Euskadi reconoce como víctimas a mujeres que hayan sufrido cualquier violencia machista, hijos y personas del entorno

Euskadi pondrá en marcha un nuevo plan interinstitucional para proteger a las víctimas de violencia machista que incluye como novedad la apertura del tratamiento como víctima a las mujeres que hayan sufrido cualquier forma de violencia machista, no solo violencia de pareja o expareja, intrafamiliar y violencia sexual, así como el reconocimiento como víctimas a los hijos de estas mujeres y otras personas del entorno, en coherencia con el nuevo contexto normativo. El Consejo de Gobierno vasco ha dado luz verde al texto del 'III Acuerdo para la mejora de la atención de las mujeres víctimas de violencia machista', que se aprobó el pasado 20 de diciembre en la comisión de seguimiento del acuerdo reunida en Emakunde, y que será ratificado el próximo día 19 en un acto con la firma del lehendakari y de representantes del resto de las instituciones que lo suscriben, ya que se trata de un acuerdo interinstitucional que implica, además de al Ejecutivo, a representantes de las diputaciones y ayuntamientos, del Poder Judicial, la Fiscalía y del ámbito de la Salud para proporcionar una atención “integral a las víctimas” y “evitar su revictimización”.

El nuevo plan de apoyo nace en un contexto especialmente negro en lo que se refiere a los crímenes de violencia machista, como ha recordado la consejera de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales, Beatriz Artolazabal, en su presentación tras el Consejo de Gobierno. “Un diciembre negro y no hemos empezado 2023 mejor”, ha recordado Artolazabal, con cuatro mujeres asesinadas en poco más de 24 horas nada más arrancar el nuevo año y después de un més de diciembre con el mayor número de crímenes machistas en el Estado desde que se tienen registros, con 12 asesinatos de mujeres ese mes y 45 en todo el año. Por eso, la consejera ha resaltado la importancia de este nuevo plan y de “involucrar a todo el conjunto de la sociedad para que sea tajante en la condena” de lo que ha calificado una “vulneración de los derechos humanos”.

“No es admisible que se produzca una muerte más”, ha señalado, por lo que ha pedido a la sociedad en su conjunto que “ponga pie en pared” contra estas situaciones. Artolazabal se ha dirigido especialmente a los hombres para que interioricen que deben ser “agentes activos” por la igualdad. Ha hecho hincapié también en la necesidad de seguir trabajando en la “prevención” y en la educación para que “los jóvenes asuman la igualdad real” y se ha mostrado abierta a que se tome cualquier medida que contribuya a terminar con esta lacra. No obstante, la consejera ha preferido ser prudente respecto a la propuesta del Ministerio del Interior de que se avise a las mujeres de que sus parejas tienen condenas por maltratos anteriores. “Hay que analizar el respaldo jurídico que pudieran tener esas decisiones”, ha señalado. “En ello está el Ministerio y creo que todo lo hará desde la mayor garantía jurídica”. De momento, la Fiscalía General del Estado defiende que “no se puede” avisar “de manera automática” a las mujeres de que sus actuales parejas tienen antecedentes por violencia machista, y que solo debería realizarse en supuestos en los que la Policía valore que esos antecedentes “suponen un factor de riesgo relevante”.

Acuerdo de apoyo a las víctimas desde 2001

El acuerdo es la continuación del que se firmó inicialmente en 2001 y se actualizó en 2009, y la consejera ha defendido le necesidad de esta actualización por los cambios normativos y sociales que se han producido en las últimas décadas. El fin último del acuerdo es la coordinación entre las instituciones implicadas en la atención a las víctimas de maltrato y agresiones sexuales, de modo que se les garantice una protección integral sanitaria, policial, judicial y social, poniendo “las necesidades de las víctimas en el centro”.   

