El cierre de un “problemático” centro de menores de Bizkaia pone en jaque a sindicatos y a la Diputación

Tras el anuncio del cese el próximo 30 de septiembre del servicio del centro de menores no acompañados de El Vivero, en Galdakao, gestionado por la empresa Landalan y dependiente de la Diputación de Bizkaia, los sindicatos ELA y LAB comenzaron el pasado julio una serie de movilizaciones para denunciar el cierre del mismo y el consecuente “despido” de 19 de sus trabajadores. Según critican “el servicio lleva años siendo precario y la situación actual es muy grave”. “Han pasado de tener plazas concertadas para 42 usuarios y tener 82 usuarios, a tener 22 convenidas, falta personal. No hay espacios adecuados para los usuarios, falta material de higiene y hasta tuvo lugar un incendio en el edificio de Amorebieta porque los colchones se quemaron, entre otros incidentes”, lamentan los sindicatos, que esta semana han retomado las protestas y se manifestarán el próximo 27 de septiembre frente a la Casa de las Juntas de Bizkaia, en Gernika y dos días después, el 29, frente al Palacio de la Diputación Foral, en Bilbao.

“Desde que anunciaran la decisión de dejar de prestar el servicio, el convenio de prestación del servicio ha sido prorrogado en varias ocasiones, pero siempre mermando las anteriores condiciones laborales de un convenio a convenio hasta el punto de poner en juego la salud laboral de las personas trabajadoras. En este centro han trabajado más de 50 personas en el último año”, aseguran.

Aquel incendio, ocurrido en el centro de Amorebieta-Etxano en diciembre de 2021, obligó a trasladar a los usuarios a El Vivero, centro que desde Fiscalía describen como “problemático”. “En Bizkaia este año 2022, no se ha incoado ningún procedimiento de máxima gravedad en la sección, habiéndose celebrado los del año anterior en todos los casos con sentencias condenatorias. Sí destacar, la problemática con el carácter disruptivo de los menores no acompañados con dos incendios en el centro de El Vivero, el último a finales de diciembre de 2022, que se ha incoado y notificado a la Unidad especializada de la Fiscalía General del Estado”, relata uno de los informes de Fiscalía.

Los informes de Fiscalía detallan que Bizkaia, siendo la provincia de mayor población, “continúa a la cola en esta comunidad autónoma en la creación de estos centros de contención y control judicial”. “Continúan y se agravan los problemas con los menores no acompañados en la provincia. El incendio del centro de primera acogida de Amorebieta-Etxano, tuvo lugar en diciembre de 2021, lo que obligó a un traslado temporal al centro El Vivero, donde permanecen desde entones. Este año, dos reuniones y entrevistas se han mantenido con el referido centro, en mayo de 2022 y principios del 2023, siendo insostenible la situación en el mismo. Se mantiene la problemática expuesta en memorias anteriores, de carencias, necesidades, quejas de los menores, de los educadores, responsables y de las incidencias de las unidades policiales que en el día a día se trasladan a la Fiscalía de menores sin resultado alguno. Los menores en el referido centro, destrozan el mobiliario, rompen las tuberías provocando cortes de agua, y este 2022, han incendiado en el mismo. El último con autor identificado el 15 de diciembre de 2022, en el que los menores han venido a manifestar que el incendio es provocado por las malas condiciones en que se encuentran”, prosigue el escrito.

“Ausencias injustificadas y sin intervención terapéutica adecuada”

Desde entonces, siempre según los informes de la Fiscalía, el centro, que se abrió de forma provisional, “se ha convertido en el de referencia de primera acogida, a pesar de que su denominación por la Diputación Foral de Bizkaia, es de Centro de Emancipación para jóvenes con solo dos plazas de urgencia, cuando en realidad es el único centro de urgencia de menores de primera acogida, donde conviven los más disruptivos”. “De esta manera, los problemas siguen en aumento, se tarda más de tres meses en la tutela formal de los menores, con ausencias injustificadas prolongadas y sin intervención terapéutica adecuada, donde los consumos de tóxicos no frenan hasta que ingresan en centros de justicia juvenil, en medidas de internamiento judicial terapéutico”, relata el documento.

En este sentido, insisten en que en el servicio de Infancia, “tan problemático donde menores disruptivos conviven con otros que intentan adaptarse y los de plaza de urgencia”, este año han superado los 450 menores de primera acogida, “siendo la llegada muy inferior en el resto de provincias vascas”. “La masificación del centro, sus características y falta de rigor en las medidas que se adoptan, ponen a la Fiscalía en una situación de desventaja, ya que solo se reciben quejas de los educadores y de las comisarías policiales, interesando que se soliciten medidas cautelares de internamiento por la situación que se vive dentro y fuera del centro”, concluye el informe.

Sobre las razones del cierre, desde la Diputación de Bizkaia confirman a este periódico que será uno de los puntos que se tratarán en el pleno de Juntas Generales que se celebrará en Gernika este miércoles. Fuera del pleno, los sindicatos ELA y LAB han convocado una manifestación con la que también denunciarán las razones que dan desde Acción Social de la Diputación para el cierre son “la disminución de las presencia de menores extranjeros no acompañados”. “Sin embargo, las sedes de Loiu, Amorebieta-Etxano, Orduña o Izurza, a las que han sido derivadas los menores, están hoy saturadas. Ejemplo de ello es la residencia que dirige la Cooperativa Agintzari en Amorebieta, quien tiene concertadas 60 plazas con la Diputación Foral, pero esta misma semana cuenta con unos 65 niños y niñas. Queda en evidencia que los argumentos esgrimidos por la Diputación Foral de Bizkaia y el grupo Landalan-Emankor para hacer efectivo el cierre de El Vivero y los despidos no son válidos”, concluyen.