Investigan si un centro de enseñanza deportiva del Gobierno vasco contrató profesores sin titulación o con títulos dudosos

La magistrada Ana Gómez González, titular del juzgado de Instrucción número 3 de Durango, ha admitido a trámite recientemente una denuncia de la Fiscalía de Bizkaia en torno a posibles irregularidades en el centro público de enseñanzas deportivas Kirolene, ubicado en la localidad vizcaína desde 2009 y el único de sus características en Euskadi, según ha podido saber este periódico de fuentes judiciales. El ministerio fiscal actuó a instancias de un particular que entregó a finales de 2020 un 'dossier' en el que se hacía constar que un módulo de técnico deportivo en la especialidad de judo fue impartido presuntamente por un panel de profesores “expertos” que carecían de titulación oficial. Los denunciados han sido el director de Kirolene, Juan Ramón Fernández López, el secretario del centro, Iker López, y el inspector educativo Jesús Manuel Orúe. Está citado también el alto cargo del Gobierno vasco Eugenio Jiménez, que es el director de Centros y Planificación del Departamento de Educación ahora con Jokin Bildarratz como consejero y antes con Cristina Uriarte, pero no accedió al cargo hasta 2017, cuando algunos de los hechos bajo investigación ya se habían producido.

Kirolene ofertó en el curso académico 2015/2016 el ciclo inicial de judo y en el 2016/2017 el ciclo final. Sin embargo, en la denuncia se refleja que hasta el 23 de junio de 2017 no se constituye en Euskadi una bolsa de profesorado especialista para impartir módulos de este deporte. En el primer ciclo hubo seis docentes y en el segundo otros cinco, algunos coincidentes. En el caso de la primera tanda, según el texto de la denuncia que se hizo llegar a la Fiscalía, cinco de ellos no acreditaban “certificación oficial alguna de la formación pedagógica y didáctica para el ejercicio de la docencia en las enseñanzas deportivas de régimen especial”. Sí la tenía un sexto, que presentó un diploma nacional de 1988. Sin embargo, según el presidente de la Federación Española de Judo, Juan Carlos Barcos, ese título ha de ser necesariamente un “error administrativo” dado que ese certificado no se ideó hasta 1999 y no se instauró plenamente hasta 2007.

En cuanto a la segunda convocatoria, tras algunas denuncias administrativas sobre este mismo tema, el director de Educación, Eugenio Jiménez, emitió un informe en agosto de 2017 en el que defendía que la dirección de Kirolene había pedido “a la Federación Española de Judo la propuesta de expertos disponibles” y que de ahí salieron los seis nombres. Nuevamente, el organismo federativo niega la mayor. Se da la circunstancia de que uno de los docentes que repitió en ambos cursos “se matriculó como alumno en el año 2018 en las mismas enseñanzas que impartió en 2016 y 2017”. “Se han cometido graves irregularidades”, insiste el particular que eleva la denuncia a la Fiscalía y que ahora está ya en fase de instrucción.

La investigación penal -no hay una calificación jurídica de los hechos pero se apunta a posibles delitos de prevaricación, falsedad documental o incluso malversación- no es la primera vía que se ha explorado con este tema. En las anteriores el resultado ha sido desigual, aunque ninguna de ellas genera doctrina de 'cosa juzgada' ni presupone el resultado de la instrucción penal, una jurisdicción que prima sobre todas las demás. En la vía administrativa, los recursos internos de alzada han sido desestimados. Algunas de las resoluciones las firmaba la ahora consejera de Gobernanza Pública y Autogobierno, Olatz Garamendi, que antes era viceconsejera de Administración y Servicios en Educación. En diciembre de 2019, un juzgado contencioso-administrativo de Bilbao estimó parcialmente algunas cuestiones relacionadas con este asunto, básicamente la exclusión de otro profesor titulado en beneficio del supuestamente titulado desde 1988. Finalmente, el asunto llegó también en 2019 a la Comisión de Ética, que analiza las actuaciones de los altos cargos. Solamente analizó la conducta de Eugenio Jiménez y estimó, por un lado, que no podía asumir responsabilidades por hechos previos a su nombramiento y, por otro lado, que durante su gestión en relación a Kirolene no se apreciaban hechos “consciente y deliberadamente contrarios a la ley”.