No quieren limitar el precio de la vivienda

Nos anuncia el portavoz Bingen Zupiria que el Gobierno vasco recurrirá la ley estatal de vivienda. Lo hace con la boca pequeña, un veraniego 26 de julio, y, por supuesto, nada más pasar las elecciones generales, en un claro intento de evitar que la sangría electoral de su partido, el PNV, fuera todavía mayor. Sin embargo, la petición de socorro del PNV al Tribunal Constitucional de España puede que no haga más que aumentar la reciente pérdida de votos de los jelkides, más de 85.000 en las autonómicas y de 100.000 en las generales, al evidenciar que, en el fondo, lo que realmente quieren es no limitar el precio de la vivienda. Algo que miles de familias vascas necesitan desesperadamente para poder vivir dignamente.

La excusa oficial es la invasión de competencias. Pero analizando las cuestiones principales que ya se han anunciado sobre el recurso, el castillo de naipes jelkide se desmorona, por falta de fundamento.

No quieren declarar áreas tensionadas ni establecer índices de referencia

Parece que al PNV le escuece en especial la regulación de las llamadas áreas tensionadas (art. 18, Disp. Adic. 3ª y Disp. Final 1ª), imprescindibles para ejecutar políticas específicas de vivienda, como la limitación de los precios. Pero la ley no hace más que establecer unas condiciones mínimas para la declaración de dichas áreas: algo lógico si se pretende controlar el alquiler de manera justa y proporcionada. El Parlamento Vasco bien podría desarrollar dichos mínimos, si quisiera. ¿Quiere el PNV?

Como muestra del lío mental entre lo que desean los jelkides y lo que creen que les conviene, al día siguiente de anunciar el recurso contra las áreas tensionadas votaron a favor de una moción de EH Bildu Donostia en la que se pedía, precisamente, iniciar los trámites de declaración de áreas tensionadas. No lo entienden ni ellos.

Y a pesar de haber repetido una y otra vez en el Parlamento Vasco que para limitar el precio del alquiler hacía falta una normativa estatal, especialmente ante la propuesta de ley de EH Bildu para limitar los arrendamientos desde la CAPV defendida en febrero de 2021, el PNV también recurrirá ante el Constitucional español la regulación de los índices de referencia de precios del alquiler (Disp. Final 1ª). Es fácil imaginarse a la patronal inmobiliaria vasca y a los fondos buitre frotándose las manos.

No quieren más viviendas de alquiler social

Al PNV también parece molestarle que la ley estatal de vivienda dé un interesante paso adelante en cuanto al fomento de viviendas de alquiler social, al establer que la mitad de las reservas estatales obligatorias de protección pública deben ser precisamente de alquiler (art. 15). Algo necesario en la CAPV, en la que ya son el 80% de los inscritos en Etxebide los que reclaman una vivienda en alquiler social: más de 60.000 solicitantes. Récord histórico. También en este caso el Parlamento Vasco podría aumentar ese mínimo de viviendas en alquiler social, si lo deseara. ¿El PNV está por la labor?

Por cierto, EH Bildu ya hizo una proposición de ley con este mismo fin, defendida en junio de 2022. El dictamen (contrario, por supuesto) del Gobierno Vasco recordó, como excusa, que la reserva mínima de vivienda en alquiler social ya se estaba regulando a nivel estatal, con otras cantidades, sin aducir en ningún momento invasión competencial alguna. Ahora cambian de opinión.

En el mismo sentido recurrirá el PNV otro punto del mismo art. 15, que establece en municipios con áreas tensionadas la necesidad de dedicar el suelo obtenido mediante cesión urbanística obligatoria a la construcción de viviendas sociales o dotacionales, incluidas las de alquiler. ¿Dónde estará el problema? ¡Si en la CAPV ese suelo ya se viene usando para construir vivienda de protección pública! No se entiende la postura contraria del PNV, sobre todo cuando la ley estatal deja claro que dicho suelo también podrá dedicarse a otros usos, siempre y cuando haya un interés social justificado. ¿Acaso el PNV quiere reservarse la opción de usar ese suelo con otros fines, digamos más “crematísticos”? Queremos pensar que no, pero no estamos seguros.

