Dos tercios de las empresas cotizadas españolas rechazan el código de “buenas prácticas tributarias” impulsado por Hacienda

Cerca de dos tercios de las más de 120 compañías que cotizan en Bolsa en España, el 65,6% del total (82 sociedades), no han firmado un “código de buenas prácticas tributarias” impulsado hace más de diez años por la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) para intentar mejorar la cooperación con las grandes empresas, prevenir el fraude fiscal y reducir los litigios fiscales.

A 4 de enero, y según la web de la AEAT, aparecían adheridas a este código voluntario 157 empresas españolas y filiales de grupos extranjeros. Entre ellas está una amplia mayoría de compañías del Ibex 35, el principal índice bursátil español, y gigantes no cotizados como Mercadona, El Corte Inglés, Abertis, CLH o Telepizza, además de alguna empresa pública como Loterías, entre otras.

No obstante, muchas de esas sociedades pertenecen a un mismo grupo empresarial, entre las que destacan las que cuelgan de El Corte Inglés (figuran más de veinte, algunas de ellas inactivas), y Bolsas y Mercados Españoles. Por eso, el número real de grupos que han firmado ese código es muy inferior a esas 157 firmas y no llega en realidad al centenar.

Entre ellas hay 27 empresas del Ibex 35, con la llamativa ausencia de Indra, cuyo mayor accionista es el Estado (18,7%) a través de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), dependiente del Ministerio de Hacienda.

El grupo tecnológico que preside Fernando Abril-Martorell, protagonista de varios escándalos de corrupción y que en 2019 aceptó declararse culpable de delito fiscal, proclamó hace años su “intención” de firmar ese código, pero nunca lo ha hecho, a diferencia de las otras empresas del Ibex con participación pública: Red Eléctrica se sumó en 2015, Bankia en 2016 y Enagás y Aena, en 2017.

En el Ibex, otras compañías que no han suscrito el código de Hacienda son la tecnológica Cellnex, el fabricante de piezas de coches CIE Automotive, la socimi Merlin Properties, la hotelera Meliá Hotels (cuyos dueños, la familia Escarrer, se acogieron a la amnistía fiscal de 2012) y el fabricante de envolturas para embutidos Viscofan.

Al alza en el Ibex

La cifra de adhesiones en el Ibex se redujo el año pasado, tras salir del selectivo dos compañías que lo tenían firmado, Mediaset y Sacyr, y ser sustituidas por dos debutantes cuya cotización se ha disparado con la pandemia: la farmacéutica Pharmamar y el grupo de energía fotovoltaica Solaria, que no han suscrito ese código.

Pese al puntual bajón de 2020 por esos cambios en el índice, las adhesiones en el Ibex han seguido una clara tendencia al alza en los últimos años (a principios de 2017, casi un tercio de los miembros del selectivo no lo habían firmado). La reforma de la Ley de Sociedades de Capital de 2014 introdujo el riesgo fiscal como un componente más del sistema de gestión del riesgo en la empresa, lo que refrendó el valor de esta herramienta de cumplimiento voluntario y relación cooperativa. Y desde 2018, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) anima a las sociedades cotizadas a detallar en un informe anual si están adheridas a ese código de buenas prácticas.

Así, la idea ha ido calando en las direcciones del área Fiscal de las compañías del Ibex, pero no tanto en el Mercado Continuo, donde cotizan las empresas de mediana capitalización. Ahí son una amplia mayoría las que no se han adherido.

Entre ellas hay dos empresas que hasta hace poco formaban parte del Ibex, la papelera Ence y Técnicas Reunidas (la ingeniería del octogenario exministro José Lladó, que arrastra desde hace años un pleito multimillonario con Hacienda); y otras tan conocidas como Adolfo Domínguez, el grupo de juego Codere, Deoleo (la mayor aceitera del mundo), la aseguradora Catalana Occidente, los dos principales fabricantes de trenes españoles (Talgo y CAF), o el gigante de la seguridad privada Prosegur.

Tampoco han firmado ese código otras firmas de gran tamaño como Amrest (dueña de los restaurantes La Tagliatella); empresas con participación pública como el gigante aeronáutico Airbus o Ebro Foods, participada a su vez por el magnate Demetrio Carceller (dueño de Damm y condenado por delito fiscal en 2016); el grupo de automoción Gestamp o las empresas de medios de comunicación Prisa y Vocento. 

Menos litigios

Un fiscalista con experiencia en la Administración y que ahora asesora a grandes empresas valora la utilidad de este mecanismo de relación cooperativa en materia fiscal: “Yo me comprometo a ser transparente y no hacer prácticas elusivas y tú, AEAT, me calificas como de bajo riesgo y me inspeccionas menos, porque ya te doy yo la información” resume. “Si tenemos meras discrepancias jurídicas, las discutimos abiertamente y si no acordamos, a los tribunales”, añade.

Las bases de este código se sentaron en 2010 pero fue en 2015 cuando se explicitaron sus primeras conclusiones y se fijaron una serie de conductas para verificar su cumplimiento por parte de las empresas y la Administración tributaria. La adhesión a él incluye un conjunto de recomendaciones para evitar la utilización de estructuras fiduciarias opacas, intensificar la colaboración en la detección de prácticas fraudulentas y mejorar la información sobre las políticas fiscales aplicadas.

Desde 2016, empresas adheridas comenzaron paulatinamente a presentar informes anuales de transparencia fiscal, de acuerdo con un anexo para el reforzamiento de las buenas prácticas de transparencia fiscal empresarial. La AEAT ha planteado extender a las pymes y autónomos este código de buenas prácticas, que ya se ha adoptado en alguna autonomía, como Catalunya, donde todas las empresas públicas lo suscribieron el año pasado.