Miles de profesores jubilados vascos ganan una primera batalla de 160 millones en indemnizaciones

Una sentencia del juzgado de lo contencioso-administrativo número 1 de Vitoria puede acabar con diez años de lucha de unos de 3.000 docentes jubilados de la enseñanza pública vasca y con el desembolso por parte de la Administración de indemnizaciones millonarias que sumarían unos 160 millones de euros. La última sentencia, que responde a tres demandas colectivas que se han agrupado en una y en la que están representados 2.362 personas, da la razón a los docentes, y les reconoce el derecho a cobrar las primas por prejubilación, que se habían acordado con el Departamento de Educación, que e Ejecutivo vasco -bajo el mandato del socialista Patxi López- “suspendió” en 2012 por la crisis económica y que nunca más se recuperaron. La sentencia es la primera que da respuesta a una demanda colectiva, pero ha habido otras individuales que se han ganado también en primera instancia y que después el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) ha tumbado. Fuentes del Gobierno vasco han confirmado a elDiario.es/Euskadi que recurrirán también esta sentencia, por lo que los profesores jubilados, agrupados en Adostuz, han ganado una batalla importante, pero puede que no sea la definitiva.

El Gobierno se aferra a que las primas por jubilación y el derecho a cobrarlas está “suspendido”, pero la sentencia señala que el hecho de que estén suspendidas no puede equivaler a que estén suprimidas y que no se puede privar de este derecho a los trabajadores que en su día se prejubilaron de forma previa a la suspensión y cumpliendo todos los requisitos que se les exigió para recibir las indemnizaciones. Estas primas variaban en función de los años a los que los profesores se prejubilaran, y también en el nivel de estudios en que impartían sus clases, pero los responsables de Adostuz calculan que serán una media entre 40.000 y 50.000 euros por persona. La asociación de docentes jubilados de Euskadi está preparando otra demanda colectiva en el mismo sentido a la que se sumarán unos 400 prejubilados.

En la sentencia se señala que la Ley de Presupuestos no puede extinguir o suprimir la prima “porque las leyes de presupuestos no pueden vehicular un cambio normativo que entrañe una supresión o el cese o acabamiento del todo de un derecho reconocido en una ley”, además se basa en que es una “suspensión” y no una “supresión”, y en que en un acuerdo entre dos partes, si una cumple -los profesores- la otra -el Gobierno- también debe cumplir. En este sentido, señala que “la jubilación anticipada tiene unas ventajas para el interesado” y también para la Administración, como es “renovar las plantillas, o rejuvenecer la función pública”, y experimentar un ahorro en pagos de trienios, por ejemplo. Pero con la suspensión, “las ventajas para la administración solo general perjuicio para el jubilado anticipado”.

“La sentencia está muy bien fundamentada y creemos que puede ser la definitiva”, dice Luisa Calvo, presidenta de Adostuz, que considera que el Gobierno no debería recurrir porque tiene que “poner fin a esta injusticia”. Calvo critica que el Ejecutivo vasco suspendiera sus derechos por la situación económica de 2012 y que no se hayan recuperado cuando “se habla de 1.800 millones de euros que tiene acumulado y cuando Azpiazu [consejero de Hacienda] o Urkullu [lehendakari] salen defendiendo todos los días que no hay ninguna recesión y que Euskadi tiene un crecimiento sólido”. Este mismo martes el consejero insistió en que la economía vasca va bien y que no hay que sumarse a mensajes alarmistas para después del verano. “Dinero hay”, insiste Luisa Calvo, que señala que el Gobierno vasco se queja de que es mucho dinero y que causaría un importante agujero en las cuentas públicas. “Claro que es mucho dinero, es que si acumulas una deuda durante 10 años, esa deuda sube”, insiste.

Calvo recuerda, además, que el Gobierno se ha ahorrado dinero durante todos estos años al no tener que pagar los trienios a los profesores prejubilados, y recuerda que la administración sí recuperó la paga extra de 2012 a los funcionarios, que también se “suspendió” y posteriormente el Gobierno vasco la ha ido pagando a plazos del 25% hasta completar la totalidad. El Parlamento Vasco se posicionó en 2018 a favor de que se reconocieran estas primas en todos los ámbitos bajo su responsabilidad, es decir, en Educación, Osakidetza, la Administración general y la Ertzaintza. La propuesta salió adelante con los votos en contra de los partidos del Gobierno vasco, unos PNV y PSE-EE que entonces estaban en minoría, pero que ahora tienen mayoría absoluta.

“Lo que está claro es que esta sentencia reconoce que nuestro derecho no está suprimido y su posterior supresión no nos afectaría porque no tendría efecto retroactivo”. “Ya es hora de poner fin a esta injusticia que dura 10 años y hacer efectivo el derecho consolidado que nos reconoce la sentencia”, insiste Luisa Calvo. Los responsables de Adostuz mantendrán este jueves un encuentro con el director de Trabajo y Seguridad Social del Gobierno vasco, Ángel Lapuente, en un intento de buscar una mediación favorable a sus reivindicaciones.