El cambio climático bien merece estirar la legislatura: así se ha negociado la última gran ley de la era Urkullu

Martes, 12 de diciembre. La consejera de Desarrollo Económico, Sostenibillidad y Medio Ambiente, Arantxa Tapia, convoca a los periodistas en el vestíbulo del Parlamento Vasco. Tapia califica de “decepcionante” el resultado de la recién finalizada cumbre internacional del clima, celebrada en un petroestado, los Emiratos Árabes Unidos. En la misma intervención, refrenda la ‘hoja de ruta’ propia de Euskadi y afirma que, en febrero, podría estar aprobada en la Cámara la ley vasca para la transición energética y contra el cambio climático. ¿En febrero? Sí, en febrero. Es un mensaje de calado. Hasta entonces, nadie descartaba que el lehendakari, Iñigo Urkullu, convocase elecciones en marzo o, lo que es lo mismo, que diese por finalizada la legislatura en Navidad, lo que echaría al traste esta iniciativa.

Tapia dio deliberadamente esa fecha después de una reunión de alto nivel en la que estuvo presente Urkullu. Euskadi decretó la emergencia climática en 2019 y aprobar una ley en esa línea es algo que merecía incluso llevar las elecciones a abril. O, visto al revés, presentarse a las urnas sin haber cumplido esta promesa podría resultar problemático, como lo será no tener la de Transparencia. Esta norma, además, saldrá con un muy trabajado consenso de PNV y PSE-EE -el Gobierno- con la principal fuerza de la oposición -EH Bildu-, algo fraguado por dos parlamentarios de bancadas opuestas con muy buena relación, Unai Grajales del PNV y Mikel Otero de EH Bildu. Pero en estos meses han colaborado también dirigentes políticos, el candidato Pello Otxandiano y asesores. Incluso la vicepresidenta y ministra del ramo, Teresa Ribera, ha estado informada y mencionará el asunto este sábado en su visita a Euskadi. Con cinco fuentes diferentes, elDiario.es/Euskadi ha reconstruido el ‘making of’ de la ley que pondrá el broche a la legislatura y también a los doce años de la era Urkullu.

Todo empezó otro martes de meses atrás, el 16 de mayo. Ahí está el origen de esta ley. Ese día, por ejemplo, Pedro Sánchez acababa de visitar Vitoria para hacer campaña. En unos días se iban a celebrar las elecciones municipales y forales y la actividad política estaba copada por los dimes y diretes de los comicios. El Consejo de Gobierno, sin embargo, siguió con su agenda ordinaria y dio luz verde al proyecto de ley de “transición energética y cambio climático”. Era una propuesta que no llegaba a 40 artículos. Partía con su aprobación asegurada siempre que la legislatura no se acabara precipitadamente porque el Ejecutivo de PNV y PSE-EE tiene mayoría absoluta.

Sin embargo, el Gobierno estaba decidido a buscar un respaldo más amplio para lanzar un mensaje a la sociedad en un asunto clave. Lo ha hecho también en otras materias. Además, EH Bildu tiene un gran poder municipal y su posición puede contribuir a facilitar la implantación de proyectos de energías renovables. En paralelo a la ley, el Gobierno tramita otro documento llamado “PTS” para regular las ubicaciones de parques solares o eólicos no sin oposición y que podría no llegar esta legislatura. Euskadi no es ajena al fenómeno ‘nimby’: sí a los proyectos pero no si se instalan en el patio trasero. Las partes entienden que hay que lanzar un mensaje claro y unitario.

La ley se presentó oficialmente en el Parlamento Vasco el viernes 9 de junio. Antes, los portavoces de PNV y EH Bildu en la comisión de Medio Ambiente no habían necesitado ni llamarse formalmente para saber que estaban abiertos a negociar. Pero con condiciones. Otero, por ejemplo, le dijo a Tapia en esa presentación que la norma llegaba dos años tarde y que la propuesta inicial no era “aceptable de ninguna forma” porque era “bla bla bla” en muchas de sus medidas. El PSE-EE tiene en Alberto Alonso a su referente en la materia. El socio de Gobierno del PNV fue también crítico en esa fase: al texto de Tapia le faltaban objetivos ambiciosos y un régimen sancionador.

