Sortu muestra el ineludible camino de la legalidad a los presos de ETA

En la izquierda abertzale que nunca ha condenado a ETA se ha llegado a la conclusión de que solo desde la asunción de la legalidad penitenciaria los más de 400 presos de la organización terrorista podrán mejorar su situación carcelaria, obtener beneficios penitenciarios y, en algún momento, alcanzar la libertad. Y como dicen los anglosajones: 'charity begins at home'. O lo que es lo mismo, lo mejor para que te entiendan fuera (el colectivo de reclusos etarras agrupado en torno al EPPK) es dar ejemplo en tu propia casa (Sortu). En este caso, ha sido la cúpula de Batasuna y del PCTV -que se jugaba hasta diez años de cárcel en el juicio que se seguía en la Audiencia Nacional por formar parte de ETA- la que ha pactado su libertad reconociendo las acusaciones en un acuerdo cerrado con la Fiscalía, la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) y Dignidad y Justicia.

Básicamente, lo que han aceptado 35 dirigentes cualificados de Sortu y miembros de la izquierda abertzale como Pernando Barrena, Juan José Petrikorena, la exalcaldesa de Mondragón Inocencia Galparsoro o la exdiputada del PCTV Nekane Erauskin (así hasta 35 acusados incluidos en el sumario 04/08) es que no hay otro camino para salir de la espiral en la que está el final de la violencia en Euskadi que aceptar la legalidad. Y reconocer el daño causado. El pacto con el que evitarán entrar en prisión, además de admitir los vínculos con ETA y que todos ellos fueron “instrumentalizados” por la organización terrorista, añade dos elementos exigidos tanto desde Instituciones Penitenciarias, como desde el Juzgado Central de Vigilancia Penitenciaria y los jueces de la propia Audiencia Nacional a los presos de ETA para avanzar en su reinserción.

En el verano de 2014 se conoció la excarcelación del etarra Asier Arronategi, dictada por el magistrado de Vigilancia Penintenciaria de la Audiencia Nacional, José Luis Castro. ¿Qué hacía diferente a Arronategi de los presos de ETA que también han cumplido las tres cuartas partes de la condena y aspiran a salir de prisión? Su voluntad inequívoca de cortar con la obediencia debida a las directrices de ETA. Su disposición a colaborar activamente con las autoridades en lo que sea requerido -por ejemplo a colaborar con la justicia para esclarecer atentados-. Y su petición de perdón a las víctimas. Arronategi obtuvo la libertad condicional cuando dejó por escrito en un notario su voluntad inequívoca de cortar con el terror y reconocer el daño causado.

Los 35 miembros de Batasuna o del PCTV-EHAK encausados han soslayado su entrada en prisión prácticamente de la misma manera (en este caso no era necesario colaborar con la justicia para esclarecer ningún atentado, la acusación era de integración en banda armada). En el acuerdo, los procesados admiten que actuaron al margen de la ley y del Código Penal y, textualmente, muestran su “compromiso con la renuncia a cualquier actividad relacionada con el uso de la violencia, queriendo que este reconocimiento contribuya a la reparación a la víctimas del terrorismo por el daño y sufrimiento que se les ha causado”.

En los años de plomo en Euskadi, cuando el férreo control de la dirección de ETA se extendía a través del 'frente de makos' por todas las “cárceles de exterminio” en las que estaban los “prisioneros políticos vascos”, se llegó incluso a argumentar por parte de algunos de los abogados de los presos etarras su “derecho a cumplir íntegramente las condenas” impuestas por los “tribunales españoles”.

Un histórico en la izquierda abertzale como Rufi Etxeberria, que ha participado en todas las decisiones claves en la evolución de ese mundo para avanzar desde el territorio la violencia a la utilización exclusivamente de vías políticas y democráticas, parece querer mostrar ahora la luz a los presos. La de la asunción de la legalidad, Primero advirtiéndoles de que no va a haber una salida triunfal de las cárceles tras una negociación. “La salida de los presos no va a venir de la mano de un acuerdo alcanzado en torno a una mesa”, sino que sólo será posible “desde el desarrollo de la legislación”. “Es necesario prepararse para ese escenario”, apuntó, aunque si pasar las líneas rojas del “arrepentimiento y la delación”, en palabras de Etxeberria.

Los presos etarras agrupados en el colectivo EPPK ya lo habían admitido en aquella declaración realizada el 28 de diciembre de 2013. Entonces mostraron su disposición, por primera vez en su historia, a seguir la legislación penitenciaria. Era el punto 6 de aquella declaración del colectivo de presos de ETA del EPPK. “Podríamos aceptar que nuestro proceso de vuelta a casa se efectuase utilizando cauces legales, aun cuando ello, para nosotros, implícitamente conlleve la aceptación de nuestra condena. Compartimos que tanto la ley como su aplicación cumple una función esencial de cara al futuro, ya que han de ser utilizadas para fortalecer los pasos que hayan de darse”. Justo lo que acaban de hacer Pernando Barrena y los demás.

Pero ya estamos en 2016. Y durante este tiempo los movimientos en las cárceles han sido, no para progresar de grado o avanzar por el camino del reconocimiento del daño causado y la reinserción, sino para lograr a través de peticiones individuales a Instituciones Penitenciarias -luego recurridas ante los tribunales- el traslado a las cárceles vascas. Acabar con la dispersión. Sin éxito, porque la Audiencia Nacional ha reiterado su jurisprudencia en esta materia, avalando la decisión del juez de vigilancia penitenciaria de rechazar la petición de una veintena de presos de ETA de trasladarles a Euskadi al considerar que la política de dispersión actual no conculca derechos fundamentales como los de defensa, el de comunicación o visita de sus familiares o el de asistencia médica y de acceso a la cultura. Y el siguiente paso de esa estrategia era ir al Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo.

Rufi Etxeberria lo tiene claro. “El EPPK era uno de los principales exponentes de una estrategia ya superada, y ahora el colectivo de presos necesita otra caracterización, pues así lo exigen el cambio de estrategia y el nuevo tiempo político”, apunta. Un colectivo a cuyos integrantes les denomina ahora “presos independentistas”, en vez de “presos políticos” que, dice, “no se ha adecuado a la nueva realidad de ser una consecuencia del conflicto político”.

El Gobierno vasco solo espera ahora que se pase de las palabras -las mismas que se pronunciaron por el colectivo aquel 28 de diciembre de 2013- a los hechos.