Las cárceles vascas premiarán a los presos que colaboren para cuidar de compañeros en riesgo de suicidio

Las tres cárceles vascas, Zaballa, Basauri y Martutene, cuentan desde el 24 de abril con un nuevo protocolo para prevenir los suicidios entre la población reclusa y también para ordenar cómo actuar ante casos consumados, según indica el área de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales del Gobierno vasco. El documento, que da continuidad a iniciativas como la instrucción de 2014 del Gobierno central o a planes en la red de prisiones catalanas, llega año y medio después de que el Gobierno de Iñigo Urkullu asumiera la gestión de esta competencia y tras dos casos muy seguidos conocidos en marzo, uno en el penal alavés y el otro en el guipuzcoano. Entre las medidas previstas, se busca consolidar la figura de los presos de confianza o “sombras”, reclusos que 'cuidan' de aquéllos en riesgo de suicidio. Recibirán una paga adicional de unos 100 euros a través de la entidad Aukerak, que es la agencia que gestiona los programas de reinserción del nuevo sistema autonómico de Prisiones.

El magistrado Jaime Tapia, asesor del Gobierno de Iñigo Urkullu para asuntos penitenciarios, indica que la salud mental “es el gran problema de las personas privadas de libertad”, con incidencias “muy por encima de la población general” y añade que “la protección de la vida y de la salud de las personas privadas de libertad tiene que ser una obsesión” para la Administración. El protocolo apunta en su preámbulo que si el suicidio es un problema social de calado -“principal causa de muerte no natural” entre los jóvenes- en las cárceles las proporciones se multiplican por seis entre los condenados y por más de siete entre los preventivos. Desde la transferencia de Prisiones, en Euskadi ha habido tres casos, uno en cada centro.

Tapia indica que Euskadi “no parte de cero” y que lo que ha hecho es conocer los protocolos anteriores, cuando los centros eran de gestión estatal, y también las estrategias de “posvención” de Catalunya, que lleva ya años gestionando Prisiones. Además, cuenta que han trabajado con expertos, con los funcionarios y con Osakidetza, que se ocupa de la Sanidad penitenciaria incluso desde antes de la transferencia, para “poner al día” cómo responder ante este fenómeno, que empieza a dejar de ser un tabú. Asume el alto cargo del Gobierno que toca también implicar a las familias y al entorno de los penados para que se sumen a la búsqueda de alertas ante posibles situaciones de riesgo. “Se intenta transmitir que el suicidio no es un tema privado. Como con la violencia de género, la familia tiene que ser partícipe. Hay que estar con ella no solamente en la comunicación posterior a un hecho de este tipo, sino viendo cuáles son sus necesidades en todo momento”, señala Tapia. Esta pregunta surge a la luz de las quejas de la familia de uno de los dos fallecidos recientemente, Malek, un joven interno en Zaballa. “Hemos pasado más horas negociando [con los responsables de Prisiones] que llorando a nuestro muerto”, lamentaron tras calificar de “fría” y “victimizante” la gestión del caso.

El protocolo ve como “señales de alerta” los “cambios de conducta”, deshacerse de objetos de valor, la “irritabilidad” o la no participación en actividades, además de la propia verbalización de ideas autolíticas. Y señala como “momentos clave” de especial vigilancia el ingreso en prisión -se menciona expresamente a los presos por casos mediáticos-, los traslados o el endurecimiento del régimen penitenciario. Pero también el momento de la excarcelación ha de ser analizado, por “la perspectiva del reencuentro con un escenario que pudo haber sido hostil” o por el trauma de una realidad muy cambiada tras años entre rejas. Hay que analizar también las problemáticas específicas de mujeres internas o de personas transgénero. Se alude también al consumo de drogas, aunque Tapia indica que es “remoto” que pueda darse un caso de suicidio por consumo abusivo de sustancias ilegales. “La cultura de permisos, visitas o salidas tiene también una función preventiva. Una vida cerrada es más fácil que se vea como sin esperanza”, señala el asesor gubernamental.

En el plan de prevención, cobra mucha relevancia la figura de los “internos de apoyo”. Colaboran en la “observación preventiva” de quienes han sido identificados como de riesgo. Pueden llegar a compartir celda y ser una “sombra” durante las 24 horas del día. Será la junta de tratamiento la que decidirá qué personas pueden jugar ese papel, aunque hay una alta rotación. Serán formados por Aukerak con “sencillos conocimientos” y hasta con “primeros auxilios”. Se entiende como satisfactorio que entre el 2% y el 3% de los internos en cada cárcel estén en este programa de apoyo. La participación será valorada como un avance en el proceso de reinserción y tendrá una “recompensa” económica. “Ese dinero es un complemento, un premio económico simbólico”, indica Tapia. La paga podría rondar los 100 euros mensuales.

Con todo, el documento avisa de que “las conductas autolesivas se consideran fenómenos típicamente comunes en la población penitenciaria y en muchas ocasiones son percibidos como una clara intención de manipulación”. Y añaden: “No es infrecuente que el interno quiera llamar la atención mediante la amenaza de suicidio o, incluso, fingiendo un intento por obtener alguna ganancia secundaria. Se cree que a veces los internos utilizan las conductas autolesivas para obtener un control sobre el ambiente, como por ejemplo que se le transfiera a un hospital o en un escenario menos restrictivo, o bien obtener un beneficio penitenciario. No obstante, conviene remarcar que cualquier signo, como pueden ser las amenazas verbales de suicidio, los intentos o las conductas autolesivas, debe ser objeto de atención y el abordaje, cualquiera que sea la forma de manifestación, debería incluir un plan de tratamiento que asuma la complejidad y la posible gravedad de este fenómeno”.