Una “instrucción política” del Ministerio de Justicia cierra la vía judicial contra la niña nacida en el tránsito migratorio

La directora general de Seguridad Jurídica y Fe Pública, Sofía Puente, ha dado ya la instrucción formal a la Abogacía del Estado para que desista de recurrir ante el Tribunal Supremo la sentencia de la Audiencia Provincial de Gipuzkoa que concedió en mayo la nacionalidad española a una niña hija de madre camerunesa nacida en el tránsito migratorio. En las próximas horas ese fallo, considerado pionero por las entidades sociales que han apoyado a la familia, adquirirá firmeza y la menor será ciudadana de España a todos los efectos.

Madre e hija entraron en patera a España en 2018. La madre es natural de Camerún pero la bebé había nacido en Agadir, en Marruecos, durante una estancia temporal en el viaje hasta España. El Registro Civil denegó la inscripción del nacimiento y Camerún y Marruecos también habían puesto trabas, de tal modo que la niña era apátrida y, según su familia, sufría una merma de derechos en el acceso a la educación, a la Sanidad y a otras actividades, ya que tampoco podría empadronarse en Donostia, donde había llegado merced a un programa de Cáritas.

El equipo jurídico que ha apoyado a la menor recurrió ante un juzgado de Donostia, que se avino a conceder la nacionalidad a la niña contra el criterio de los representantes legales del Estado, que se opusieron. Es más, presentaron un recurso ante la Audiencia Provincial para revocar el fallo de primera instancia y no lo lograron.

Tutela efectiva

La resolución incidía en la importancia de tutelar de manera efectiva las formulaciones internacionales generales en defensa de los derechos del niño y deslizaba la imposibilidad de que Camerún o Marruecos se hiciesen cargo si no lo hacía España.

Siguiendo el criterio mantenido en las dos instancias anteriores, la dirección general de Seguridad Jurídica y Fe Pública, dependiente del Ministerio de Justicia, dio la orden a los representantes de la Abogacía del Estado para que continuaran apelando también en el Supremo. En otros momentos del proceso han recalcado que la Constitución otorga también ciertos derechos a los extranjeros. Este periódico confirmó y publicó este extremo el pasado viernes y, de hecho, el recurso de casación estaba ya muy avanzado en su redacción. Sin embargo, una vez trascendió esta decisión a la opinión pública, el Ministerio de Justicia desistió de continuar pleiteando contra la familia de la menor.

Fuentes oficiales confirman ahora que la propia directora general –y no el organismo en genérico– ha dado una “instrucción política” y una “indicación a voluntad de este Gobierno” para que se cese en la vía judicial. Explican que, hasta ahora, no había habido sobre el caso “una mirada que trascendiera la meramente técnica”, que lleva a que el criterio general del Estado sea agotar siempre la vía judicial en todos los procesos de nacionalidad. Se insiste en que “no había habido nunca una decisión del Gobierno” y que, cuando la ha habido, ha sido para acatar la resolución judicial y permitir el acceso a la nacionalidad de la niña nacida en Agadir.