El PNV cede a los socialistas la competencia sobre toponimia en euskera entre las dudas de la academia vasca

El reparto de competencias entre el PNV y el PSE-EE en el Gobierno de coalición de Iñigo Urkullu va a sufrir un pequeño ajuste en las próximas semanas. Los socialistas, según la documentación a la que ha tenido acceso este periódico, van a asumir unas funciones muy simbólicas, el control de la toponimia en euskera. Esta competencia residía ahora en el área de Cultura de Bingen Zupiria, responsable de la política lingüística, pero será traspasada al área de Planificación Territorial, Vivienda y Transportes de Iñaki Arriola porque gestiona las atribuciones autonómicas en materia de cartografía. Para hacer efectivo el traspaso existe ya un proyecto de decreto de modificación de la normativa sobre “uso institucional y administrativo de las lenguas oficiales en las instituciones locales de Euskadi” y de la estructura del Departamento de Arriola. Sin embargo, la Real Academia de la Lengua Vasca (Euskaltzaindia) ha torcido el morro y ha emitido un informe negativo en su condición de organismo consultivo de la Administración para las denominaciones en euskera.

¿Cuáles son las funciones que cambian de manos? Se parte de la base de que ninguna denominación geográfica en Euskadi será oficial hasta que no se dé de alta en el Nomenclátor de la comunidad autónoma y es el control de ese registro el que se modifica. Sus directrices, además, “serán de uso obligado en la cartografía oficial”. A partir de ahora, será Arriola el que “resolverá la inscripción en el Nomenclátor geográfico oficial de la comunidad autónoma del País Vasco, así como su publicación en los Boletines Oficiales del País Vasco y del o de los territorios históricos correspondientes, y su formal comunicación a la Administración del Estado a los efectos de su inscripción en el nomenclátor geográfico estatal así como en los registros e instancias internacionales”. Esta nueva oficina podrá “incoar el procedimiento para la supresión, corrección, aprobación u oficialización de los topónimos de su competencia” y actuar en los que son de competencia local, hasta el punto de que “podrá proponer a los municipios las rectificaciones de nombre, si conforme a criterios académicos, estos contuvieran incorrecciones lingüísticas o no se ajustaran a las formas escritas y orales tradicionales”. Tiene la potestad de solicitar informes a Euskaltzaindia.

“Constituye un elemento esencial del rigor toponímico de la información geográfica”, entiende el Ejecutivo vasco, que remarca en sus memorias sobre este cambio organizativo que, “por motivos de congruencia y coherencia jurídica, parece evidente la necesidad de que se adscriba al Departamento con competencias en materia de cartografía”. “Aunque hasta la fecha se ha solventado dicha separación mediante la estrecha colaboración de ambos departamentos [el de Zupiria y el de Arriola], se ha visto la necesidad de una unión en la organización de la Administración general para el ejercicio de las funciones encomendadas de toponimia y cartografía, de forma que dichas funciones queden atribuidas a la misma unidad administrativa, ya que para el desarrollo eficiente y eficaz de las labores cartográficas es necesaria la referencia a los topónimos, y porque para trabajar correctamente los topónimos es necesario verlos en los instrumentos cartográficos”, explican los informes que acompañan al nuevo decreto, en su mayoría favorables. 

No obstante, hay uno de la Comisión Jurídica Asesora (COJUA) que pone algunos 'peros' a este plan, aunque no lo veta. Por un lado, critica la forma en que está redactado el texto en castellano por sus errores. “Se recomienda una revisión del empleo de los signos de puntuación”, llega a decir. Por otro lado, ya sobre el fondo de la cuestión, apunta a que “se echa en falta un mayor examen desde la óptica de la normalización lingüística de la afección de la medida organizativa prevista, en tanto conlleva en el proyecto la eliminación de toda participación del Departamento competente en materia de política lingüística en un ámbito, como es el de la toponimia, vinculado a la normalización lingüística por mandato legal”.

De hecho, menciona los reparos realizados por la propia academia: “Consta escrito de Euskaltzaindia, que formula alegaciones en las que plasma su parecer negativo respecto al contenido del proyecto. Manifiesta, en primer lugar, desde la relevancia que atribuye a la toponimia en la perspectiva de la normalización del euskera, la conveniencia de que la materia se mantenga como competencia de la viceconsejería de Política Lingüística, citando como ejemplo el de la regulación catalana. En segundo lugar, para el caso de que la modificación organizativa se mantenga, propone una nueva redacción para el artículo 46.c), con la adición de dos nuevos párrafos, en aras de reforzar la garantía del dictamen de Euskaltzaindia”. Se trata de una materia muy simbólica en Euskadi y que históricamente ha generado algunos debates, como el uso de “Bilbo” para “Bilbao” en euskera.

La academia ha manifestado lo siguiente en una comunicación enviada originalmente en euskera: “Dejar la normalización de la toponimia fuera del campo de actuación de la viceconsejería competente en materia de normalización del idioma no es un paso dado en la buena dirección, al menos desde el punto de vista de la normalización del euskera. Como es evidente, hoy en día es prioritaria una política lingüística hacia la normalización del euskera y, en esta transformación, impulsar y cuidar el uso de la toponimia sigue siendo un pilar forzosamente. Por ello, Euskaltzaindia mira con preocupación el cambio de competencias que acarrearía este proyecto de decreto y considera que lo conveniente sería que las funciones de normalización del uso de la toponimia continuarán adscritas a la viceconsejería de Política Lingüística”.

El área que dirige Zupiria resta trascendencia a estas críticas y pone como ejemplo que el servicio oficial de traducción también ha sido traspasado, en este caso el Instituto Vasco de Administración Pública (IVAP). Además, se insiste en que ya se ha hecho en las últimas décadas una revisión profunda de la corrección de toda la toponimia ya conocida y, además, en colaboración con Euskaltzaindia. La academia, además, seguirá asesorando al Ejecutivo, sólo que a otra ventanilla. Igualmente, se recuerda que en caso de discrepancias la última palabra en el Ejecutivo vasco es del Consejo de Gobierno en su conjunto, presidido por el lehendakari y con presencia del consejero de Cultura. Además de Zupiria y Arriola, la consejera de Gobernanza Pública y Autogobierno, Olatz Garamendi, también del PNV, secunda también la modificación orgánica.

En la actualidad, son tres los consejeros socialistas en el Gobierno de Iñigo Urkullu, Idoia Mendia, que tiene el rango de vicelehendakari, Javier Hurtado al frente de Turismo, Comercio y Consumo y el propio Arriola. En esta legislatura gestionan alrededor del 15% del presupuesto y han ganado peso frente a un cuatrienio anterior con un perfil más bajo. Desde que se inició la legislatura en 2020 ya ha habido otros ajustes en las competencias. La macrocartera de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales de Beatriz Artolazabal, por ejemplo, cedió las funciones sobre animales a la de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente de Arantxa Tapia pero ha recibido en 2021 la gestión de Prisiones. Y el PSE-EE ha sumado al área de Mendia las competencias sobre el Ingreso Mínimo Vital (IMV) este mismo mes de abril.