El problema real, evidentemente, no es competencial, sino una auténtica falta de interés del PNV por fomentar la vivienda en alquiler social. Porque los jelkides no valoran tanto el interés social de la vivienda, su valor como derecho, sino su posible rédito inmobiliario, su valor como mercancía. Pura ideología neoliberal.

No quieren negociar los avances sociales de la ley

Resulta bastante curiosa la reciente invitación al diálogo con Madrid expresada por el vicelehendakari Josu Erkoreka y la consejera Olatz Garamendi, porque se ha realizado una vez lanzada la amenaza de recurso al Constitucional. Más que un intento de negociación, parece un chantaje en toda regla. Está meridianamente claro que no quieren negociar los avances sociales de la ley, sino amputarlos de la misma.

Pero es que, además, ¿desde cuándo se negocia la aplicación de una ley recién aprobada? Que se dejen de teatro: la negociación sobre una ley se hace antes de su aprobación. Por ello, no parece muy ética la utilización sectaria de una institución pública como el Gobierno vasco para intentar borrar los avances sociales de una ley, a posteriori, tras haber fracasado intentándolo como partido, habiendo perdido el juego en el Congreso de los Diputados. Porque este recurso no se interpondrá en nombre de los dos partidos que integran el Gobierno Vasco (sobre el papel de convidado de piedra del PSE-EE ya hablaremos en otra ocasión), sino solo del PNV, sirviéndose de Lakua en interés particular de Sabin Etxea.

Por cierto, ¿qué enmiendas registraron los jelkides ante la ley por el derecho a la vivienda? 45 enmiendas, de las cuales, según aclaró el propio PNV en abril del año pasado, 28 eran de cuestiones competenciales. Pues bien, ahora parece que no era para tanto, ya que la amenaza de recurso se realiza contra 6 artículos y 4 disposiciones. Para cuando registren el recurso (han mencionado un plazo de seis meses) la lista tal vez mengüe todavía más, como en aquel contrato de los hermanos Marx del que se iba arrancando sucesivas cláusulas sobre la parte contratante de la primera parte.

No quieren hacer, pero tampoco dejar hacer

El PNV ha echado atrás en el Parlamento Vasco hasta cuatro progresistas propuestas de ley de EH Bildu en materia de vivienda, solo en esta legislatura. Y en dos ellas ha puesto como excusa, como ya se ha dicho, la (entonces futura) ley estatal: había que esperar al paraguas legal que ofrecería la ley por el derecho a la vivienda, para poder desarrollarla después desde la CAPV. A eso se comprometió el Gobierno vasco con EH Bildu, sin ir más lejos, en la negociación de los presupuestos de 2022: a establecer un sistema de control de los alquileres, adecuado a las especificidades de la CAPV, en cuanto el marco legal estatal lo permitiera. ¿Qué hay de ese compromiso? ¿Donde dije “digo” digo Diego?

Se aferran a la ley vasca de vivienda de 2015, que, curiosamente, salió adelante gracias a EH Bildu, con el PNV en contra. Una ley cuyo desarrollo reglamentario está siendo casi más lento que la construcción de la 'Y vasca'. Y es que Urkullu tampoco ha cumplido su promesa de publicar el decreto del importante derecho subjetivo de vivienda. Y ya van ocho años de retraso, sin que se hayan actualizado las rentas máximas para que dicho derecho sea reconocido: una persona no puede cobrar más de 9.000 euros al año; si no, se pasa del tope. Es decir, hay que vivir en la más absoluta pobreza para que el Gobierno de Urkullu reconozca el derecho subjetivo de vivienda, porque siguen aplicando cifras de 2015. EH Bildu también propuso actualizar dichas rentas máximas a principios de 2022, con el rechazo absoluto del PNV. No puede ser. Ni hacen, ni dejan hacer.

Exactamente esa es la actitud del PNV ante la ley estatal de vivienda de 2023: la misma que ante la ley vasca de vivienda de 2015. La del perro del hortelano. Ni hacer, ni dejar hacer. No es un problema de competencias, sino de incompetencia. Incompetencia para llevar a la práctica una política de vivienda que permita a la ciudadanía llegar a fin de mes bajo un techo digno y a la vez ayude a emanciparse a nuestros jóvenes. Contra el parecer de la gran mayoría social vasca, no quieren limitar el precio de la vivienda.