Artolazabal ha señalado que, además de los cambios normativos se han producido en los últimos años “cambios sociales que han significado que algunas formas de violencia adquieran mayor protagonismo, así como que emerjan nuevas formas de violencia machista contra las mujeres, como, por ejemplo, las surgidas en un contexto de relaciones sociales mayoritarias a través de Internet, redes sociales, dispositivos móviles, o, por ejemplo, formas de violencia que han adquirido mayor visibilidad como agresiones en grupo o el uso de la llamada ”sumisión química“. En opinión de Artolazabal, todos estos cambios, tanto normativos como sociales, obligan a actualizar el acuerdo, por lo que a partir de ahora las victtimas de este tipo de violencia serán tratadas dentro de este mismo protocolo, lo que ”supone un paso importante hacia una atención más integral y más personalizada de las víctimas y evitar su revictimización“.  

Es decir, se va a tomar como referencia a todas las formas de violencia machista, no solo violencia de pareja o expareja, intrafamiliar y violencia sexual, y el reconocimiento como víctimas a las mujeres, sus hijo y otras personas del entorno, en coherencia con el nuevo contexto normativo. Otro de los avances tiene que ver con la detección precoz de los casos, ya que el acuerdo promueve la proactividad de todas las instituciones de todos los ámbitos y sistemas y amplía los compromisos de las instituciones firmantes en relación con la formación de las y los profesionales que atienden a las mujeres víctimas. 

El acuerdo refuerza el trabajo de coordinación interinstitucional, creando nuevos grupos de coordinación en cada territorio histórico y organizando anualmente un encuentro de intercambio y formación dirigido a profesionales de los diferentes ámbitos y sistemas. Y otra de las mejoras será que el protocolo de actuación coordinada ofrece, a través de este III Acuerdo, una mayor claridad y concreción en relación con las pautas que deben seguir los diferentes operadores de cada uno de los sistemas. Su contenido facilita conocer los operadores de cada ámbito y su funcionamiento.  Asimismo, el acuerdo permitirá la participación en la comisión de personas expertas o pertenecientes a organizaciones y asociaciones de personas afectadas, e incorpora específicamente pautas para los ámbitos educativo, de vivienda y de empleo. 

La comisión, coordinada por Emakunde, la integran seis departamentos del Gobierno vasco (los departamentos de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales; Seguridad; Salud; Trabajo y Empleo; Educación; y Planificación Territorial, Vivienda y Transportes), el Consejo General del Poder Judicial, la Fiscalía Superior del País Vasco, las tres diputaciones, Eudel, Consejo Vasco de la Abogacía y Consejo Médico Vasco.

Ayudas

Por otra parte, ya está abierto el plazo para que las mujeres víctimas de violencia machista ejercida por su pareja o expareja, con una discapacidad igual o superior al 33% y con familiares a su cargo, pueden recibir una ayuda del Gobierno vasco de 11.520 euros para salir de esa situación de maltrato y facilitar su independencia económica y su inclusión social. Para percibir esta subvención, debe haber finalizado definitivamente la relación de pareja con el agresor o presunto agresor.

Así se recoge en el programa de ayudas económicas a las mujeres víctimas de la violencia de género 2023, del Departamento vasco de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales, dotado con 1.600.000 euros para este año, y cuyo plazo de presentación de solicitudes de ayuda está ya abierto.

El importe de la ayuda depende de las personas que la víctima tiene a su cargo y de que éstas tengan discapacidad. Así, las mujeres maltratadas sin personas a su cargo pueden recibir 2.880 euros, cantidad que aumenta hasta los 5.760 euros si tienen una discapacidad igual o superior al 33%. La ayuda económica asciende a 8.640 euros si la mujer victimizada tiene dos o más familiares o menores a su cargo, si tiene un familiar o menor a su cargo con discapacidad igual o superior al 33%, o si es una mujer con discapacidad igual o superior al 33% con un familiar o menor a su cargo.

La ayuda máxima, de 11.520 euros, está contemplada para mujeres con discapacidad igual o superior al 33% con dos o más familiares o menores a su cargo; mujeres con discapacidad igual o superior al 33% y con un familiar o menor a su cargo con una discapacidad igual o superior al 33%; y mujeres con discapacidad igual o superior al 65% o con un familiar o menor a su cargo con una discapacidad igual o superior al 65%.