Las vidas que sostiene el ‘escudo social’: “No sé cómo habría dado de comer a mis hijos sin la ayuda”

Cuando azotó la crisis de precios, había hogares que no podían hacer más encajes de bolillos para llegar a fin de mes. Nuria (nombre ficticio), en paro y con dos hijos pequeños, vive en Euskadi y es perceptora del ingreso mínimo vital, la renta mínima estatal que el Gobierno puso en marcha de manera acelerada en la pandemia. El año pasado, con los precios disparados, el Ejecutivo aumentó su cuantía un 15%, que sigue en vigor durante 2023. “La ayuda no es suficiente, pero al menos sales adelante. Si no, no sé cómo pagaría las cosas o daría de comer a mis hijos”, dice la mujer en una llamada entrecortada. “Perdona, tengo el móvil roto, pero es que no puedo comprar otro”, aclara.

El Gobierno lanzó lo que denominó el 'escudo social', que engloba un paquete de medidas para amortiguar los efectos de varias de las crisis que hemos tenido que afrontar en la última legislatura. Sobre todo, enfocado en las personas más vulnerables. Un gestión distinta a otras experiencias recientes, cuando se optó por los recortes como en la Gran Recesión, y que también está propiciando una salida diferente. Por ejemplo, pese a la crisis de precios, la pobreza se redujo con fuerza el año pasado y la desigualdad cayó a mínimos en 14 años.

Con la pandemia de COVID-19, los ERTE y las ayudas de paro extraordinarias para los autónomos fueron clave para evitar un gran deterioro del tejido productivo y del empleo. Medidas que vinieron acompañadas del lanzamiento del ingreso mínimo vital y las ayudas por hijo, y luego de las desplegadas ante la guerra en Ucrania y la crisis de inflación, que ataca sobre todo a la población más vulnerable, a la que hace más daño el mordisco del gran aumento de los precios. Entre ellas, el aumento del 15% de las pensiones más bajas del sistema, las no contributivas, pactado con EH Bildu, el refuerzo del bono social eléctrico y térmico, la denominada solución ibérica o los límites a la subida de la tarifa del gas natural.

Subida del 15% de las pensiones más bajas

Daniel de la Iglesia, a sus 91 años, se ha beneficiado del aumento del 15% de la pensión no contributiva que recibe, a la que añade una pequeña pensión de 2.000 euros al año de por años de trabajo en Francia, donde residió “del 62 al 76”. “Tanto en Francia como en España me han estafado porque trabajé mucho más de lo que me han reconocido”, lamenta el jubilado.

“Mis ingresos vienen a ser unos 6.000 euros al año”, calcula De la Iglesia, aunque reconoce que no ha ido “a mirar la cartilla al banco” últimamente por sus problemas para andar. El umbral de la pobreza en España el año pasado en hogares de una persona se situó bastante por encima, en los 10.088 euros anuales.

La recuperación de la subida de las pensiones según los precios, junto a los mayores incrementos acordados para las pensiones mínimas y no contributivas en los últimos años por el Gobierno, “siempre ayudan, lógicamente son una mejoría”, reconoce el hombre. Aun así, “incluso con toda clase de aumentos habidos, sigo andando bastante mal de dinero”.

“Paradójicamente, cuando más pasa el tiempo, más gastos tengo”, explica el jubilado, y eso que él “economiza bastante”, subraya. “Pero ahora tengo más gastos por mis dificultades de movilidad, he tenido que coger una ayuda porque no podía solo, ahora viene una mujer a casa”, cuenta.

Daniel de la Iglesia reconoce que no ha sido tan consciente de la escalada de precios en el supermercado porque desde hace un año es su hermana quien le hace la compra. “Aunque veo las estadísticas en la prensa”, dice. En cualquier caso, sabe que su renta da para lo justo, por lo que da la bienvenida a estos aumentos aprobados. “No sé qué va a haber en el futuro”, se pregunta con expectación ante las próximas elecciones generales.

