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Sin acuerdo sobre los modelos lingüísticos entre PNV y PSE-EE a horas del fin del plazo de enmiendas de la ley educativa

El consejero Jokin Bildarratz, en el Parlamento Vasco

Iker Rioja Andueza

Vitoria —

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La ley de Educación es el proyecto legislativo más relevante de la legislatura para el Gobierno de Iñigo Urkullu. Hay intervenciones públicas en que se le dota incluso de más trascendencia aludiendo a que es un pacto para toda una generación. El proceso de su redacción se inició con un consenso “del 90%” del Parlamento porque sus bases fueron refrendadas por los partidos del Gobierno, PNV y PSE-EE, y por las dos fuerzas principales de la oposición, EH Bildu y Elkarrekin Podemos-IU. Pero quedan horas para que este martes, a mediodía, se acabe el plazo de presentación de enmiendas y el minuto y resultado marca que el texto tendrá cuatro enmiendas de totalidad, que EH Bildu pide “fidelidad” al Ejecutivo si quiere mantener su apoyo externo y que ni siquiera hay aún un acuerdo cerrado entre los partidos de la coalición, que discrepan en un punto tan relevante como es si se deben mantener o no los modelos lingüísticos actuales, A en castellano, D en euskera y B bilingüe.

Desde 2016, PNV y PSE-EE están obligados a presentar conjuntamente enmiendas en el Parlamento y a responder como un bloque a las propuestas de las demás formaciones. El proyecto de ley aprobado en abril (con retraso) por el consejero Jokin Bildarratz salió sin el 'pero' de los consejeros socialistas aunque, al poco tiempo, se avisó de que era una luz verde para no seguir bloqueando la tramitación, ya que el PSE-EE discrepaba abiertamente de algunos puntos. Se mencionaban informes negativos que había cosechado el texto y pedían que se tuvieran en cuenta. También se aludía a algunas referencias a la red pública en la comunidad autónoma con más peso de la concertada, casi el 50%. Pero la diferencia fundamental está en el modelo lingüístico del futuro.

El pacto inicial no hablaba del sistema de A, B y D y tampoco la redacción de la ley dada por Bildarratz. Se plantaba un modelo único, con el euskera como eje y que garantizase B2 en ambos idiomas oficiales al término obligatorio y B1 en lengua extranjera. Aunque en 101 artículos y 1.300 páginas de informes de apoyo ni se mencionan, Bildarratz se descolgó en la presentación de la ley tranquilizando a sus socios y destacando que la posibilidad de elegir modelo no iba a desaparecer. Ese sistema está blindado por otra ley que no se toca, vino a decir. Pero el PSE-EE demandó que se retocara la redacción y se explicitara en la ley. Pero eso, al mismo tiempo, abrió fisuras con EH Bildu, quien sostiene que la euskaldunización mínima no es posible en el A o en el B y que los socialistas no pueden tener derecho de veto.

Entretanto, han pasado los meses y PNV y PSE-EE no han cerrado aún un consenso en torno a esta cuestión. Tres partidos de la oposición han pedido ampliaciones del plazo de enmiendas y el PP planteó una cuarta que le fue denegada y que les habría venido bien a los socios. La ley, en verdad, está en una encrucijada. Por un lado los plazos de la legislatura aprietan. La reciente de Memoria Histórica acaba de ser promulgada tras más de dos años, por ejemplo. Por otro lado, el hecho cierto de tener un 'deadline' ha acelerado las conversaciones.

Este lunes, delegaciones de ambos partidos se han sentado desde por la mañana. Fuentes del PNV, a las 18.00 horas, daban por hecho que, de haber 'fumata blanca', la noticia llegaría en el último momento. Fuentes del PSE-EE, por el contrario, han optado por el hermetismo absoluto en relación a las negociaciones con la excepción de confirmar que se ha sumado a ellas Ekain Rico, dirigente de la máxima confianza de Eneko Andueza y que ya se sentó en 2020 para cerrar el acuerdo de coalición. Sí coinciden en que la voluntad es la de hablar y la de exprimir el tiempo que queda. Entretanto, el Parlamento se prepara para un martes frenético. EH Bildu, Elkarrekin Podemos-IU, PP y Ciudadanos ya han anunciado ruedas de prensa. Cabría posibilidad de seguir negociando después en la fase de enmiendas transaccionales, pero el funcionamiento de la coalición obliga a los socios a pactar su posición común primero entre ellos. Nadie es capaz de ofrecer una respuesta a qué ocurriría si no se da ese entendimiento.

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