La familia del denunciante de abusos en un colegio del Opus teme que la fiscalía retire los cargos contra el acusado

El juicio por los abusos sexuales denunciados por un antiguo alumno del colegio Gaztelueta quedará este jueves visto para sentencia. En el banquillo de los acusados se sienta su antiguo tutor en los cursos 2008/2009 y 2009/2010, José María Martínez Sanz. Se expone a un máximo de 10 años de cumplimiento efectivo de prisión pero la Fiscalía limita a 3 su petición de cárcel. Sin embargo, el fiscal Alejandro Torán ha adelantado ya que estudia una modificación de sus calificaciones.

La familia del joven, que hoy tiene 22 años, teme que a última hora el ministerio público rebaje sus exigencias o incluso se retire, lo que dejaría sola como acusación a la familia. La respuesta no tardará en llegar, ya que la última sesión del juicio estará dedicada a los informes de conclusiones de todas las partes, defensa, acusación particular y Fiscalía.

Durante las sesiones iniciadas la pasada semana, el fiscal Torán ha centrado sus interrogatorios en tratar de buscar una explicación a por qué el denunciante no reveló desde el principio los tocamientos y abusos sexuales más graves. Igualmente, no repreguntó al acusado cuando éste negó categóricamente que se propasara con su antiguo alumno al tiempo que sí buscó contradicciones en la versión ofrecida por la víctima.

Entretanto, en la penúltima sesión del 'caso Gaztelueta' han tenido el turno de palabra las expertas del equipo pericial. También lo ha hecho la psicóloga Beatriz Salazar, a quien el denunciante relató los abusos en 2011, y los psicólogos contratados por la defensa del profesor Martínez Sanz.

El equipo psicosocial fue nombrado por el juzgado, es decir, no son testimonios de ninguna de las partes. Este grupo está integrado por dos psicólogas, una psiquiatra y una médico forense especializada en psiquiatría. Las cuatro expertas han declarado conjuntamente con Salazar y los psicólogos de la defensa, en una sesión en que todos han escuchado la declaración de los otros y han podido rebatirse.

Las psicólogas Marian Elicegui y Ana María Imaz, de la unidad de valoración forense, han ratificado los informes que redactaron a petición judicial. Han descrito la metodología y las pruebas que realizaron al joven en diciembre de 2015 y enero de 2016 y su posterior valoración. Las conclusiones hablan de un “relato consistente”, sin contradicciones con informes, y de declaraciones previas y una serie de parámetros que dan veracidad al testimonio del joven.

“Él quiere que haya unas consecuencias. No hay una situación de dependencia emocional hacia el perpetrador, sino que el menor se ve humillado, sin autoestima y en situación de sumisión”, ha afirmado una de ellas experta. Ambas se han referido igualmente al 'bullying' sufrido por el joven, algo que, efectivamente, “se ha dado” y “aparece constantemente en el relato”.

Las expertas, además, concluyen en su informe que el joven tiene una capacidad cognitiva adecuada para realizar una declaración que, además, presenta una huella psíquica compatible con la que originan hechos como los denunciados. “Se consideran válidos los resultados de las pruebas realizadas” y “se cumplen una serie criterios como homogeneidad, información estructurada en el relato, detalles o reproducción de conversaciones”, han indicado.

Los informes médicos periciales también han sido ratificados en sala por las expertas. Han referenciado, además, a la información recogida de anteriores médicos, psicólogos y psiquiatras, y al episodio de ansiedad que el denunciante sufrió en 2011, cuando su pediatra afirmó que parecía más “un problema emocional que médico”. Las expertas han hablado de un síndrome de estrés postraumático, “totalmente compatible con los hechos denunciados”.