El sostén del IMV y las ayudas por hijo

Nuria sí ha sentido de manera muy clara el zarpazo de la inflación, que ha ido sacando productos de su carro de la compra. “Antes compraba unas bolsitas de congelado de merluza, pero ya no puedo, están casi a 5 euros”, admite la mujer. También se han caído unas galletas que le gustaban a su hijo. Ella se ha quitado uno de sus pocos 'caprichos': los refrescos. “Por mis hijos hago lo que sea”, asegura.

Las autoridades vascas le remitieron al ingreso mínimo vital cuando este se puso en marcha y es el único ingreso en su hogar, donde vive con sus hijos, de 11 y un año. “No me llega para todo, pero al menos voy saliendo adelante. Voy también a banco de alimentos y el mayor hace actividades con Save The Children, ahora va a las colonias en verano, le gusta mucho”, relata Nuria, que está buscando empleo.

La mujer espera como agua de mayo que la Seguridad Social le reconozca el complemento de ayuda a la infancia (CAPI) por su bebé. “Por el mayor ya cobro la ayuda por hijo, pero por el pequeño aún no me la han concedido y comuniqué hace mucho que había tenido el segundo”, lamenta. Supondría 115 euros más al mes para su hogar, la dotación mensual para los menores de tres años en 2023.

Estas ayudas por hijo, que lanzó el Gobierno asociadas al ingreso mínimo vital en enero del año pasado, pueden recibirlas hogares con hasta tres veces más renta que los umbrales del IMV. Sin embargo, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) ha estimado que no llega ni al 20% de los potenciales beneficiarios. Según los últimos datos de la Seguridad Social, han alcanzado a 368.560 familias entre 2020 y la actualidad.

Cuando la ayuda es vital, pero aún así “no llegas”

Rkia vive en Madrid con sus dos hijas, de 18 y 13 años, y también es perceptora del IMV y de las ayudas por hijo. Aunque uno de los complementos se lo acaban de quitar, al cumplir la adolescente la mayoría de edad. La otra menor recibe casi 58 euros al mes.

“Aun con la ayuda, no llegas. La gente mira la cantidad que te dan, pero no los gastos que tienes. Somos tres personas, no recibo manutención de mi expareja, pago 600 euros del piso más gastos. La mayor tiene unas gafas que cuestan unos 300 euros, la pequeña también, pero valen menos, unos 150. Yo tenía gafas, pero ya no me las pongo porque son 150 euros que me ahorro... El IMV ayuda, pero no es suficiente”, considera.

Desde las ONG exigen que las ayudas sociales aumenten su cuantía para que puedan sacar a sus beneficiarios de la pobreza, así como que se extiendan para alcanzar a más población. Desde el lanzamiento del IMV, la mayoría de las Comunidades autónomas están reduciendo sus rentas mínimas contra la pobreza, en lugar de hacerlas complementarias. La que más las ha mermado es Madrid, seguida de Castilla-La Mancha, Aragón y Castilla y León.

Rkia ha logrado un trabajo, pero es temporal. “El contrato dura hasta septiembre, estoy con la mano en el pecho esperando que me renueven”, explica. Rkia reclama que la gestión del IMV sea más cercana a los beneficiarios. “Te bajan la cuantía y no te dicen nada. No te explican, no te dan respuestas, ni te escriben al menos para explicarte por qué o si hay algo que puedas hacer”, lamenta.

Pilar Ariza, miembro de asociación Madres Solteras Por Elección (MSPE), forma parte de una de “los dos millones de familias monoparentales en España”, junto a su hijo, que está a punto de cumplir cuatro años. “Pedí el ingreso mínimo vital, pero no me lo concedieron. Cuando sacaron estas ayudas por hijo la solicité y esta sí, son casi 81 euros al mes”, dice y explica que la cuantía asignada este 2023 para los menores de entre tres y seis años. El Gobierno subió las ayudas por hijo también un 15%, como el ingreso mínimo vital.

“Estos 81 euros al mes no son para mí, para ir la peluquería. Son para que, si se les rompen las zapatillas a mi hijo, no le tenga que decir que esperamos al próximo mes y que se las pueda comprar. Para dar de comer a mi hijo”, subraya.

