Euskadi presenta la ley de movilidad sostenible mientras España bonifica el diésel y la gasolina

El Gobierno vasco ha aprobado este martes el proyecto de Ley de Movilidad Sostenible que, entre otras medidas, apuesta por el favorecimiento de la movilidad sostenible desde el ámbito de la planificación autonómica, foral y municipal, con el impulso de una “fiscalidad del transporte” para desincentivar con tasas, cánones o gravámenes actividades en contra la movilidad sostenible, y poner en marcha bonificaciones o exenciones para formas de transporte que no dañen el medio ambiente. Ello llega al tiempo que el Gobierno de España, como medida temporal contra la crisis económica derivada de la guerra en Ucrania, ha acordado entre otras medidas otorgar bonificaciones directas al consumo de diésel y gasolina.

En la rueda de prensa posterior al Consejo, el consejero de Planificación Territorial, Vivienda y Transportes, Iñaki Arriola, ha presentado este proyecto de ley que será remitido al Parlamento para su debate. Arriola ha detallado que el proyecto de Ley de Movilidad Sostenible consta de una exposición de motivos y cinco capítulos con 30 artículos, tres disposiciones adicionales, una disposición transitoria y dos disposiciones finales, informa Europa Press. Se ha felicitado de que, por su parte, todos los compromisos de legislatura ya estarían cumplidos en la mitad del mandato.

El consejero socialista ha destacado que la futura norma tiene como objetivo crear un marco para impulsar la movilidad sostenible en Euskadi, tanto de personas como de mercancías, y favorecer su abordaje desde los ámbitos autonómico, foral y municipal. El titular de Transportes ha informado de que en 2019 en Euskadi se emitieron un total de 18,6 millones de toneladas de CO2, una cifra un 2% menor que el año anterior, pero en la que el 35% corresponde al transporte. “De ahí la necesidad de actuar y dotar a las administraciones con herramientas de planificación en materia de movilidad sostenible tendentes a reducir la huella de carbono derivada del transporte”, ha señalado.

Según ha explicado, la nueva norma contempla la implantación de medidas disuasorias para el uso del vehículo privado promoviendo la “movilidad activa” -a pie o en biciclet--, el impulso del transporte público frente al vehículo privado, la interoperabilidad de los títulos públicos de transporte en un sistema integrado intermodal, la promoción del tren y el favorecimiento de la movilidad sostenible desde el ámbito de la planificación autonómica, foral y municipal. El proyecto de ley incorpora derechos y obligaciones de la ciudadanía, su participación en la elaboración de los planes de movilidad o la obligación de los municipios de tener en cuenta el impacto en la movilidad sostenible de sus actuaciones urbanísticas.

“El fin es reducir la huella de carbono y avanzar hacia un sistema de transportes intermodal que priorice el acceso de las personas al transporte público”, ha subrayado el consejero. Entre las medidas se incluye un plazo de dos años para que los títulos de transporte existentes sean “plenamente interoperables” en todos los modos de transporte de la comunidad autónoma. El proyecto aborda también la “fiscalidad del transporte”, abriendo a diputaciones forales y ayuntamientos la posibilidad de utilizar esta herramienta y otros instrumentos de política económica para contribuir a la movilidad sostenible.

Concretamente, el articulado recoge la opción de establecer medidas fiscales y financieras que desincentiven actividades que vayan contra la movilidad sostenible como tasas, cánones o gravámenes, tributos y reducciones. Al mismo tiempo, abre la puerta a bonificaciones o exenciones para formas de transporte que no dañen el medio ambiente.

En este sentido, el consejero ha explicado que la ley habilita que los ayuntamientos, para conseguir los objetivos que se contemplan en la norma, pueden establecer “medidas disuasorias”, aunque ha destacado que en su artículo nueve, la ley señala que las medidas que se adopten deben “tener proporcionalidad y estar justificadas desde el punto de vista de la defensa de la salud y del medio ambiente”. También se habilita la posibilidad de que de tanto las diputaciones forales como los ayuntamientos, puedan utilizar “herramientas de fiscalidad” para impulsar los objetivos la ley y ha puesto como ejemplo la bonificación de vehículos no contaminantes o la adopción de medidas a los vehículos “muy contaminantes”.

Con el fin de poner en práctica el concepto de “movilidad activa”, el impulso de los desplazamientos a pie y en bicicleta, el proyecto incorpora la obligatoriedad de que los edificios de servicios públicos y las estaciones cuenten con aparcamientos para bicicletas y que los nuevos edificios residenciales incluyan espacios para este medio de transporte. El texto plantea asimismo la necesidad de crear planes de movilidad sostenible a nivel autonómico y provincial con una vigencia de diez años. Los municipios de más de 5.000 habitantes también deberán contar con estos documentos y las diputaciones colaborarán con los ayuntamientos de entre 5.000 y 20.000 habitantes a la hora de realizarlos.

Arriola ha explicado que la ley también quiere que se utilice la herramienta urbanística por parte de las administraciones para ir construyendo unas ciudades que sean “más amigables” con los ciudadanos, impulsando el concepto de “movilidad activa”. “Evidentemente cada ciudad tiene su realidad y no hay nadie mejor que los alcaldes y las corporaciones locales para conocer la realidad de su ciudad y la adaptación necesaria a estas medidas en cada uno de los pueblos y ciudades. No son iguales las capitales, no son iguales los pueblos intermedios, no son iguales los pueblos pequeños. Lo que hace la ley es habilitar la posibilidad de que se puedan adoptar medidas por parte de los municipios”, ha defendido, para señalar que el proyecto incluye también planes de movilidad en los centros de trabajo.