El Parlamento Vasco trabaja en una propuesta para que el Tribunal de Cuentas audite la Cámara por vez primera

Los servicios jurídicos del Parlamento Vasco han redactado una “propuesta” para regular el control y auditoría de las cuentas tanto del Parlamento Vasco como de sus órganos dependientes, como el Ararteko (Defensoría del Pueblo), unas disposiciones adicionales que podrían incorporarse a la reforma de la ley del Tribunal Vasco de Cuentas Públicas que ahora se debate en la Cámara. Los ajustes en la normativa anterior, de 1988, plantean también un “examen” de las cuentas del propio órgano fiscalizador. 

Hasta ahora, la ley vigente recogía de manera genérica que “el Tribunal Vasco de Cuentas Públicas asistirá al Parlamento en el control de la actividad económico-financiera vinculada a sus funciones estrictamente administrativas”. En su web, la propia institución aclara que ello queda fuera de la “función fiscalizadora” y que es mero “asesoramiento”. De hecho, “nunca” se ha realizado una auditoría de los números de la Cámara, según indican a este periódico dos fuentes del Tribunal de Cuentas. Tampoco se ha hincado el diente a los tres Parlamentos forales, las Juntas Generales de Álava, Bizkaia y Gipuzkoa. Los auditores, en cambio, sí han sido auditados. Hace años, estuvo vigente un convenio con el organismo equivalente de Andalucía para el análisis externo recíproco de ambas entidades.

Fueron PP y Elkarrekin Podemos quienes presentaron sendas iniciativas para modificar la ley de 1988. El motivo fue la polémica suscitada por el salto del que fuera diputado general de Bizkaia, José Luis Bilbao (PNV), a la presidencia del Tribunal de Cuentas, un ente que controla la gestión económica de todas las instituciones, tanto autonómicas como forales y locales. Los 'populares' reclaman que altos cargos políticos no puedan ser consejeros de cuentas hasta que hayan pasado al menos seis años desde que abandonaran su último cargo público. Exige también doce años de experiencia en el ámbito económico. En cuanto a la coalición de Podemos, IU y Equo, ha incidido en el control del Parlamento toda vez que fue rechazada en 2016 su propuesta de revisar las cuentas de 2012 a 2015.

Ambas iniciativas se están debatiendo de manera conjunta en una ponencia que ha mantenido este miércoles su última reunión, a la que seguirán otras. En la cita, los letrados de la Cámara han presentado la “propuesta” para “regular el control externo” del Parlamento, del Ararteko o del propio Tribunal de Cuentas. El texto matiza, en el caso del legislativo, que ese análisis se ceñirá a sus “funciones materialmente administrativas” y no a su actividad política y establece, en líneas generales, que antes de junio del año siguiente el organismo auditor deberá emitir un informe de conclusiones. La revisión afectaría también a la Defensoría del Pueblo, que depende de la Cámara, así como a organismos que en el futuro puedan crearse. 

Más complejo es el escrutinio del propio Tribunal de Cuentas, una tarea que según las fuentes consultados no puede realizar por sí mismo por motivos obvios. La propuesta propone que “el examen se lleve a cabo por el Parlamento Vasco, conforme al procedimiento que se establezca”. Para ello, la Cámara “podrá dotarse de los medios adecuados”, lo que podría reabrir la puerta a recuperar la fórmula andaluza. 

Estas disposiciones aún no han sido votadas, pero las fuentes parlamentarias consultadas coinciden en que es muy probable que salgan adelante porque, con matices, no suscitan grandes dudas. Aunque se trata de una reforma impulsada por la oposición, los partidos de Gobierno (PNV y PSE-EE) presentaron una enmienda referente también al estudio de las cuentas del Parlamento. Fuentes conocedoras del Tribunal de Cuentas explican que la normativa reguladora de 1988 es similar a la de creación del equivalente estatal pero que carece de unas directrices concretas sobre su funcionamiento que han sido suplidas por la práctica diaria en estas tres décadas largas, por lo que no ven inconveniente un lavado de cara.