El Gobierno de Urkullu se felicita por haber ganado todas las batallas judiciales y espera reconocer en “dos o tres meses” a las primeras víctimas policiales

El Gobierno de Iñigo Urkullu se ha felicitado por haber ganado todas las batallas judiciales que la derecha abrió contra la ley vasca de reparación de las víctimas policiales en democracia (desde 1978 hasta 1999), que cierra el círculo junto a la normativa sobre víctimas del terrorismo y a las políticas de memoria histórica. La última victoria ha llegado esta semana con el portazo del Tribunal Constitucional al recurso del PP, como antes se cerró la vía a Ciudadanos y otros pleitos promovidos por sindicatos policiales, que denuncian sentirse señalados sin sentencia judicial. “Entendemos que la constitucionalidad está clara. Eso no significa algún recurso administrativo [en el futuro], pero hoy toca celebrar”, ha enfatizado el equipo de víctimas, ahora ya fuera del área de Presidencia y adscrita al nuevo Departamento de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales que dirige Beatriz Artolazabal y que espera resolver ya en “dos o tres meses” las primeras solicitudes de entre las 300 que han presentado ya las víctimas.

Artolazabal ha explicado que, desde septiembre y a partir de ahora con plenas garantías de legalidad, la comisión de expertos creada 'ad hoc' analizará las solicitudes e irá resolviendo expedientes. “Va a ser un trabajo arduo y meticuloso”, ha dicho Artolazabal, que ha insistido en la necesidad de que se avance en el reconocimiento de una “injusticia” que no puede ser calificada simplemente de “abusos policiales” sino como una “vulneración grave de derechos humanos”. El plazo para acceder a los derechos que prevé la ley estará abierto hasta el 21 de diciembre de 2021, tres meses más de lo anunciado.

Hasta la fecha, una decena de ellas han sido ya entrevistas y ahora su caso entra en una fase de análisis de la documentación presentada o de la que pueda requerir de oficio el órgano evaluador. En octubre se realizarán otras cinco sesiones con víctimas -cinco o seis por reunión- para avanzar en esa tarea. Ningún caso ha sido archivado directamente. El equipo de valoración es de 11 miembros, y entre ellos está el forense Paco Etxeberria.

Puerta abierta a la continuidad de Ezenarro en Gogora

En la comparecencia, la consejera Artolazabal ha estado acompañada de la responsable de Víctimas en las dos últimas legislaturas, Monika Hernando, y de la directora del Instituto de la Memoria (Gogora), Aintzane Ezenarro. Ambas formaban parte del equipo anterior, liderado por Jonan Fernández desde Lehendakaritza. Su sola presencia da a entender que la nueva responsable de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales confía en su valía y, de hecho, Artolazabal ha puesto en valor su trabajo públicamente. Eso sí, ha dejado claro que será el nuevo viceconsejero, José Antonio Rodríguez Ranz, que procede de la Universidad de Deusto, el que “desarrolle su equipo” y confirme la continuidad de ambas.

En el caso de Ezenarro pesa sobre ella la polémica en torno a las contrataciones de Gogora desde su creación con el grupo de empresas Montai, capitaneado por un cargo del PNV de Gipuzkoa, Aitor Elorza. Mediante adjudicaciones generalmente sin concurso, estas mercantiles han gestionado en régimen de exclusividad la exposición itinerante de Gogora Plaza de la Memoria. Gogora incluso instó a los ayuntamientos de las localidades por las que pasó el primer año (2016) a contratar a estas mismas empresas. “En este momento, Aintzane está conmigo”, ha respondido Artolazabal a la pregunta sobre la continuidad de la exportavoz de Aralar en el Instituto de la Memoria.