La doctora Beatriz Salazar, psicóloga que entrevistó al denunciante en 2011 a petición de los abogados de la familia en aquella época, ha negado que el testimonio de la víctima haya sido inducido tras aquella conversación: “Guardé los documentos bajo llave, no los enseñé ni a sus padres, ni a los letrados. Tiempo después, cuando salió en la prensa, vi que era exactamente lo que me había contado a mí”.

Salazar, además, ha afirmado que citó al joven una semana después de la primera entrevista a pesar de no ser lo habitual: “Me dijo que no me lo había contado todo. Que le producía dolor”. Ha descrito esa conversación como un testimonio libre, extenso, “sin preguntas que pudieran sugestionarlo”. En relación a vincular los episodios de ansiedad con un cuadro psicótico, Salazar ha comentado que “tener una subida de tensión no significa ser una persona hipertensa”. “Lo que me contó” ha añadido, “las reacciones, la actitud del preceptor hacia él... eran consistentes. Nadie pone la etiqueta 'postraumático' alegremente, responde a ciertos criterios”.

Salazar ha declarado que “una persona que pretende simular algo piensa que a lo mejor debe contar el relato en un orden lógico”. No fue el caso del menor: los hechos fueron surgiendo de manera desestructurada en la entrevista con Salazar. Describió, además, varias interacciones y reprodujo conversaciones literales, detallando estados de ánimo y admitiendo falta de memoria: “Me decía que no me contaba más cosas porque no recordaba los detalles”. La doctora afirma que intentó justificar la actitud del preceptor, con el que se había establecido “una relación de autoridad y sumisión”. 

Es exactamente la misma versión ofrecida por los tres profesionales que trataron a la víctima, Iñaki Viar, Araceli Medrano y Eva Sesma, que declararon el martes. Por el contrario, los psicólogos contratados por la defensa, Antonio Manzanero y Rocío Vallet Colchero, no han coincidido con los informes periciales, en los que han detectado “deficiencias”. “Se habla de ansiedad, de pesadillas, de alucinaciones… y en todo momento se relaciona con hechos. Echamos de menos que se haga un análisis diferencial, y tenemos que valorar muchas hipótesis”, ha afirmado Vallet.

Los psicólogos de la defensa han opinado que no hay un relato libre suficiente para ser analizado objetivamente: “Nos hemos detenido en los criterios de veracidad que supuestamente cumple y consideramos que no lo hace. Hemos visto factores de influencia que llevan a distorsionar los recuerdos”. Por tanto Vallet y Manzanero han afirmado que “no se trata de saber si lo que cuenta [el menor] es verdad o mentira, sino de falsa memoria”. Han concluido que las alucinaciones y síntomas que sufrió el denunciante podrían haber distorsionado los recuerdos y tenga “dificultad para contar lo que realmente pasó”.

“Me sorprende que se hable con tanta seguridad de los hechos ocurridos” ha añadido Vallet, en la línea de los “falsos recuerdos” defendida el martes por otra profesional. Se da la circunstancia de que todos los expertos que han tratado a la víctima constatan la veracidad y coherencia de sus acusaciones, mientras que son los que no la han hecho los que la cuestionan. De hecho, sobre la credibilidad, los psicólogos de la defensa han declarado trabajar sobre hipótesis: “Ninguna de las que se plantea se puede descartar, solo que los hechos sucedieran según se relata, porque ha añadido detalles y ha quitado otros a través del tiempo. Científicamente hablas de probabilidades, no podemos saber lo que pasó o no”. 

Han afirmado, además, que no ven adecuados los métodos utilizados por las forenses para elaborar los informes. Creen que la entrevista cognitiva “es sugestiva” y “contamina el relato”. Han añadido que si los datos no se recogen adecuadamente, “los resultados no se pueden analizar”. Los psicólogos de la defensa han opinado que no hay un relato libre suficiente para ser analizado objetivamente: “Nos hemos detenido en los criterios de veracidad que supuestamente cumple y consideramos que no lo hace. Hemos visto factores de influencia que llevan a distorsionar los recuerdos”.