En la coalición de PNV y PSE-EE la norma es que sea el partido que dirige el área correspondiente el que lidere las negociaciones, aunque la otra parte puede participar. En 2020, Zaldibar mediante, Medio Ambiente pasó de manos socialistas (Iñaki Arriola) a nacionalistas (Arantxa Tapia). En este caso, además, fuentes socialistas insisten en que el proyecto del Gobierno ya venía mínimamente trabajado para eliminar un apartado que resultó muy polémico en una normativa anterior de Tapia, la creación de la figura de proyectos de interés general que permita al Ejecutivo vasco autorizarlos incluso por encima de los ayuntamientos afectados. Grajales y Alonso, en todo caso, han estado en contacto continuo.

PNV y EH Bildu prepararon conversaciones bilaterales al máximo nivel para “desbrozar” las diferencias e iniciar una negociación. En el Euzkadi Buru Batzar la referencia era la ‘burukide’ María Eugenia Arrizabalaga, guipuzcoana, también parlamentaria y que en asuntos ambientales ha mantenido discursos muy críticos con la contraparte, particularmente en lo tocante a la gestión de residuos. El representante de EH Bildu era el dirigente Pello Otxandiano, director de Programa. Meses después se haría más conocido al ser designado candidato a lehendakari. Otxandiano ya había sido el enviado de Arnaldo Otegi para la fallida negociación de la reforma educativa.

Ambos partidos constatan en esos encuentros su voluntad de llegar a un acuerdo. El PSE-EE también lo ve conveniente y apela a los ejemplos de la normativa estatal y navarra. En ambos escenarios las mismas tres fuerzas políticas, aunque con otra prelación, han sido copartícipes de los avances medioambientales. La coalición Elkarrekin Podemos-IU, en cambio, se desmarca desde el inicio aunque haya estado en Madrid y Pamplona. Tampoco había participado activamente en una ponencia para elaborar un informe sobre descarbonzación. El asesor Xabier Marrero, autor de las enmiendas de su formación, ha capitaneado las críticas a EH Bildu por avenirse a este pacto. También ha asegurado que “en ningún medio vasco” se va a informar de que esta norma blinda a los “oligopolios energéticos”.

Despejado el camino político, empezaron las reuniones parlamentarias. Llegaron a ser quincenales. Se aprovechaban los plenos a los que acudía la consejera Tapia. Presente en el gabinete de Urkullu desde el inicio, desde 2012, ve en esta ley un buen final a su trayectoria en el cargo. Ella ha liderado en primera persona las reuniones y tomado nota de las propuestas que van surgiendo. Sus rivales le reconocen talante, diplomacia y predisposición. Ha estado asesorada en todo momento por las sociedades públicas Ihobe y EVE (Ente Vasco de la Energía) y por sus responsables jurídicos.

En esos encuentros, las partes han logrado un clima de franqueza. Grajales y Otero han sido en todo momento los motores del pacto pero se han ido sumando otros colaboradores. Por el PNV ha intervenido Olatz Arrese, asesora del grupo parlamentario. EH Bildu ha rescatado para la ocasión al exparlamentario de Aralar y de la propia coalición Dani Maeztu, experto en la materia y también jurista. El PSE-EE cuenta con Antxon Olabe, economista ambiental y exasesor de Ribera, pero también ha invitado a los hermanos Pedreira, Iván y Mónica. Al contrario de lo que piensan algunos de los negociadores, no son mellizos.

Iván Pedreira fue director autonómico de Medio Ambiente cuando esa cartera era dirigida por los socialistas, entre 2016 y 2020. Fue un mandato convulso que acabó con la caída del vertedero de Zaldibar, que sepultó a dos trabajadores. Se cumplen ahora cuatro años. Durante las negociaciones ha visto cómo quedaba archivada una de las dos imputaciones penales que pesaban sobre él a raíz de denuncias ecologistas en torno a la planta de Glefaran en Güeñes. Pedreira dejó Medio Ambiente y pasó a Transportes en 2020 y desde 2023 es alto cargo en la Diputación de Gipuzkoa. Su hermana Mónica es la directora de Medio Ambiente también en Gipuzkoa, la mano derecha de José Ignacio Asensio.

Una sala de reuniones de la planta baja del Parlamento llegó a acoger una cita con Grajales y Arrese del PNV, Tapia y asesores del EVE e Ihobe del Gobierno, Otero y Maeztu de EH Bildu y Alonso y los Pedreira del PSE-EE. Grajales y Otero han negociado en euskera pero todos los documentos del proceso se han elaborado en castellano. Ha habido partes redactadas a varias manos. Dos fuentes coinciden en que cuando tocó presentar las enmiendas de cada partido a veces no era posible discernir qué era de EH Bildu o qué del Gobierno a la luz del grado de sintonía al que se había llegado.

