente al coste de los materiales, quienes pagan son las plantillas. En el caso de la construcción, a diferencia de otros sectores, el choque no está tanto en la indexación salarial tras las subidas del salario mínimo.

“Pedimos que se modifique la Ley de desindexación, porque hay situaciones de excepcionalidad que nadie podía prever”, ha asegurado Mariano Hoya, secretario general de UGT-FICA. Por eso, ha pedido que “Hacienda nos escuche, que haya una modificación y que en cualquier escenario los sindicatos tengamos capacidad de intervenir”, ha indicado en la citada rueda de prensa.

Que no se revisen esos contratos, tiene “consecuencias para los trabajadores porque las empresas pequeñas y medianas están reduciendo plantilla en servicios que son importantes, hay compresión y reducción de las jornadas y no están cubriendo bajas para que el servicio les salga más barato”, ha enumerado.

Mientras, Daniel Barragán, secretario general CCOO del Hábitat, ha apuntado que “sorprende que en estas cuestiones [sindicatos y patronal] vayamos de la mano, que trabajemos como sector porque hay cosas que nos afectan. Cuando una empresa no puede pagar los salarios los que acaban pagando son los trabajadores y trabajadoras, los tenemos que proteger como sindicatos”, ha argumentado. “La Ley de Contratación Pública tiene carencias, no es solo la desindexación, no es normal que se hagan subastas a la baja y acabemos con márgenes de beneficio irrisorios en contratos que son largos y acaben sufriendo las plantillas”. 

“En construcción el problema es la subida de costes, sobre todo energéticos, que encorsetan la negociación colectiva y el diálogo social y que pueden poner en peligro a empresas que no tienen músculo suficiente. Los que acaban pagando son los trabajadores y trabajadoras y acaba siendo un drama”, ha señalado Barragán.

Discrepancias en jornada y contrataciones

Sin embargo, sindicatos y patronal discrepan en otros aspectos. “En escasez de mano de obra no coincidimos”, ha reconocido Daniel Barragán. Es decir, en cómo afrontar la falta de trabajadores en el sector, especialmente en un momento de inyección de inversión con los fondos europeos.

“Hay un problema para que el sector sea atractivo. No lo hemos conseguido para la gente joven. Hay elementos que lo hacen poco atractivo, las condiciones de seguridad y los accidentes, debemos conseguir que sean carreras laborales sostenibles. Que la gente joven lo vea como una carrera de futuro”, ha asegurado el representante de CCOO.

La patronal aboga por traer trabajadores de otros países, para evitar, asegura, problemas en futuros desarrollos inmobiliarios, como el de Chamartín y Campamento en Madrid. Ahí la patronal también habla de incrementar el número de alumnos que se forman a través de la Fundación Laboral de la Construcción. “Formamos a 95.000 y podríamos llegar a más de 200.000”, ha asegurado Fernández Alén.

El otro choque está en la reducción de la jornada laboral. La patronal pide dejarlo en manos del diálogo social. En cambio, el responsable de UGT FICA ha señalado que “la negociación colectiva se ha demostrado incapaz de reducir la jornada de trabajo porque estos señores [en referencia a los empresarios] se niegan. No quieren oír hablar en la negociación colectiva de rebajar la jornada. Vamos a bajarlo en el fruto del diálogo social pero tripartito”. “Yo si estoy de acuerdo en que llegue un Gobierno y diga 37 horas y media; en Alemania los sindicatos están hablando de 32”, ha argumentado. “ Cuando reduzcamos la jornada este país irá mejor, por supuesto sin reducir los salarios”, ha matizado.