Ariza reclama que las ayudas sociales se adapten para proteger más a las familias monoparentales. “No soy una madre cualquiera; hay que revisar los criterios, las prestaciones y las ayudas para reconocernos a estas familias, necesitamos un marco regulador que nos proteja”, defiende. La tasa de pobreza de las familias monoparentales duplica prácticamente la de los hogares con dos progenitores, del 43% y el 22,5%, respectivamente.

Por ello, desde la Asociación MSPE reclaman “un marco corrector, que atravesase a todas las ayudas”, y proteja más a estos hogares. “Como no lo hay, muchas compañeras de la asociación no pueden vivir solas, se ven obligadas a irse a casa de sus padres y entonces no tienen derecho a ayudas, porque computan todos los ingresos del hogar. Así que no pueden salir de esta situación, es una pescadilla que se muerde la cola, la espiral de la pobreza”, lamenta.

En el ámbito energético, las medidas para mitigar el impacto de la guerra en Ucrania han hecho que la factura energética media de los hogares subiera en 2022 un 29% respecto a 2021, frente al incremento del 44% en ausencia de medidas, según el Observatorio de la Transición Energética y la Acción Climática. El estudio incide en la progresividad de las medidas adoptadas: en el caso de los hogares vulnerables acogidos al bono social, el aumento fue del 16% y en el de los vulnerables severos, del 4%.  

Daniel Álvarez es responsable de proyectos de la Fundación de Familias Monoparentales Isadora Duncan, con un conocimiento directo del problema de la pobreza energética que, pese a las medidas desplegadas, se incrementó en 2022 con un máximo del 17% de hogares con problemas para climatizar sus viviendas. “Consideramos muy positivas las medidas porque han ido adaptándose”, opina Álvarez, que cree que la que más incidencia ha tenido ha sido la congelación de la TUR, la tarifa regulada del gas natural, mediante un mecanismo “relativamente sencillo” que se aplica desde octubre de 2021 y “demuestra muy bien la importancia que tiene la fijación de precios”.

Esta tarifa, ampliada en octubre a las comunidades de vecinos, está subvencionada, con un ahorro de entre 100 y 300 euros anuales por hogar desde su entrada en vigor, y ha llegado a ser hasta cuatro veces más barata que la del mercado libre, que sigue siendo mayoritaria pese al trasvase de más de un millón de clientes de los últimos meses hacia el regulado. El paquete del Gobierno ha incluido también una ampliación del bono térmico, una ayuda anual en metálico que en función de las zonas climáticas ha pasado de poco más de 100 euros a cerca de 800 euros.

En octubre se creó una nueva categoría para trabajadores vulnerables que cubre el 40% de la factura para hogares cuya renta se sitúe entre 1,5 y dos veces el IPREM. El Gobierno dijo que podría llegar a 1,5 millones de hogares, pero ha tenido escasa acogida. También en octubre se ampliaron los descuentos del bono social para vulnerables y vulnerables severos hasta el 65% y el 80%. Esa medida, explica Álvarez, “se ha notado muchísimo”: “Ahora mismo una familia vulnerable severa está pagando 8-10 euros mensuales en promedio, y una vulnerable, posiblemente 20”. Además, “está ayudando mucho a que la gente se dé cuenta de que debe pedir el bono social” para tener estos descuentos.

Porque una de las asignaturas pendientes es que el bono llegue a quien lo necesita ya que muchos beneficiarios no saben que tienen derecho a él y hay que pedirlo. En la Fundación Isadora Duncan han llegado a la conclusión, analizando los microdatos del INE, de que el 75% del colectivo de familias monoparentales tienen derecho al bono y muchas no lo están pidiendo. El estudio del Observatorio de la Transición Energética y la Acción Climática advierte de que “muchos hogares vulnerables que cumplen los criterios no están acogidos al bono social”. Automatizarlo ha sido una de las promesas que no ha cumplido el Gobierno en esta legislatura.