Elevar el debate para avanzar en derechos lingüísticos

Asistimos en los últimos tiempos a una cascada de sentencias que cuestionan las decisiones de las instituciones vascas en el difícil equilibrio entre fomentar y priorizar el euskera -lengua minorizada, y oficialmente reconocida por la propia Constitución del 78- y preservar el castellano como lengua de todo el ámbito estatal.

A nadie se le escapa que la cooficialidad del euskera, el catalán, el gallego y el castellano, enmarcada en los límites de las Comunidades Autónomas, ha generado un auténtico galimatías jurídico desde sus inicios. Y es que las normas para la defensa y promoción de las tres lenguas de ámbito autonómico se han topado de bruces con los tribunales en multitud de ocasiones y, casi siempre, para tener que desandar el camino andando y reformular lo ya formulado y acordado previamente.

Más allá de las declaraciones políticas y asociativas que se realicen como respuesta social ante cada una de estas sentencias, una de las preguntas que debemos hacernos es la siguiente: ¿Qué podemos hacer para seguir avanzando y evitar encontrarnos una y otra vez en los juzgados con este tema? Los partidos políticos con representación institucional y con responsabilidades de gobierno debemos dar respuesta a esta pregunta, y dado que el “follón” es de ámbito estatal -afecta a todas las lenguas oficiales del Estado-, corresponde al Gobierno central legislar para desarrollar el artículo de la carta magna española que otorga dicha oficialidad a nuestras lenguas y, al mismo tiempo, ofrecer un paraguas jurídico a las comunidades autónomas en su labor de normalización lingüística.

Evidentemente, la realidad plurilingüe del Estado está estrechamente ligada a su realidad plurinacional, a la nación de naciones, y en este momento electoral es fundamental conocer el posicionamiento de las principales fuerzas políticas que aspiran a gobernar el país. Ya conocemos la tibieza y las dificultades que el Partido Socialista y el Partido Popular demostraron durante la era del bipartidismo a la hora de abordar la pluralidad lingüística del país, y también conocemos el negacionismo de la ultraderecha ante todo lo que huela a diversidad. Pero también hay ahora otro nuevo actor en el tablero, conformado por una quincena de formaciones políticas de corte progresista, que lo tiene muy claro y así lo plasma en su programa electoral: “Las instituciones del Estado deben preservar la riqueza cultural y lingüística de España, de forma coherente con nuestra realidad plurinacional. Por eso, es necesario que desde las administraciones públicas se preserve viva esta riqueza, respetando y dignificando las lenguas y culturas de las diversas naciones y territorios, desde una posición de igualdad y reconocimiento mutuo de todas ellas. La pluralidad lingüística no se debe limitar a las comunidades autónomas con lengua propia, sino que su promoción y uso debe extenderse al conjunto de España y sus instituciones, así como al marco de la UE. El Gobierno debe velar por la garantía de los derechos de todos y todas las hablantes, asegurando el uso efectivo de las lenguas cooficiales, como se señala en los Informes del Consejo de Europa sobre el cumplimiento en España de la Carta Europea de las Lenguas Regionales o Minoritarias, con especial atención a su cumplimiento en la AGE y la Administración de justicia.”

No podíamos esperar menos de Yolanda Díaz, candidata gallega orgullosa de su pueblo y su lengua, y de nuestro Bernardo Atxaga, célebre escritor vasco que nos relató las memorias de una vaca y quien ha sido responsable de Cultura dentro del proceso de escucha de la plataforma Sumar. Y es que las personas importan. Las personas que han participado en la definición del proyecto de país con el que se presenta Sumar a las elecciones son un sello de garantía que ningún votante puede obviar. 

Sin duda, el compromiso de Yolanda Díaz con la pluralidad de naciones, lenguas y comunidades es innegable, y su proyecto de país así lo atestigua. De modo que si de verdad deseamos que el euskera tenga el reconocimiento que se merece y que deje de ser motivo de sentencias judiciales que pocos entienden, tenemos este 23 de julio una oportunidad inédita de llevar a la Moncloa y al Gobierno del Estado a una mujer y un equipo de personas que van a trabajar para llevar a cabo lo que recogen en su proyecto: “una Ley de Lenguas que reconozca la realidad plurilingüe de España y su presencia en todos los ámbitos, sin olvidar aquellas no reconocidas como lenguas oficiales”. 

Lejos de pensar en cuántos diputados nacionalistas tendrá el próximo grupo parlamentario jeltzale o abertzale, tal vez sea más efectivo pensar en llevar al Gobierno a alguien que defiende la nación de naciones y que reconoce el papel del Estado en el reconocimiento a todas las lenguas cooficiales.