De hecho, este periódico publicó entonces que las propuestas de una y otra parte “convergían” en las mismas medidas. La ley que ha salido de este acuerdo es nueva. Nada tiene que ver con la presentada en origen por el Gobierno. Para empezar, casi se han duplicado los artículos. Y, para continuar, se han introducido medidas para desinvertir en proyectos de hidrocarburos como Viura, una explotación de gas semipública vasca en La Rioja, o un canon o impuesto autonómico, algo excepcionalísimo en la Euskadi foral del Concierto Económico. Desaparecerá la entidad SHESA, Sociedad de Hidrocarburos de Euskadi. Bahía Bizkaia Gas se mantendrá como infraestructura pero no ya para gases fósiles. No es un avance menor. Cuando Tapia llegó al Gobierno en 2012 el gran debate era el 'fracking' y Otero el portavoz de la plataforma contraria a esa técnica.

La norma también tiene objetivos finales e intermedios de cara a 2030 y 2040 para lograr la neutralidad en 2050. El PSE-EE entiende que el resultado es tan bueno que no merece la pena pelear por un cambio del nombre de la ley para que sea “contra el cambio climático y para la transición energética” y no al revés. Aquí se exponen algunos detalles.

Pero antes de que esto se produjera hubo una fase de crisis. Hay quien llegó a pensar que era mejor no sacar nada que tener una mala ley. Hacia noviembre el acuerdo estuvo en riesgo. Además de las discrepancias concretas sobre los contenidos, el contexto político también se coló en la tramitación de esta ley. A finales de ese mes se conoció que el PNV iba a prescindir de Urkullu como candidato. En las crónicas brotó el concepto de ‘pato cojo’, que viene del inglés ‘lame duck’ y hace referencia a esos gobernantes que tienen un período de mandato por delante pero que ya conocen que no van a continuar. Ya era conocida la apuesta de Imanol Pradales y los partidos asumieron como más que probable unas elecciones en marzo. Eso implicaba que el Parlamento dejaría de funcionar en Navidad y que todo lo que no estuviera terminado antes quedaría olvidado. Por eso, el 21 de diciembre se había previsto una sesión maratoniana para sacar adelante siete leyes. Al día siguiente se resolvieron los presupuestos de 2024. Públicamente, los objetivos del Gobierno entonces eran aprobar la reforma educativa y las leyes de Empleo y Salud Pública.

Pero todo cambió el 12 de diciembre. Se reunieron en el Parlamento Urkullu, Tapia y la dirigente Arrizabalaga. Llamaron a Grajales. Analizaron el calendario y dieron el visto bueno a sacar adelante esta ley. Así lo comunicó públicamente Tapia y, desde ese día, todos los dirigentes del PNV repitieron que era muy relevante aprobar esta norma antes de las elecciones. De hecho, así lo expresó también el propio lehendakari en la última sesión de control de 2023, el 15 de diciembre. El lunes 18 de diciembre ya había un preacuerdo y se conocieron las enmiendas del Gobierno y de EH Bildu, los textos previamente trabajados. Estaba todo listo incluso para convocar un pleno extraordinario el 28 de diciembre para despachar la enmienda de totalidad de Vox a pesar de que desde hace lustros no hay un pleno en Navidad. Pero ni siquiera hizo falta: la formación de ultraderecha -a pesar de su negacionismo- ni se ha molestado en oponerse.

Así las cosas, mediado enero PNV, PSE-EE y EH Bildu anunciaron el acuerdo. La sintonía ha sido tal que no han tenido inconveniente en hacerlo de manera conjunta. Es algo enormemente excepcional. En esa rueda de prensa se dijo que se había logrado “una buena ley” y que se había trabajado con “altura de miras”, orillando el electoralismo. “Todos estamos contentos con el resultado. Nadie se ha tenido que tragar ningún sapo. Estábamos convencidos de que esta ley era importante y que teníamos que terminar la legislatura con un amplio acuerdo”, apostilló Grajales.

Esta semana, el 29 de enero, se votará el dictamen definitivo de la ley. En él habrá también algunas propuestas del PP, pero se desconoce su posición final. Se ha previsto que se pueda votar en pleno el 8 o el 15 de febrero. Esperar más podría volver a comprometer su viabilidad, ya que toda la Euskadi política tiene reservado el 21 de abril para las elecciones vascas, lo que obligaría a Urkullu a convocarlas justo después de que se celebren las de Galicia.